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Economía exigirá que la Junta General diga la última palabra en los salarios de las cotizadas
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AHORA EL INFORME NO ES VINCULANTE SINO A TORO PASADO

Economía exigirá que la Junta General diga la última palabra en los salarios de las cotizadas

El Ministerio de Economía impulsa una reforma legal que obligue a las sociedades cotizadas a someter la política de retribuciones de su Consejo y alta dirección

Foto: Economía exigirá que la Junta General diga la última palabra en los salarios de las cotizadas
Economía exigirá que la Junta General diga la última palabra en los salarios de las cotizadas

El Ministerio de Economía impulsa una reforma legal que obligue a las sociedades cotizadas a someter la política de retribuciones de su Consejo y alta dirección al informe vinculante de la Junta General de Accionistas. Luis de Guindos quiere ser escrupuloso con la tendencia que ha adquirido carta de naturaleza en Europa para que sean los propietarios últimos de las empresas los que determinen los salarios de sus administradores y ejecutivos.

La evolución del gobierno corporativo ha ido comportando cada vez nuevas obligaciones para las grandes empresas bursátiles, pero la mayor parte de estos requisitos han estado orientados de manera exclusiva a facilitar la transparencia en las relaciones de las sociedades con sus inversores. Hasta la fecha la posición de los socios minoritarios en las grandes empresas del Ibex 35 ha sido meramente testimonial y sin mayor peso en la toma de decisiones estratégicas que se presentan 'convenientemente aliñadas' para su tramitación ante la Asamblea General.

La crisis financiera y los escándalos que han atacado la reputación de la economía española en los mercados de capitales han inducido al Gobierno a una estrategia más beligerante que pone en tela de juicio la autorregulación como sistema eficiente de control en empresas que tienen muy diversificado su capital en bolsa. Las multimillonarias retribuciones y las jubilaciones doradas utilizadas como moneda de uso corriente en las principales entidades españolas siguen copando los informes de gobierno corporativo presentados a la CNMV, pero de un tiempo a esta parte lo hacen cada vez con menos respaldo de los accionistas minoritarios, ya sean institucionales o particulares.

El presidente del BBVA, Francisco González, ha sido el primero en mostrar su propósito de enmienda al anunciar su intención de vincular la política de retribuciones del banco al acuerdo previo de la Junta General. Probablemente, la voluntad expresada por FG sea superada en el tiempo por una regulación mucho más estricta ya que el ministro de Economía se propone que dicho ejercicio sea de obligado cumplimiento a partir del año próximo. Dicho de otra forma, las juntas generales que se celebran estos próximos meses serán las últimas en las que la masa anónima de accionistas actuará como simple ‘convidado de piedra’ en el gran banquete salarial de las sociedades cotizadas. 

Nuevas circulares de la CNMV

Para ir abriendo boca, la Comisión de Valores está ultimando estos días las dos circulares preceptivas sobre remuneraciones e informe de gobierno corporativo que dotarán de carácter ejecutivo a la última orden ministerial anunciada a finales de marzo pasado por Luis de Guindos. La disposición en cuestión, que venía heredada del Gobierno Zapatero en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, ha implicado un cambio esencial en la consideración de los consejeros independientes, una de las grandes asignaturas pendientes del llamado buen gobierno corporativo.

A partir de ahora, y con efectos a partir del próximo mes de julio, todos los consejeros independientes con más de doce años de antigüedad en el cargo deberán cesar como administradores en las sociedades cotizadas. Algunas compañías están aprovechando las juntas generales de estos meses para renovar el contrato de sus consejeros más longevos porque el Gobierno ha admitido que puedan agotarse los mandatos en curso. Eso sí, el ministro ha advertido que no aceptará ninguna artimaña destinada a ampliar con una prórroga prematura el periodo de vigencia de aquellos cargos que no hayan vencido en 2012.

El Ministerio de Economía impulsa una reforma legal que obligue a las sociedades cotizadas a someter la política de retribuciones de su Consejo y alta dirección al informe vinculante de la Junta General de Accionistas. Luis de Guindos quiere ser escrupuloso con la tendencia que ha adquirido carta de naturaleza en Europa para que sean los propietarios últimos de las empresas los que determinen los salarios de sus administradores y ejecutivos.

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