Dos de cada tres colegios concertados cobran cuotas a las familias

Los colegios concertados deben garantizar la gratuidad de la educación y aplicar el principio de la no discriminación a la hora de seleccionar a su alumnado, según estableció la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que sacó adelante el primer Gobierno de Felipe González en 1985. Entonces, se determinó que, para recibir financiación del Estado, estos centros estaban obligados a seguir los dos fundamentos anteriores, que los equiparaban a la educación pública en términos de universalidad. Hoy sabemos que no ha sido así, y el nivel económico de las familias que envían a sus hijos a escuelas concertadas es superior, mientras que el porcentaje de inmigrantes en centros públicos dobla el que le correspondería por cuota de mercado y los alumnos con necesidades de apoyo también se concentran en sus aulas.

Los concentrados, en cambio, contribuyen a la segregación escolar, según señala un estudio del laboratorio de ideas EsadeEcPol publicado este miércoles, pero no todos lo hacen de la misma manera. La heterogeneidad dentro de este ámbito obliga a hilar muy fino a la hora de establecer conclusiones, pero una destaca por encima de las demás: dos de cada tres colegios de este tipo no siguen el espíritu de la ley y cobran cuotas a las familias, lo que supone una barrera de entrada que, al final, se acaba traduciendo en ese elitismo que la filosofía de los conciertos pretendía evitar.

Los investigadores han estudiado dos bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una por el lado de la oferta (la Encuesta de financiación y gasto de la educación privada) y otra por el de la demanda (la Encuesta de gasto de los hogares en educación), para llegar a hallazgos muy similares. Las cifras coinciden a la hora de señalar las extraordinarias diferencias que existen entre unos centros y otros, y que permiten dividirlos en cinco grandes grupos, en función de si cobran o no cuotas y el motivo por el que lo hacen. Como se puede apreciar en el gráfico, los porcentajes varían ligeramente en función de la etapa educativa (segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria), pero los equilibrios resultan muy similares.

Si se analiza la ESO, por ejemplo, el grupo mayoritario es el de las escuelas que cobran cuotas para financiar gastos no incluidos en los conciertos (28%), es decir, para ofrecer servicios premium que con la financiación que les ofrece el Estado no se pueden costear, principalmente personal no docente, como más psicólogos o pedagogos. Se trata de una manera de diferenciarse yendo más allá de lo que la Administración sufraga, y cobrando por ello: la cuota tiene, por tanto, un reflejo directo en lo que el colegio ofrece. No ocurre así en un 15% de los centros, que cobran cuotas sin contraprestación alguna. El informe ofrece dos posibles explicaciones: o lo hacen para obtener un beneficio económico o para diferenciarse de otros centros, es decir, para seleccionar a los alumnos en función de la capacidad económica de sus familias.

Si el hecho de cobrar obvia por sí mismo la naturaleza gratuita que establecía la ley, el 43% de los centros concertados lo hacen para ofrecer una educación elitista, lo que también pone en duda el principio de no discriminación. Cuestión diferente es el del 23% que exigen cuotas porque están infrafinanciados. Ahí el problema no es tanto de los centros, que aprovechan esta práctica generalizada para tapar agujeros, como de las comunidades autónomas, que no son capaces de otorgarles los fondos suficientes para que presten un servicio acorde al que se esperaría en la educación pública. No hay que olvidar que una de las motivaciones de los conciertos, que todavía persiste hoy, es ahorrarle al Estado una cantidad ingente de recursos en la prestación de un servicio público esencial.

En ese sentido, no todas las comunidades autónomas son igual de cumplidoras: en Cataluña, hasta un 46% de los centros se ven abocados a cobrar cuotas en la ESO para paliar su infrafinanciación, casi cuatro veces más que en Madrid. Si a ese porcentaje se le suman aquellos centros que, a pesar de estar infrafinanciados, no cobran cuotas, la proporción de los que no reciben recursos suficientes de la Generalitat para prestar unos servicios equivalentes a un centro público se eleva hasta la mitad, mientras que en la comunidad capitalina no llega al 30%.

"La financiación es extremadamente desigual, con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tiene una clara situación de sobre-financiación", añade el informe. Estos datos se obtienen al restar los gastos a los ingresos, pero sin tener en cuenta los ingresos de las cuotas ni los gastos no susceptibles de concierto.

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Xavier Bonal, catedrático de sociología de la Universidad de Barcelona y uno de los autores del estudio, pide relativizar el hecho de que los colegios cobren a los padres —una práctica que teóricamente se hace de forma voluntaria— y centrarse en sus causas: "El problema no es de legalidad o ilegalidad; formalmente, cualquier cuota es ilegal y [los colegios concertados] deberían ser gratuitos, pero todos entienden que la infrafinanciación justifica el pago cuotas". En definitiva: no se trata tanto de una cuestión jurídica como de desigualdad, que es la que propician los centros que, sin sufrir un déficit de recursos, deciden pasar el cepillo.

Es justo remarcar que uno de cada tres colegios concertados en España cumple escrupulosamente la ley en este apartado, y renuncia a exigir cualquier tipo de pago. Eso, a pesar de que, de ellos, una parte importante están infrafinanciados (14,5% del total), frente a los que gozan de fondos suficientes para desarrollar su labor educativa (19%).

El tamaño importa

Entre los factores que determinan si un centro recibe o no los recursos que necesita no solo está la comunidad autónoma en la que se sitúe —las competencias están transferidas—, sino que existe uno común a todas ellas. Al contrario de lo que se podría pensar cuando se opone la masificación de los grandes centros al mundo idílico de los pequeños, Lucas Gortazar, director de Educación en EsadeEcPol y otro de los autores del informe, apunta a la dimensión como una cualidad positiva: "La clave para tener buena financiación es el tamaño". Según el estudio, los pequeños suelen situarse en los extremos de la distribución, los medianos en los puntos intermedios y los grandes en la zona alta de la clasificación, lo que da muestra, una vez más, de la gran heterogeneidad que existe cuando se habla de la educación concertada, más allá de las ideas preconcebidas.

Los hogares gastan entre 950 y 1.200 millones de euros al año en educación concertada

Paradójicamente, pese a estar mejor financiados, los centros de mayor tamaño son los que más cobran cuotas: hasta un 90%, frente al 60% de los medianos y el 70% de los pequeños. Esto hace que la proporción de centros donde hay que pagar sea inferior al de las familias que pagan, que oscila entre el 81% y el 95% en función de la etapa educativa. El 10% de los alumnos asume el 45% del gasto total, lo que indica la gran dispersión de las cuotas requeridas. En conjunto, los hogares desembolsan cada año entre 950 y 1.200 millones de euros que van a parar a los colegios concertados.

Para poner coto a esta situación y reducir la segregación escolar, los autores proponen varias soluciones, que deben partir de un esfuerzo por disponer de mejores datos. A partir de ahí, defienden desarrollar mecanismos para acabar con el sistema de concertación automática de los centros sobre-financiados y con cuotas elevadas, redistribuyendo el excedente de esos conciertos hacia los centros infrafinanciados, equiparar el coste de los comedores escolares —una fuente de pago de cuotas muy importante— al de los centros públicos o regular las aportaciones que las familias puedan realizar en concepto de actividades complementarias, que supone otro coladero.