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Autopistas Nacionales: Montoro se pone al volante para evitar un choque con Bruselas
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ANA PASTOR YA TIENE EL ACUERDO DE SEOPAN

Autopistas Nacionales: Montoro se pone al volante para evitar un choque con Bruselas

La futura empresa de Autopistas Nacionales sólo será posible si Hacienda obtiene garantías de que un 51% de los ingresos procederá de futuros peajes

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)

Por una todas malas. Son22 propietarios de nueve empresas licenciatarias del Estadoy el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, exige un acuerdo unánime para cuadrar a martillazos las cuentas del célebre rescate de las concesionarias en quiebra. El guardián del erario público no está dispuesto a asumir el más mínimo riesgo con la Comisión Europea y quiereasegurar la naturaleza privada del futuro banco malo de las autopistas, de modo que las ayudas destinadas al proyecto no sean contabilizadas como déficit del Reino de España.

El proyecto de las Autopistas Nacionales se estructura con un capital repartido entre un 80% en manos del Ministerio de Fomento y un 20% distribuido entre las constructoras. Pese a este control mayoritario del Estado, la nueva entidad podría superar el examen de Bruselas siempre y cuando asegure lageneración de ingresos privados en una cuantía superior al 51% de su volumen consolidado de facturación. De esta forma las aportaciones públicas pasarían a segundo plano, de acuerdo con la propia normativa contable de la Unión Europea.

La formulación de este esquema invita aun complejo ‘sudoku’ que obliga a afilar el lápizpara acompasar las dotaciones de recursos del Estado con las estimaciones de tráfico que puedan absorber las célebres autopistas de la discordia. Montoro no admite una foto fija que pueda inducir a engaño a las autoridades comunitarias. Lo importante para el ministro no es la parrilla de salida sino la garantía de que la empresa no se desliza a las primeras de cambio por una curva descendente de ingresos. Por esta razón los técnicos de Hacienda quieren curarse en salud y exigengarantías de tráficos que permitan elevar hasta el 53% los ingresos por peajede la futura empresa mixta.

Las grandes constructoras de Seopan aceptan el proyecto

Para conseguir este objetivo es fundamental que tanto la inmensa mayoría de las concesionarias en suspensión de pagos como alguna otra que aún espera salvarse de la quema aúnen esfuerzos y tiren juntas del carro. Después de un largo periodo de negociaciones,todaslas grandes constructoras integradas en Seopan han dado su conformidada la ministra de Fomento,Ana Pastor, pero ahora falta convencer a los últimos disidentes entre los que destacaPloder, accionista de referencia deAutopistas del Sureste (Ausur).

La concesionaria encargada de explotar la AP-7 entre Alicante y Cartagena se niega a ceder sus activos al Estado, lo que dificulta el ajuste fino que requiere Hacienda para convencer a los técnicos de la Comisión Europea.Las grandes constructoras han intentado mediar directamente ante el ministro Montoropero Ana Pastor no quiereperder vela en el entierro de las autopistas, no vaya a ser que le ocurra lo que al ministro de Industria. La reforma eléctrica se ha llevado por delante el liderazgo deJosé Manuel Soriacomo interlocutor del sector energético y la ministra de Fomento no está dispuesta a sufrir el mismo desgaste con los grandes y antiguos reyes del ladrillo.

La ministra Ana PastorLa solución que ahora se promueve no es otra quepresionar a Ploder desde el llamado G-6que configuran los grandes bancos acreedores de las autopistas.Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popularson los primeros interesados en que Ausur se incorpore al proyecto de la nueva sociedad estatal de Autopistas Nacionales y han anunciado que no van a refinanciar la deuda de esta concesionaria, en la que además de Ploder participan el Grupo Fuertes, Liberbank y pequeñas cajas rurales.

Estructura de financiación y reparto de capital

Las entidades financieras tienen mucho que ganar y muy poco que perder con un proyecto que les permite traspasar al Estado sus riesgos con el sector privado. Por esta razón están dispuestas aasumir el pasivo de 3.700 millonesacumulados por las concesionarias yaportar además otros 1.200 millones para hacer frente al sobrecoste de las expropiacionesfijadas por sentencias judiciales y que todavía están pendientes de pago.

Autopista Barcelona-TarragonaLa reestructuración de estos 4.900 millones de deuda se efectuará con unbulletde amortización única a 30 años, de manera que el nuevo préstamo tendría la consideración de cuasi-capital.El tipo de referencia sería el promedio del periodo de situación mencionado, lo que permitiríareducir el interés inicial fijado en el 6,5% a una media anual del 3,5%.El servicio de la deuda reduciría así el coste de la compensación del Estado, de modo quelas aportaciones públicas no superen el 50%que establece la Unión Europea como límite máximo a partir del cual es obligado computar losactivos de la nueva sociedad en términos de déficit público.

A partir de esta estructura de financiación y con una expectativa al alza en la cifra de ingresos por peajes la distribución de capital es un asunto secundario. El Estado asumirá el 80% ylas constructoras tendrán que repartirse el 20% restante del llamado 'banco malo' de las concesionarias. Al margen de lo que ocurra con Ausur, el perímetro de consolidación de la nueva entidad incluirá las cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) además dela M-12 que enlaza con la T-4 del aeropuerto de Barajas, la AP-41de Madrid-Toledo, la AP-36de Ocaña-La Roda y el tramo de Cartagena a Vera que explota Aucosta.Todo ello salvo mejor opinión de Montoro, que es ahora quien está al volante de la futura empresa pseudopública (o mejor dicho, privada) de Autopistas Nacionales.

Por una todas malas. Son22 propietarios de nueve empresas licenciatarias del Estadoy el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, exige un acuerdo unánime para cuadrar a martillazos las cuentas del célebre rescate de las concesionarias en quiebra. El guardián del erario público no está dispuesto a asumir el más mínimo riesgo con la Comisión Europea y quiereasegurar la naturaleza privada del futuro banco malo de las autopistas, de modo que las ayudas destinadas al proyecto no sean contabilizadas como déficit del Reino de España.

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