La Fiscalía pedirá 14 años para Demetrio Carceller, el actual presidente de Damm
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Y 48 PARA SU PADRE

La Fiscalía pedirá 14 años para Demetrio Carceller, el actual presidente de Damm

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy la apertura de juicio oral al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y pedirá 14 años de prisión

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy la apertura de juicio oral al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y ha anunciado que solicitará para él una pena de 14 años de prisión como "cooperador necesario" en cuatro delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales.

Carceller está imputado en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga una trama fiscal en la que se acusa a su padre -Demetrio Carceller Coll, para quien el Ministerio Público pedirá 48 años y 6 meses de cárcel- de defraudar a Hacienda 72,04 millones de euros.

En un escrito remitido hoy a este magistrado, el fiscal pide que, además de a la pena de prisión, el presidente de Damm sea condenado al pago de multas por un total de 117,8 millones.

Anticorrupción también solicita que se juzgue al 'hombre de confianza'de Carceller Coll, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen, para quienes pedirá 19 y 42 años de cárcel, respectivamente.

Según la Fiscalía, el padre del presidente de Damm se ha dedicado, al menos desde 1990, "a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española, simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Anticorrupción sostiene, sin embargo, que Carceller padre siempre ha residido junto a su mujer en dos domicilios situados en Madrid y en la localidad madrileña de Galapagar, "si bien, para ocultar su residencia efectiva en España, adoptaba numerosas medidas de precaución tales como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio (o) realizar sus pagos en efectivo".Con el mismo fin delegaba en su hijo, en Serrano y en Petrus "la firma de cualquier negocio u operación económica".

La cuotaasciende a102,8 millones

El fiscal añade que Carceller padre ocultó ser el "propietario real" de importantes paquetes accionariales de entidades españolas utilizando "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en terceros países que, en su mayoría, son calificados como paraísos fiscales", como Luxemburgo, las Antillas holandesas y Madeira.Ese entramado, señala el escrito, se creó "con el asesoramiento y colaboración del bufete Pretus" de Barcelona y concretamente de Gabriel Ignaco Petrus; así como de Serrano y de su hijo Demetrio Carceller Arce.

De este último, Anticorrupción dice que "ha gestionado directa y conjuntamente con los anteriores todas las inversiones de su padre, especialmente las estadounidenses", participando en la ocultación a Hacienda de los fondos derivados de las mismas y de los beneficios obtenidos y colaborando con los otros "para tratar de simular que su padre residía fuera de España".

Entre las operaciones diseñadas por los imputados la Fiscalía cita la llamada "Nelson", para ocultar que Carceller padre era titular del 22,45% de Atlántica Petrogás; y la denominada "Piolín", mediante la que disimuló sus paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago, Canariense de Urbanización, Servicios y Obras Canarios y Activos Mobiliarios e Inmobiliarios.Además, el fiscal dice que también ocultó su inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico; en distintas sociedades agrarias domiciliadas en el sur de España -Maja Nova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Guadiamar, Paymogo y Azanaque-; y en Disa, Rincasa y Damm.

Carceller padre, a quien la Fiscalía imputa trece delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo, está acusado asimismo de ocultar al fisco las inversiones inmobiliarias que tiene en centros comerciales de Estados Unidos y de no declarar todos los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana.

En total, el Ministerio Público afirma que la cuota defraudada en las declaraciones del IRPF de 2001 a 2009, del Impuesto sobre el Patrimonio de 2001 a 2007 y del Impuesto de Sucesiones de 2006 es de 73,2 millones de euros, cantidad que con los intereses de demora asciende a 102,8 millones.

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