Camps abortó la fusión Bancaja-CAM en 2009 por un informe de las grandes fortunas locales

Julio de 2009. El presidente de la Generalitat de Valencia tomó una decisión determinante sobre el futuro de las cajas de su comunidad. La fusión en marcha iniciada por Bancaja y CAM perdió el favor político de Francisco Camps, desbordado políticamente en esas fechas por su implicación en la derivada Gürtel del controvertido caso de los trajes, después de aceptar las conclusiones de un informe confidencial que exponía argumentos contrarios a la operación.

Casi dos años después de la redacción del trabajo, Bancaja forma parte del grupo Bankia, cuya sede social está en Valencia a pesar del liderazgo de Caja Madrid, y la alicantina CAM negocia su rescate por parte del Banco de España después de que fuera rechazada su integración con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Un viaje distinto al que emprendieron Caixa Galicia y Caixanova, que ahora también necesitan del dinero del FROB para salvar su fusión.

Según fuentes financieras, los remitentes del citado informe fueron algunas de las principales fortunas valencianas. Por iniciativa propia, un reducido grupo de empresarios encargó un análisis de situación sobre la fusión de Bancaja y CAM, operación para la que ambas entidades habían creado ya un comité específico. Además, el trabajo de integración contaba hasta la fecha con el aval político del consejero de Economía, Gerardo Camps, como materia de su competencia.

El informe en cuestión constaba de varios puntos (entidades financieras regionales, fusión de cajas, banco regional, participaciones empresariales, órganos de gobierno y estructura de capital), en los que desgranaba los motivos por los que ante el actual escenario de crisis y de reestructuración del sistema financiero la fusión entre Bancaja y CAM carecía de sentido estratégico, tanto desde el punto de vista de negocio como políticamente.

"No es la solución ideal"

“Una fusión no es la solución ideal porque ambas están con problemas”, explica el informe en uno de los apartados. “Lo sería en todo caso que cada una se fusionara con alguna entidad de fuera de su entorno local (como se llegó a contemplar más tarde entre CAM y Caja Murcia), que tuviera mejores ratios y que permitiera una racionalización más soportable, ya que su fusión supondría un costo de ajuste excesivo para la sociedad valenciana”.

Otra de las soluciones que planteaba el informe era la venta de negocio y redes, incluidos recursos humanos, “a los bancos que podrían entrar en el proceso, dada su mejor posición que las cajas, esto es Santander, BBVA y Popular”. Esta opción ofrecía además una solución “política más presentable y podría ofrecer el mismo resultado, incluso mejor, en términos de balance, capital, eficiencia y social, además de generar un mayor equilibrio de mercado”.

Como adelantó el documento encargado por las grandes fortunas, “los resultados más dramáticos empezaremos a verlos a partir del 2010 con el crecimiento de la morosidad y la reducción de los márgenes”. Para el autor del informe, parte de los problemas de Bancaja y CAM, tercera y cuarta caja de ahorros del país, nacían de su marcado componente local, con una cuota del 40-50% en su entorno natural, lo que les ha llevado a financiar “causas perdidas”.

Uno de los puntos más demoledores contra la fusión desmonta la idea de que un banco local o regional es más eficiente, más bien al contrario, “estaría expuesto que uno de mayor dimensión y diversificación”. Lo ideal sería que “media docena de los principales y diferentes operadores del mercado tengan la suficiente cuota de negocio, equilibrada entre todos, que les hará de forma natural implicarse más localmente, en términos de competencia y notoriedad”.

El documento que hicieron llegar al presidente Camps también incidía en la necesidad de despolitizar la gestión de las dos cajas. “Los planteamientos de bancos regionales a medida de sectores, intereses corporativos o políticos no han dado en general buenos frutos”, recogía el informe. “Las razones de carácter estratégico-social se deben dirimir de forma ajena al funcionamiento interno de la entidad”, recordando que existen otros instrumentos para hacer política crediticia pública.