Martín vs. Jove: la 'demanda del siglo' cobra vida tras ser admitida por el Supremo

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Fernando Martín en el queya se conoce comoel ‘litigio del siglo’contra el antiguo dueño de Fadesa,Manuel Jove. La decisión del Alto Tribunal pone de nuevo en tela de juicio la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que desestimaba la demanda inicial del empresario castellano contra su colega gallego y abre la vía parauna indemnización multimillonaria, que ya alcanza los 2.000 millones de eurosen números redondos.

La gran batalla legal de ‘Martín vs. Jove’, generadaa raíz de la compra de Fadesa por Martinsa en el año 2007, ha ido creciendo a medida que se van acumulando los intereses financieros sobre la reclamación inicial, que era de 1.576 millones de euros. A día de hoy se puede hablar delmayor pleito entre particulares en Españacon un historial que se resume en un continuo ir y venir por los diferentes tribunales españoles de justicia.

El actual presidente de Martinsa presentó la primera acción de responsabilidad social por "decisiones o actuaciones presuntamente dolosas o negligentes" en marzo de 2011. Un año después, en febrero de 2012, el titular del Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña,Pablo González-Carrero,desestimó ‘íntegramente’ la demandaque fue también rechazada en enero pasado por la Audiencia Provincial de la capital gallega.

Todos estos fallos judiciales favorables a Jove y a su antiguo consejero delegado en Fadesa,Antonio de la Morena, han encallado ahora en el Tribunal Supremo y podrían dar un giro radical al pleito una vez que la Sala Primera de lo Civil emita susentencia definitiva, no antes de 2015. De momento,la admisión a trámite de buena parte del recurso de casación,dirigido por el catedráticoManuel Otero Lastresy el bufeteGómez-Acebo,supone un importante triunfo para Fernando Martín del que participan también los propios bancos de Martinsa.

La inmobiliaria surgida de la fusión con Fadesa en 2007, y que en julio de 2008 presentóla mayor suspensión de pagos de la historia corporativa en España, está ultimando un plan de negocio a medio plazo para optimizar laposición de balance de acuerdo con la Sareb y las grandes entidades financieras acreedoras. Para todas ellas la actualización del pleito contra Jove supone una ventana de oportunidad muy favorable en la estrategia de futuro de la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace poco la demanda se daba totalmente por perdida.

Aceptados diez de los trece motivos de infracción procesal

La providencia del Tribunal Supremo supone para la compañía inmobiliaria la admisión de un total de diez de los trece motivos de infracción procesalmás otros tres de casación planteados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña. A la espera de las alegaciones sobre estos tres motivos que están momentáneamenteinadmitidos, y que se refieren al tratamiento independiente de las costas,Martinsa considera que todas las reclamaciones de fondohan sidoaceptadas,incluyendo la tutela judicial efectiva que podría facilitar un eventualrecurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Fernando Martín trata de probar lafalta de veracidadde los activos endosados en la compra de Fadesa y desglosa en la documentación al Supremo una serie de epígrafes parademostrar que los datos aportados por el vendedor no se correspondían con la realidadde la inmobiliaria gallega. Destacan entre estos los más de 700 millones de euros contabilizados en desarrollos incompatibles con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) y los casi 500 millones que, según los demandantes, corresponden sencillamente a clasificaciones urbanísticas que eran falsas.

Manuel Jove no se ha quedado de brazos cruzados ante la demanda de su oponente y ha dirigido también supropiadenunciatratando de impugnar inclusoactuaciones llevadas a cabo por Fernando Martín a través desus sociedades patrimoniales. De momento, los juzgados mercantiles de Madrid han desbaratado dichointentoque, en todo caso, evidencia la singularidad yel alcance de unpleito previsto con un horizonte mínimo de otros dos años másy cuya cuantía final podría elevarsehasta cerca de 3.000 millones de euros.