Las prestaciones de desempleo, otra reforma del plan de recuperación que sale a pagar

España aguarda el veredicto de Bruselas sobre el cuarto pago de los fondos europeos con los deberes prácticamente hechos. Las dos principales reformas vinculadas al desbloqueo de los 10.000 millones de euros correspondientes a ese tramo del plan de recuperación ya están en vigor: son la de las pensiones y la del nivel asistencial del desempleo, que solo queda pendiente de la convalidación en el Congreso del real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Ambas han acaparado ríos de tinta, pero también comparten otra característica que las hace especialmente polémicas: lejos del concepto de reforma que se popularizó durante la Gran Recesión de la década pasada —asociada a un ajuste fiscal impuesto por Bruselas, cuando no directamente a recortes de derechos o servicios públicos—, supondrán un incremento del gasto.

Los pensionistas y los parados recibirán más que con el anterior sistema, pero sin que el Estado aumente suficientemente sus ingresos para compensar ese mayor esfuerzo. La filosofía asimétrica de ambas reformas constituirá una pesada carga para el erario público durante los próximos años, especialmente en el caso de la primera, por su excepcional dimensión. Todo en un país que mantiene una deuda pública de tres dígitos (107,7% del PIB) y al que las instituciones nacionales e internacionales piden un plan de consolidación fiscal a largo plazo. Lo que los cambios legislativos no podrán lograr por sí mismos, habrá que sufragarlo a través de los presupuestos. Y eso solo deja tres salidas: más impuestos, recortes en otras partidas o deuda pública.

El caso de las pensiones es el más flagrante, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya lo han interpretado como un juego de suma cero: lo que España gasta en satisfacer los bolsillos de más de 10 millones de potenciales votantes (la cuarta parte del electorado) no lo podrá destinar a inversiones para favorecer la productividad y, por tanto, el crecimiento.

El Gobierno ha hecho prácticamente lo contrario de lo que pedía la Comisión Europea, que puso como línea roja que cuadraran las cuentas. El haber asegurado el poder adquisitivo de los pensionistas a través de la revalorización conforme al índice de precios de consumo (IPC) impedirá el equilibrio del sistema durante las próximas décadas, caracterizadas por la avalancha de jubilaciones de la generación del baby boom en un país cada vez más envejecido. Así lo ha constatado el Ageing Report de la Comisión Europea, que dibuja un panorama donde la adopción de medidas excepcionales para aumentar los ingresos se antoja como la única opción viable para corregir el déficit de la Seguridad Social.

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De la reforma del nivel asistencial de desempleo se ha hablado menos en estos términos, y mucho más en el lenguaje de la refriega política: primero, por el durísimo enfrentamiento entre los ministerios de Economía —aún con Nadia Calviño al frente— y Trabajo, y, cuando finalmente lograron pactar un texto, por la derrota parlamentaria del Gobierno. El veto de Podemos obligó al Ejecutivo a llevar el asunto al diálogo social, y finalmente consiguió acordar con los sindicatos —la patronal se quedó fuera de la foto— una norma que cojea del mismo pie que la de las pensiones: aumenta los gastos, pero sin lograr los ahorros suficientes para sufragarlos.

Para conocer el impacto económico de la reforma, que finalmente también ha incluido cambios en la prestación contributiva —no solo en el subsidio no contributivo para aquellos que la han agotado o no tienen derecho a ella—, habrá que esperar a conocer la memoria económica, que Trabajo guarda con celo. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sabe que las cuentas no cuadran, como se deduce de la comparación de los textos correspondientes al primer intento fallido y a este segundo, que se prevé exitoso, después de que Podemos haya anunciado su apoyo.

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Hasta ahora, los cálculos del Gobierno hacían descansar el equilibrio económico de la reforma precisamente en el punto que esgrimió el partido de Ione Belarra para tumbar el primer decreto en enero: la eliminación de la sobrecotización del 125% para quienes acceden al subsidio a través de la vía de los mayores de 52 años, y que les permitirá cobrar una pensión más elevada. Según la memoria económica de aquel texto, publicada en su día por la agencia Europa Press, la medida habría supuesto un ahorro creciente durante los próximos cinco años, al ir restando cinco puntos de sobrecotización en cada ejercicio. Mientras que en 2024 (120% de cotización) se ahorrarían 93,6 millones, en 2028, cuando se llegaría al 100%, el ahorro alcanzaría los 468 millones.

Otro de los objetivos de la reforma, la simplificación, también habría supuesto un alivio sustancial para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), gracias a la eliminación de la renta activa de inserción (RAI) y los subsidios especiales para mujeres maltratadas, liberados de prisión o emigrantes retornados (en total, unos 110.000 perceptores), a quienes se pretendía enviar al ingreso mínimo vital (IMV). La desaparición de estos subsidios habría reducido la carga para el SEPE en 101 millones de euros el primer año y en hasta 369 millones el quinto.

Gracias a ambas medidas, el Gobierno planeaba ir compensado poco a poco el incremento de los gastos encaminados al refuerzo de la cobertura comprometido con Bruselas en el plan de recuperación, tanto en cuantía como en número de perceptores, para subsanar las lagunas de las que adolecía el sistema: 613 millones al año por la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo, 38 millones por la extensión de la paga a los eventuales agrarios a todo el territorio nacional, 92 millones por la modificación de los requisitos de acceso y permanencia —se incluyen nuevos colectivos, como los menores de 45 años sin hijos—, y otros 100 por la eliminación del mes de espera para cobrar la ayuda.

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El balance entre unos cambios y otros arrojaba un saldo negativo de 648 millones de euros el primer año, pero que iría menguando a medida que las sobrecotizaciones se redujesen y los perceptores de las antiguas pagas dejasen de cobrarlas. Al final, al quinto año (2028), cuando la reforma por fin se aplicase en toda su extensión, Trabajo contaba con lograr el equilibrio: ni un euro más de gasto con respecto al escenario tendencial (en ausencia de cambio alguno).

El problema es que todo esto ha saltado por los aires con el nuevo texto. La segunda reforma, que será la definitiva, no tendrá un impacto fiscal neutro, sino que supondrá un mayor esfuerzo para el SEPE. Por una sencilla razón: no hay nada en ella que permita reducir los gastos, pero sí varios aspectos que los incrementarán respecto a lo previsto en un primer momento.

Los ahorros que desaparecen

El ahorro por la eliminación de la sobrecotización desaparecerá, y también una parte del previsto por la desaparición de los antiguos subsidios: el Gobierno mantendrá finalmente los pagas a los emigrantes retornados y las mujeres maltratadas. Hay que destacar que estas modificaciones supondrán más carga para el SEPE, pero a cambio un ahorro para la Seguridad Social, que ingresará más cotizaciones de los mayores de 52 años y se evitará pagar el IMV a retornados y víctimas de violencia de género o sexual. El efecto, por tanto, parece un simple juego entre ministerios, con impacto nulo para el conjunto del Estado. Nada más lejos de la realidad: esas sobrecotizaciones darán derecho a una mayor pensión futura, por lo que se incrementará el gasto público en jubilaciones.

Además, el Gobierno se ha comprometido a modificar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital para favorecer que los perceptores de la RAI y los liberados de prisión puedan reengancharse a esa paga. Tal y como publicó en su día El Confidencial, los umbrales del IMV son más exigentes que los de los subsidios, por lo que muchos de ellos se podrían haber quedado fuera con la anterior reforma. Aquí sí estamos ante un arreglo contable entre departamentos: el ahorro por la centralización de las pagas que preveía Trabajo solo será ahorro para el SEPE, pero no para el conjunto del Estado.

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Por si fuera poco, el real decreto-ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros también incluye dos medidas adicionales que incrementarán el gasto: la garantía de que los perceptores del subsidio procedentes de un trabajo a tiempo parcial lo puedan cobrar en las mismas condiciones que los procedentes de un trabajo a tiempo completo (antes percibían la mitad) y la posibilidad de compatibilizar un empleo a tiempo completo con la prestación contributiva, siempre que el salario bruto no supere los 2.250 euros al mes en 14 pagas.

La sorpresa de última hora

Esta última medida, totalmente inesperada, no formaba parte de los compromisos con Bruselas, que solo afectaban al nivel asistencial (no contributivo). Solo podrán acceder a ella aquellos que ya hayan cobrado nueve meses de paro y que tengan el derecho reconocido por un mínimo de 12 meses. Estos últimos suponen aproximadamente la mitad de los perceptores actuales de la prestación, mientras que dos de cada tres trabajadores en España cumplen los umbrales salariales. A falta de la memoria económica del ministerio, realizar una proyección sobre el gasto que supondrá se antoja arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que también se generará un pequeño ahorro por el recorte de los montantes para quienes compatibilizan la prestación con un empleo a tiempo parcial, los únicos que ya lo podían hacer hasta ahora.

Solo la creación de empleo, un eje común a todas las medidas, limitará el coste de la reforma

La escasa transparencia de las autoridades aboca a las cuentas de la lechera, así que aproximar el coste del conjunto de la reforma resulta una temeridad. Solo existe una certeza: como ocurrió con las pensiones, saldrá a pagar. Únicamente la creación de empleo, un eje transversal a todas estas medidas, limitará el coste para el erario público. Economía siempre quiso que las ayudas incentivasen la búsqueda de un puesto de trabajo, para evitar que sus perceptores caigan en la llamada trampa de la pobreza y se acostumbren a vivir subsidiados, una filosofía que finalmente Trabajo ha asumido como propia. El tiempo dirá si ese objetivo se ha conseguido y lo caro acaba saliendo barato.

De momento, los más suspicaces podrán decir que se trata de un wishful thinking, como el que utilizó José Luis Escrivá para sostener la cuadratura del círculo de las pensiones en un gran salto de la productividad y la llegada masiva de inmigrantes. Bruselas no se lo cree, pero hará la vista gorda: todo apunta a que aprobará el cuarto pago de los fondos de recuperación en las próximas semanas.