La batalla entre Fomento y Hacienda deja a las autopistas de pago al borde de la quiebra

Las autopistas de peaje más modernas de España están a punto de convertirse en los mayores puntos negros –donde más accidentes se producen– para la banca y para el Estado. Los intereses encontrados que mantienen desde hace meses losministerios de Fomento y de Hacienda han hecho imposible encontrar una solución para rescatar las autovías de pago;la primera de ellas irá a la liquidación este viernes si Ana Pastor o Cristóbal Montoro no lo remedian en el último momento.

La única posibilidad de acuerdo reside en la Comisión de Subsecretarios que se celebrará hoy en el Palacio de la Moncloa. Los dos departamentos enfrentados tendrán que dirimir sus diferencias ante la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene una papeleta realmente difícil. Las posiciones están muy alejadas y, por si fuera poco, lapresión de la Comisión Europea juega muyen contra porque cualquier salida de emergencia podría ser interpretada como una ayuda de Estado. En resumidas cuentas, el Gobierno corre el riesgo de verse abocado a un contencioso con Bruselas en un momento realmente inoportuno, cuando se está negociando el reparto de poderes dentro del nuevo Gobierno comunitario que presidiráJean-Claude Juncker.

Las intensas reuniones que vienen manteniendo los responsables de Fomento, Hacienda y la banca acreedora no han dado sus frutospara afrontar un problema que se traduce en un agujero de5.000 millones de euros. Este importe se corresponde con la deuda de 4.500 millones que acumulan las entidades que financiaron nueve autopistas de peaje entre el último mandato de Aznar y el primero de Rodríguez Zapatero. A dichacifrahay que añadirotros 500 millones en expropiaciones.

Fomento echa las culpas a Hacienda de la falta de acuerdo, mientras Montoro considera que toda la responsabilidad es del ministerio que gestiona las infraestructuras del país. Entre la banca, la postura es inequívoca. No aceptan la contraprestación ofrecida por el Gobierno, la cual consiste en imponeruna quita del 50% sobre el volumen impagado y pagaruna rentabilidad del 1% a treinta años sobre el 50% restante. El departamento que dirige Ana Pastor estaría dispuesto a abrir un poco la mano y abonaruna TIR del 2,6% como opción para facilitar un acuerdo con los bancos.

Los acreedores no están por la labor y reclaman un rendimiento superior de hasta el 4% que Hacienda no está dispuesta a reconocer. Ni siquiera la intervención del Banco Santander a favor de la propuesta del Gobierno ha servido para desbloquear las negociaciones.En una carta enviada por Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del primer grupo financiero de España, a Cristóbal Montoro, el hombre de confianza de Emilio Botín mostró su compromiso en convencer al resto de acreedores para que se sumaran al acuerdo.

De hecho, Mariano Olmeda, subdirector de riesgos del Santander, remitió una misiva a los responsables de BBVA (Jorge Burgaleta), Bankia (Gonzalo Alcubilla), Sabadell (David Noguera), CaixaBank (Iñaki Badiola) y Banco Popular (José Carlos Martín Rivera), en la que les pedía que, “aunque se aleja de nuestras expectativas iniciales, creemos que la solución planteada es positiva al aportar certidumbre respecto de la alternativa de liquidación en sede concursal”. El escrito añadía que, “como sabemos”, en relación a la quiebra, “esta es una solución de enorme incertidumbre en cuantía y, sobre todo, en plazo”.

Sin embargo, ese riesgo del que advertía el Banco Santander va camino de cumplirse, ya que este viernes está convocada la junta de acreedores que tiene quedecidirsobre la refinanciación de laAP 36 entre Ocaña y La Roda. Los titulares de esta concesionaria sonFerrovial,Sacyr y Kutxabank y la solución de futuro planteada se antoja casi como una quimera. Los responsables concursalesde la autopista quieren retrasar en más de cuarenta añosel pago de la deuda acumulada por importe de 500 millones de euros. El eventual rechazo de la propuesta implicaría la quiebra automática de la compañía y provocaría un efecto dominó que complicaría la situación patrimonial del resto de autopistas.

Los documentos internos que maneja el Gobierno reconocen que“es previsible que, si se produjese la liquidación de una de las concesiones de autopistas, las demás siguiesen el mismo camino". Hacienda y Fomento discrepan abiertamente sobre el camino a seguir para salvar las autopistas, pero están de acuerdo en que losjueces de los concursos serán más proclives a aceptar la liquidación una vez que caiga la primera concesionaria. En este supuesto, nada descartable, sería imposible constituir una empresa pública que asumiera a futuro los contratos de concesión.