refuerzo de las juntas de accionista

El Gobierno se propone fijar 'techos salariales' a los consejeros del Ibex 35

La comisión especial de gobierno corporativo que preside Elvira Rodríguez presentará su propuesta al ministro Luis de Guindos este mismo mes

Foto: Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV (EFE)
Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV (EFE)

La regeneración de la vida pública en España, incluyendo las medidas contra la corrupción y la nueva ley de Transparencia, no será completa hasta que se defina el nuevo marco legal de gobierno corporativo en las sociedades cotizadas. Esa es la opinión del equipo económico de Mariano Rajoy y el leitmotiv de los trabajos que está ultimando la comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Elvira Rodríguez.

La titular de la CNMV ha intensificado a la vuelta del verano los trabajos del ‘grupo de sabios’ con el propósito de entregar a finales de este mismo mes al ministro de Economía, Luis de Guindos, la propuesta de normas sustantivas en materia de gobierno corporativo. El objetivo no es otro que delimitar las disposiciones que deben trasladarse con carácter imperativo al ordenamiento mercantil para, acto seguido, ajustar un nuevo código de recomendaciones voluntarias que servirán para reconocer los esfuerzos añadidos de buen gobierno por parte de las sociedades cotizadas.

La ley de Sociedades de Capital sufrirá un proceso de adaptación que afectará de manera muy directa al funcionamiento de las juntas generales y de los consejos de administración de las empresas que contratan valores en Bolsa. De hecho, la comisión encabezada por Elvira Rodríguez ha distribuido su tarea en sendos grupos de trabajo, orientados cada uno al análisis de la reforma normativa que es preciso llevar a cabo en los dos principales órganos de gobierno societario.

Las deliberaciones han mostrado las distintas sensibilidades de los altos funcionarios ministeriales en relación con el mayor pragmatismo de los representantes del sector privado. Estos últimos están acostumbrados a una política de autorregulación a la que se achacan ahora los grandes males de la crisis financiera internacional. El cambio de tendencia exige ‘normas duras’ con todas las de la ley pero el grupo de expertos tampoco quiere apadrinar un ‘pendulazo’ que modifique de arriba abajo los planteamientos de la gobernanza en las grandes empresas del Ibex 35.

El asunto más delicado no es otro que la retribución de los consejeros y altos directivos de las sociedades cotizadas que forman un microclima al abrigo de la recesión y demás miserias. La devaluación interna de los salarios, uno de las palancas que mueven la competitividad de las empresas españolas, no ha afectado precisamente al oasis donde se refugian los grandes prebostes del mundo corporativo español.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (EFE)
El Gobierno ha sido el primero en colocar la lupa sobre el manantial de remuneraciones fijas, variables y en especie que disfrutan los administradores más privilegiados de las compañías bursátiles. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría puso el dedo en la llaga cuando anunció el pasado mes de mayo el acuerdo de creación del grupo de expertos por parte del Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo señaló entonces que se valoraría “de forma especial” el papel que desempeñan las juntas de accionistas a la hora de controlar la política de retribuciones de las cúpulas empresariales.

Juntas de accionistas con voz… y con voto

El Ministerio de Economía abundó poco después en la materia defendiendo la necesidad de que los accionistas tengan voz y voto en la toma de este tipo de decisiones que afectan a la fibra más sensible de la responsabilidad social corporativa. Es cierto que las juntas de accionistas abordan cada año las retribuciones de sus dirigentes, pero lo hacen de una forma coral y a toro pasado, como un simple trámite que no tiene ningún carácter vinculante.

La cuestión que se plantea ahora consiste en delimitar un mayor peso específico para la masa anónima de socios pero lo que no está muy claro es si las asambleas van a ser soberanas para aprobar los salarios, uno por uno, de todos los consejeros. La mayor parte de los expertos que forman parte de la comisión de gobierno corporativo se inclinan por otorgar carta de naturaleza a las juntas de accionistas para que decidan la ‘política de retribuciones’ y no la distribución de los emolumentos que perciben los distintos miembros del consejo.

La solución se antoja demasiado ‘light’ para los llamados ‘halcones’ del Gobierno, entre los que se incluye el propio Mariano Rajoy. El presidente no quiere defraudar las expectativas de un cambio más radical que demuestre la mano dura contra prácticas que, en términos generales, tienden a provocar un grave escándalo social en momentos de penuria económica.

Elvira Rodríguez y su grupo de expertos se encuentran ante el dilema de apretar al máximo la tuerca sin pasarla de rosca, lo que obliga a una opción intermedia consistente en aplicar ‘techos salariales’ al consejo de administración. La práctica ha sido aplicada en muchas actividades productivas y es moneda de uso corriente incluso en algunas disciplinas deportivas, sobre todo en Estados Unidos. La clave es ahora determinar el alcance máximo de las retribuciones y los factores con arreglo a los cuales se establecen dichos límites.

Las empresas alegarán las dificultades que una normativa de esta naturaleza puede generar en su estrategia de recursos humanos, principalmente en la contratación de ‘grandes fichajes’. Es un riesgo en todo caso asumible, dado el nivel salarial que ya tienen las grandes sociedades cotizadas. Dicho más claro, los accionistas tendrán en el futuro la potestad de elevar o no el ‘techo’ pero para entonces los consejos de administración ya se habrán encargado de pavimentar el ‘suelo’.

Empresas
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
10 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios