Rajoy no acepta presiones y pide 'normas duras' con rango de ley para las sociedades cotizadas

La nueva ‘comisión Rodríguez’ sobre gobierno corporativo ha recibido ya los primeros embates por parte de relevantes consejeros de sociedades cotizadas que empiezan a removerse en sus sillones ante el anuncio de una regulación mucho más estricta en el mundo financiero y bursátil. Las presiones están servidas pero Mariano Rajoy ha dado instrucciones precisas a la presidenta de la CNMV para que el grupo de expertos defina esta vez ‘normas duras’ que puedan ser incorporadas al ordenamiento jurídico.

La base legal más inmediata de los ajustes regulatorios para la gobernanza de las sociedades cotizadas reside en el Código Mercantil que en estos momentos está siendo revisado por la Comisión General de Codificación dependiente del Ministerio de Justicia. El nuevo texto podría ser presentado este mismo mes de junio lo que obliga a la comisión liderada por Elvira Rodríguez a acelerar el paso de sus trabajos que tienen que estar culminados el próximo mes de septiembre.

La comisión Rodríguez se va a reunir de manera ininterrumpida todos los viernes hasta el mes de agosto con el fin de intensificar unos debates en los que se pueden diferenciar dos claras líneas de actuación. Por una parte, los delegados de la Administración Pública que tratan de precisar normas de obligado cumplimiento con carácter vinculante para todas las entidades bursátiles. De otro lado, los representantes del sector privado, más preocupados por establecer un marco voluntario de corte anglosajón basado en la autorregulación.

La voluntad del Gobierno va a ser determinante para inclinar la balanza en pos de una reforma que Rajoy quiere presentar en Bruselas como ejemplarizante, sobre todo después de los escándalos económicos y la convulsión social existente en España. La restauración de la imagen de marca de España se sustenta también en una reestructuración a fondo del gobierno corporativo que el Partido Popular considera fundamental para mejorar la percepción en los mercados internacionales.

La epidemia del llamado 'efecto Lampedusa'

El grupo de expertos va a tener que funcionar a marchas forzadas y de la forma más sigilosa posible para no herir las susceptibilidades y los intereses de los que siempre están dispuestos a cambiarlo todo para que no cambie nada. El llamado ‘efecto Lampedusa’ es un mal endémico que se inflama a medida que la inundación de la crisis sube de nivel y amenaza posiciones atávicas que se resisten a ceder su poder. En los mercados de valores esta epidemia tiene raíces profundas que el Gobierno parece ahora dispuesto a extirpar.

De ahí que la comisión Rodríguez en sus primeras deliberaciones haya planteado también la conveniencia de coordinar su propuesta teniendo muy en cuenta el Código Penal. La propuesta del grupo de expertos puede resultar definitiva para aclarar las previsiones contenidas en el nuevo artículo 31 bis que determina la responsabilidad de las personas jurídicas en aquellos delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, así como por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

Bajos estos postulados, el equipo dirigido por Elvira Rodríguez está en condiciones de trabajar como un verdadero órgano de regulación. No en vano, el cometido prioritario no es otro que presentar una batería de disposiciones con suficiente base legal al margen de las recomendaciones que han sido moneda de uso común en anteriores Códigos de Gobierno Corporativo, desde el patrocinado por el antiguo comisario Olivencia hasta el informe Aldama e incluso el último Código Unificado de Manuel Conthe, que data de mayo de 2006. La propuesta tiene que estar sobre la mesa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría inmediatamente después del verano.

Una vez culminada la misión oficial, la comisión Rodríguez tendrá otros cuatro meses, hasta finales de año, para revisar el Código del Buen Gobierno como libro optativo de cabecera para que los más escépticos puedan seguir haciendo trampas en el solitario de sus viejos procedimientos de gestión. Eso sí, distinguiendo cada cual por su bien lo que sigue siendo un juego de apariencias de lo que ya es, o se supone que será, un sistema de gobernanza de obligado cumplimiento.