UGT denuncia a la Fiscalía Anticorrupción la 'extorsión' de los fondos buitre en Codere

El caso Codere ha levantado el velo sobre el modo y manera de actuar de los llamados ‘fondos buitre’. La Federación Estatal de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT se ha despachado a gusto en la denuncia presentada contra la operación que supuso este verano el traspaso a Canyon Capital Finance y GSO Fund (filial de Blackstone) de la deuda senior que la compañía española tenía contratada con Credit Suisse, Barclays y BBVA.

Según el sindicato, la adquisición del pasivo, por un importe de 120 millones de euros, se está traduciendo en un intento de “expolio ilícito” en perjuicio de los trabajadores y de los recursos de Codere. La compañía da trabajo a más de 20.000 personas, de las que más de un millar se ubican en territorio español. Codere se encuentra actualmente en un preconcurso de acreedores que puede dar lugar a una suspensión de pagos el próximo mes de abril.

La denuncia presume que las cesiones de crédito que dieron carta de naturaleza a los nuevos fondos acreedores “se realizaron sin el preceptivo consentimiento de la compañía en un primer momento y forzando después a la misma a otorgar” dicha aceptación. Se da la circunstancia de que la asunción de la deuda estaba amparada por la compra de seguros de crédito por impago, los célebres CDO, de modo que los compradores estaban ya a cubierto de un eventual default por parte de Codere.

Bajo estas condiciones, UGT justifica las sospechas de una utilización fraudulenta de las citadas coberturas crediticias por parte de los fondos recicladores. A partir de ahí, el sindicato señala que Codere está sufriendo las condiciones abusivas de sus nuevos prestamistas, que sólo pueden ser aceptadas “bajo pura y simple extorsión” y “comprometiendo seriamente la existencia del grupo, por lo que se hace necesaria la intervención de la Fiscalía”.

Críticas a la Administración

El escrito de la denuncia incide en el modus operandi de estos inversores por analogía con otros casos equivalentes al de Codere que están aflorando en el mercado español. La CNMV ha puesto recientemente el dedo en la llaga con una comunicación en la que aludía a las obligaciones que tienen los compradores que adquieren más del 30% del capital de una empresa.

La legislación española establece excepciones para el caso de que dicho porcentaje sea alcanzado mediante recapitalización de deuda, pero no es menos cierto que en dichos supuestos el propio organismo regulador es el que tiene la última palabra para exigir la formulación de una oferta pública de compra en bolsa. La Comisión de Valores no quiere que la proliferación de estos peculiares fondos extranjeros hagan su agosto en España aprovechando las dificultades financieras de empresas que, en todo caso, tienen un reconocido potencial de rentabilidad.

UGT quiere estrechar el cerco sobre los ‘fondos buitre’ que, en su opinión, llegan a nuestro país amparados en legislaciones extranjeras no aplicables o en la falta de normativa al respecto: “Aprovechándose de la situación de debilidad financiera de las empresas, acceden al control de las mismas a través de maniobras fraudulentas o imponiendo cláusulas leoninas a sus propietarios”, añade la denuncia que el sindicato justifica también en lo que considera “la presunta inactividad de la Administración para proteger los intereses de ciudadanos españoles”.