NUEVA PRESIDENTA DE BANCO SANTANDER

La dinastía Botín impone a Ana Patricia en contra de los grandes accionistas y del BCE

El protocolo de sucesión de la familia Botín ha impuesto a Ana Patricia como nueva presidenta pese al rechazo de grandes inversores del banco y de las directrices del BCE.

La dinastía Botín seguirá gobernando el imperio del Banco Santander como si fuera propiamente suyo pese a disponer tan sólo del 0,7% de las acciones. Ana Patricia (Santander, 1960), la primogénita de Emilio Botín, fallecido este martes, será la presidenta de la institución pese a la oposición de un buen número de accionistas institucionales y en contra de las directrices del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España.

La hija mayor de Emilio Botín (1934-2014) tomará el despacho presidencial de Banco Santander por expreso deseo de su padre, tal y como adelantó ayer El Confidencial a primera hora de la mañana. El consejo de administración ejecutó sin rechistar y por unanimidad el Protocolo de Sucesión que elaboró el patriarca hace casi diez años, según fuentes próximas al banco.

Pero su ascenso se produce sin el apoyo de un importante número de gestoras de fondos, de planes de pensiones y aseguradoras –propietarios del 57% del capital del grupo–, que han reprobado su presencia en el consejo de la entidad las tres últimas veces que fue propuesta para su reelección en las juntas de accionistas.

La primera vez que Ana Patricia escuchó las voces disidentes de los grandes accionistas contra su nombramiento fue en 2006, cuando tan sólo consiguió el beneplácito del 76% de los presentes en la junta general. El 24% restante se opuso a que continuara en un sillón al que accedió por primera vez en 1989, con apenas 29 años de edad. Teniendo en cuenta que el 40% del capital del banco está en manos de inversores minoritarios, que suelen votar siempre a favor, y un 3% propiedad del consejo, los que rechazaron su continuidad representaron algo más del 40% de los inversores profesionales, los que realmente hacen fluctuar hacia abajo o hacia arriba el valor de la cotización.

Fotografía de archivo de Emilio Botín y su hija Ana Patricia. (EFE)
Fotografía de archivo de Emilio Botín y su hija Ana Patricia. (EFE)

La incómoda situación se repitió en 2011, aunque en esa ocasión su aceptación subió ligeramente hasta el 81,47%. Un movimiento de accionistas díscolos que al año siguiente también reprobaron la reelección de Emilio Botín como presidente. La oposición del 24,27% de los accionistas, en torno al 50% de los grandes fondos, a la renovación del patriarca de la familia fue un hecho insólito que no se había producido en los 26 años que estaba al frente de la nave roja. La mala evolución bursátil del grupo, que llegó a perder más del 70% de su valor desde los máximos históricos, también alimentó la protesta.

Las alarmas saltaron en la Ciudad Financiera, en la sede oficial del Banco Santander, que observaron cómo los grandes accionistas censuraban la permanencia sin límite temporal de los consejeros afines a la familia Botín. Siguiendo órdenes del presidente, algunos de los miembros más veteranos del órgano de gobierno dejaron su puesto para convencer a los denominados proxys, agencias de captación de votos que velan por el buen gobierno de las entidades, por la separación entre los intereses corporativos y los personales.

La última afrenta

No obstante, en 2013, la familia propuso la renovación de Javier Botín-Sanz de Sautola, el otro hijo de Emilio Botín con asiento en el consejo. Su propuesta se encontró con el rechazó del 34% de los asistentes, sobre el 45% de los grandes gestores. La certificación de que a los accionistas relevantes del Santander no les agrada la presencia del ilustre apellido cántabro se vivió en la junta general de marzo de este año. Accionistas dueños de 1.234,28 derechos de voto se opusieron el enésimo nombramiento de Ana Patricia como consejera. Es decirun 18,7% de los presentes, cerca de un tercio de los inversores institucionales.

La corriente a favor de la limitación de la permanencia de los consejeros y de la separación entre gestores y propietarios está fomentada por los citados proxys y por los organismos reguladores y supervisores. Tanto en España como en el BCE y en la Comisión Bruselas han elaborado numerosos códigos de lo que se denomina buen gobierno para que los intereses personales no interfieran en decisiones corporativas.

El reciente caso de la familia Espírito Santo, propiedad del grupo financiero del mismo nombre, ahora rebautizado como Novo Banco tras el rescate por parte del Estado portugués, es el mejor ejemplo de cómo la intromisión de una dinastía puede llevar a la quiebra a una institución financiera. Por este motivo, fuentes del sector aseguran que la decisión de imponer a Ana Patricia no habrá sido bien digerida ni por los supervisores ni por los grandes accionistas, que tendrán que validar su nombramiento en la próxima junta extraordinaria. 

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