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Minoritarios de Codere estrechan el cerco sobre Canyon, Silverpoint y Blackstone
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denuncia por la vía penal

Minoritarios de Codere estrechan el cerco sobre Canyon, Silverpoint y Blackstone

Los minoritarios de Codere se empiezan a movilizar contra los 'fondos buitre' una vez que la dirección de la empresa ha rechazado la oferta de los bonistas

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Un grupo de cinco socios minoritarios de Codere han dado un paso al frente para denunciar por la vía penal ante la Fiscalía Anticorrupción la conducta de los ‘fondos buitre’ que este verano adquirieron la deuda senior, el denominado SFA, de la multinacional española de juegos de azar. La demanda se dirige sobre Canyon, Silverpoint y GSO, filial esta última del grupo Blackstone, en calidad de compradores, así como también sobre los prestamistas iniciales de Codere que actuaron como vendedores de la deuda, Credit Suisse, Barclays Bank y BBVA.

Los tipos penales contemplados en la querella incluyen presuntos delitos de estafa, extorsión, coacciones y amenazas condicionales, lo que supone un ámbito mayor si cabeque el ya planteado en la denuncia interpuesta por UGTyratificadapor CCOO. Los minoritarios solicitan a la Fiscalía las diligencias pertinentes en este tipo de demandas, pero además reclaman el peritaje de los presuntos daños y perjuicios que la aparición de los nuevos prestamistas ha generado a Codere.

Los demandantes aluden a las “condiciones salvajes” que la empresa española se ha visto obligada a admitir en el transcurso del proceso negociador del SFA y que han sido establecidas por escrito por los ‘fondos buitre’. Entre las mismas destaca la obligación de Codere de pagar un 5% de comisión de apertura, equivalente a cinco millones de euros, aun en el supuesto de que la empresa no recibiera finalmente los recursos procedentes de la refinanciación.

De igual forma, la compañía está pagando a los dos fondos recicladores un 7,5% por el riesgo de las pólizas de caución y otro 1% a Credit Suisse por su papel de garante en dichas pólizas cuando además tiene que abonar a Houston Casualty Company (HCC) las primas comprometidas con esta empresa de seguros que ahora está ya liberada de riesgo. Según la demanda, esta situación es tanto más notoria en los pagos por trabajos de asesoramiento legal, que se han llegado a triplicar habida cuenta de loshonorarios que imponen los abogados de los ‘fondos buitre’ y de los bancos.

Los minoritarios consideran que las entidades denunciadas han obligado a Codere a suscribir en contra de sus intereses “acuerdos tremendamente perjudiciales para sí y sus accionistas actuales” y lo han hecho, añaden, “valiéndose de maniobras ilícitas”. Recuerdan, además, que algunos de estos ‘fondos buitre’ ya eran acreedores de la empresa como bonistas y compraron la deuda senior sin el consentimiento preceptivo de Codere y pese a los reiterados avisos de la compañía al respecto.

Amenaza latente de suspensión de pagos

Foto: Reuters.La denuncia insiste en la obligación de los actuales responsables de Codere a la hora de mostrar su más rotunda oposición a que agentes “con un claro conflicto de intereses puedan gobernar la compañía en perjuicio del resto de acreedores y accionistas”. Este pasado lunes la dirección de la empresa remitió un hecho relevante a la CNMV en el que rechazaba de plano la propuesta de capitalización de deuda formulada por los bonistas y se negaba rotundamente a cualquier solución que implique una discriminación accionarial dentro de la estructura societaria de la compañía.

La invocación a la Fiscalía Anticorrupción se ampara en graves sospechas que tienen que ver con el precio pagado en la compraventa de los SFA y la adquisición previa por parte de los ‘fondos buitre’ de seguros de impago CDS. Con esta salvaguarda, los compradores podrían haberse beneficiado de un default forzado de la compañía con la tranquilidad de asegurar enormes beneficios aprovechando las dificultades de liquidez y tesorería de Codere.

El desenlace de este siniestro proceso puede ser la suspensión de pagos de Codere. La compañía solicitó a principios de año el procedimiento concursal como paso previo a una refinanciación que se antoja más complicada cada día que pasa. Tras la ‘oferta envenenada’ de los bonistas y el portazo rotundo del consejo de administración, la entrada definitiva en concurso de acreedores se legitima ahora como un derecho esgrimido por la propia entidad para no caer en las garras de los ‘fondos buitre’.

Un grupo de cinco socios minoritarios de Codere han dado un paso al frente para denunciar por la vía penal ante la Fiscalía Anticorrupción la conducta de los ‘fondos buitre’ que este verano adquirieron la deuda senior, el denominado SFA, de la multinacional española de juegos de azar. La demanda se dirige sobre Canyon, Silverpoint y GSO, filial esta última del grupo Blackstone, en calidad de compradores, así como también sobre los prestamistas iniciales de Codere que actuaron como vendedores de la deuda, Credit Suisse, Barclays Bank y BBVA.

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