Las autopistas de peaje han costado casi 5.000 millones en dinero público
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más que el rescate a grecia de la troika

Las autopistas de peaje han costado casi 5.000 millones en dinero público

Entre 1977 y 2008, el Tesoro Público abonó a las concesionarias un coste equivalente al 'rescate' a Grecia, lo que les permitió construir la infraestructura

Foto: Salida de barcelona por la Ap-7 (EFE)
Salida de barcelona por la Ap-7 (EFE)

No vull pagar, No quiero pagar. Con este lema centenares de catalanes se rebelaron, en abril de 2012, contra el pago de las autopistas de peaje. La realidad, sin embargo, es algo más complicada: las autopistas de peaje, como ocurre con las otras, las pagan todos los contribuyentes. Impuesto tras impuesto, para garantizar lafinanciaciónde las concesionarias de estas carreteras España se ha gastado, entre 1977 y2008, 4.773,62 millones de euros. Para hacerse una idea de las magnitudes, la cifra representaalgo más que un tramo de la ayudaque la 'Troika'inyectó en las arcas públicas griegas para rescatar al país entero.

Se trata de un dato cuyo origen se remonta a mediados de los años 80 y que El Confidencialhace públicogracias a la colaboración deun ciduadano común. Pedro Egea loha obtenido y compartido con este periódico tras realizar una petición de acceso a lainformación a través de la plataformatuderechoasaber.es. El Ministerio de Fomento ha hecho pública, por primera vez en un documento único,la cantidad que, año por año, ha sido abonadaa las mayores concesionarias del sector como "seguro" por la financiación exterior que tuvieron que buscarhace 30 años. Acesa, Europistas, Betica, Aumar, Avasa, Audasa, Eurovias, Aucalsa, Vasco Montañesa y Audenasa son las concesionarias que recibieron los pagos “con objeto de lograr la más pronta amortización de la deuda del sector”, según reza la ley que regula el procedimiento de revisión de las autopistas de peaje.

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Un seguro para la financiación

Esta deuda exteriorprovenía del llamado “seguro de cambio”, una fórmula con la que, a comienzos de los años 80, la administración garantizó la viabilidad de la construcción de las autopistas de peaje. El Estado impuso a las empresas concesionarias que buscaran financiación en el exteranjero, liberando a bancos y cajas de ahorro de los posibles préstamos en un periodo de profunda crisis de liquidez. Para no perjudicarlas, se estableció que esas sociedades pagaran los créditos obtenidos en divisas a un tipo de cambio fijo e independiente del valor de la peseta -entonces en vigor- frente a las monedas de fuera.

“Se consideró necesario establecer un mínimo de financiación procedente del exterior que se situaba generalmente en torno al 40 o 45%, de la que el Estado avalaría el 75% y proporcionaría un seguro de cambio”, detallan los académicos Carmen Lozano Gutiérrez y Federico Fuentes Martín en un estudio sobre los efectos de este seguro. “A estas ayudas se sumaban subvenciones a fondo perdido, anticipos reintegrables durante los primerosaños y bonificaciones sobre impuestos”, añaden.En otras palabras, manteniendo un valor fijo, el Estado garantizaba con este acuerdo que el valor de las divisas no fluctuara con los altibajos del mercado. Además se comprometía a pagar los vencimientos del capital principal y sus intereses. Año tras año, la cifra ha llegado a los más de 4.000 millones de euros de 2008.

"Subvenciones encubiertas"

La medida no estuvo exenta de polémica. La hemeroteca de 1984 recuerda cómo el Estado tuvo que desembolsar, hasta ese año, 120.000 millones de pesetas por el seguro de cambio. Según el ministerio, sin esa cifra las autopistas de peaje habrían estado abocadas a la quiebra, hasta el punto deque los críticos con este método hablaron de “subvenciones encubiertas”. Por su parte, buena parte del sector defendió que se había llegado a la situación por la “imposición” de buscar financiación exterior por parte del Gobierno. “Era un periodo de crisis, sobre todo del petróleo, y esa fue la solución que se encontró para las autopistas construidas hasta entonces”, recuerda el experto del sector consultado por este periódico.

En su estudio sobre la aplicación de este seguro, Gutierrez y Martín llegan a una clara conclusión: “Las consecuencias para el Estado fueron evidentes, ya que soportó un fuerte coste debido a las coberturas prometidas”. Un coste que se arrastró hasta 2008.

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