El Rey, alerta y en estado de espera tras la segunda maniobra de Rajoy

Felipe VI cumplió su papel según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución el pasado jueves. Al finalizar la ronda de contactos con los distintos líderes políticos, propuso un candidato a la presidencia del Gobierno. Optó por Mariano Rajoy, claro ganador de las elecciones del 26 de junio y jefe del Ejecutivo en funciones que, sin embargo, no cuenta a día de hoy con ningún apoyo más allá de sus 137 diputados en la Cámara Baja. Por eso, el aspirante del PP dejó en el aire la posibilidad de no someterse finalmente a un debate de investidura y abrió una nueva ronda de contactos con PSOE y Ciudadanos en el último intento por lograr un acuerdo de gobernabilidad. Una fórmula inédita para encarar un proceso en el que la jefatura del Estado tiene también un gran protagonismo, pero que ahora solo puede esperar.

Algunas interpretaciones llevan a concluir que Rajoy aceptó la propuesta del Rey a medias, tal y como corroboró después Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, al no garantizar que habrá una fecha concreta para la investidura y limitarse a poner sobre la mesa la designación del Monarca. Una situación insólita que sin duda sorprendió en todas las instituciones, también en la Casa del Rey. Sobre todo, porque el segundo apartado del artículo 99 en la Carta Magna es muy preciso: el candidato propuesto "expondrá" ante la Cámara "el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara". Lejos de toda ambigüedad, la Constitución delimita los pasos a seguir tras la propuesta del Rey.

Sin embargo, pese a lo que se puede considerar ya como la segunda maniobra de Rajoy ante Felipe VI -la primera fue declinar el encargo el pasado enero-, la opinión de los constitucionalistas es unánime: el jefe del Estado debe permanecer "a la espera" y "en alerta" del transcurso de los acontecimientos. A menos que ocurra "algo extraordinario", explica Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, el jefe del Estado "debe esperar" y "no desautorizar al candidato propuesto", recordándole solo en contactos privados y discretos que puedan ir manteniendo estos días que, tras aceptar su propuesta, debe dar cumplimiento al siguiente paso establecido constitucionalmente.

Los constitucionalistas insisten en la importancia de que no haya enfrentamientos públicos y visibles entre las dos instituciones más importantes del Estado y descartan cualquier movimiento desde el Palacio de la Zarzuela, al menos, por el momento. Si tras la ronda de contactos abierta con PSOE y Ciudadanos, Rajoy ya constatara que no cuenta definitivamente con los apoyos suficientes en la Cámara Baja, podría no presentarse a la votación de investidura. Este escenario inédito sí podría contar con una respuesta por parte de la jefatura del Estado.

Entre otras cosas porque la propuesta del candidato señalado caducaría y sería necesario abrir una nueva tanda de reuniones con los representantes políticos para valorar otra designación. "Solo en esa situación podría ocurrir que, ante una interpretación inusitada de la Constitución por parte de Rajoy, la Casa del Rey emitiera un comunicado explicando los motivos por los que se debería iniciar el proceso de nuevo. Y ahí sí cabría un mensaje sobre la actuación del candidato del PP", explica Torres del Moral.

El mayor temor del Monarca

El catedrático de Derecho Constitucional insiste en que, en un sistema de monarquía parlamentaria, el rey nunca entra en política y “si actúa ahora o emite algún comentario, la sociedad podría percibirlo como si tomara partido de una u otra forma”. En ese sentido, el jefe de la Corona habrá de esperar como mínimo a que se produzcan los primeros contactos entre Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Miguel Ángel Fernández Valencia reitera, en esta misma línea, el papel de Felipe VI de “animar, arbitrar, sugerir” a los distintos líderes políticos para contribuir a que el entendimiento llegue a buen puerto y, sobre todo, evitar unas terceras elecciones a la sociedad española, el mayor temor del Rey.

No obstante, es cierto que, aseguran los constitucionalistas, la actuación de Felipe VI puede adquirir mayor “contundencia y beligerancia” en las conversaciones privadas que en aquellas que puedan trascender a la opinión pública. En la ronda de consultas que finalizó este jueves, el Rey insistió rotundamente a todos los representantes de las fuerzas parlamentarias en el desgaste tremendo que una tercera repetición de los comicios podría tener en la sociedad española.

Y más allá del coste que el bloqueo político e institucional actual está -y puede seguir- teniendo para la sociedad, la propia Jefatura del Estado necesita con Felipe VI al frente resolver la situación cuando apenas se han cumplido dos años de su reinado, y casi uno de ellos con un Gobierno en funciones. Sin duda, se trata del mayor desafío al que se ha enfrentado el nuevo monarca, entre otras cosas, por la falta de antecedentes. Su padre, Juan Carlos I, no debió encarar un escenario similar y, de hecho, el mismo Rey emérito no dudó en reconocer “la preocupación” de su hijo ante el proceso de investidura esta semana durante su reaparición en un viaje oficial a Perú. La proclamación de don Felipe el 19 de junio de 2014 trajo una nueva era para la Corona española, con un Rey más joven, preparado y un caracter muy distinto al de su padre, marcado por la seriedad y la profesionalidad. La renovación de la institución coincidió prácticamente con la irrupción de la llamada 'nueva política' y ahora es el momento de que Felipe VI lidie y arbitre con sus representantes para devolver a España la estabilidad y la gobernabilidad que precisa.

Los plazos de la investidura

La cuarta semana de agosto es la que Mariano Rajoy tiene en mente y dedicará el tiempo restante a convencer a Ciudadanos y PSOE de que le presten su apoyo para afrontar las urgencias del país -Presupuestos Generales y techo de gasto, a nivel económico; unidad de España y terrorismo, en el político-. El debate de investidura tendría lugar el martes 23, la primera votación el 24 y la segunda, 48 horas más tarde, el viernes 25. Para eso faltan poco más de 20 días, en línea con lo que el presidente en funciones llamó un "plazo razonable de tiempo" para abrir una nueva ronda de contactos tras aceptar el encargo del Rey.

Pero, sobre todo, en caso de que la investidura fracasara, no se lograra un acuerdo posterior y España quedara abocada a unas terceras elecciones, estas se celebrarían el 18 de diciembre. Tras el fiasco electoral del 20-D, el Congreso de los Diputados es ahora más consciente que nunca de la importancia que tiene cuadrar debidamente cada fecha para que la jornada de elecciones generales no coincida con un día imposible. El 18-D es en estos momentos el día que todos, incluido el Rey, quieren evitar a toda costa.

Esto dice el artículo 99 de la Constitución

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.