Cuerpo controlará los dos organismos que certificarán el impulso reformista del Gobierno

Nadia Calviño ha salido del Gobierno, pero quien piense que con ella se ha esfumado el espíritu tecnocrático en un Ejecutivo cada vez más político debe mirar al número 160 del madrileño Paseo de la Castellana. Ahí sigue, y no como un fantasma de la gallega, sino en tres dirigentes que encarnan esa tradición en carne y hueso: su sucesor, Carlos Cuerpo, el director general de Política Económica, Víctor Ausín, y el director general de Análisis Macroeconómico, Eduardo Aguilar. Los tres proceden del gabinete de Calviño, pero tienen otra característica en común que marca su discurso y su forma de actuar: son técnicos comerciales y economistas del Estado.

Vuelven los tecos, si es que alguna vez se había ido, y con ellos un renovado interés por mejorar la productividad de la economía y la eficiencia de las políticas públicas, frente a quienes, dentro del propio Gobierno, optan por un discurso más heterodoxo. Los encontronazos entre Economía y Trabajo, una constante durante la primera legislatura de la coalición entre el PSOE y su izquierda —antes Unidas Podemos, ahora Sumar—, parecen lejos de disiparse, y vivieron su aperitivo con la reforma del subsidio asistencial de desempleo, que finalmente no salió adelante por el veto de los de Ione Belarra en el Congreso.

Aquella discusión, más allá de coordenadas ideológicas, reveló diferentes prioridades: la de Economía consiste en dar incentivos que permitan lograr el pleno empleo, para así resolver uno de los problemas estructurales que lastran la competitividad del país (la elevada tasa de paro), mientras que para Trabajo resulta más perentorio reforzar la protección de los colectivos más vulnerables, aun a costa de incrementar el gasto público y arriesgarse a generar un incentivo perverso para la incorporación al mercado laboral.

TE PUEDE INTERESAR

Los afines a Díaz estarán en minoría en el órgano clave para la reducción de la jornada laboral

Marcos Lema

El otro gran debate entre ambos promete ser la reducción de la jornada. Díaz la quiere llevar a las 37,5 horas en 2025 por ley, a través de una norma de aplicación general que se debería aprobar este año, como refleja el Plan anual normativo 2024 del Gobierno, al que ha tenido acceso El Confidencial. De momento, el asunto se está discutiendo en dos mesas paralelas del diálogo social: una bipartita, entre los sindicatos y los empresarios, y otra tripartita, que también incluye al ministerio. El acuerdo no resulta sencilo, ante la petición de los empresarios de que la reducción se articule a través de la negociación colectiva. La mayor flexibilidad que propugna la patronal es también la divisa de Economía, que prefiere un desarrollo sensible con el tamaño de las empresas o las peculiaridades de cada sector.

¿Regular o incentivar?

Regulación frente a incentivo; una visión más dirigista desde un Estado promotor de los cambios por decreto u otra que ofrezca las condiciones idóneas a los agentes económicos para favorecerlos. Esas son las dos visiones de fondo, que se reflejan en la agenda legislativa de cada ministerio para este año: Trabajo es proponente único de 15 normas, mientras que Economía solo de seis.

Las posiciones se hacen más patentes cuando el debate es sosegado y no abundan los focos. La primera intervención pública de Ausín y Aguilar desde que fueron nombrados por el nuevo ministro, que tuvo lugar la semana pasada en un evento del Real Instituto Elcano, constituye un buen ejemplo. Nada de recetas mágicas y win-win como los que propone Díaz: todo el tiempo se repetía la idea de trade-off, es decir, perder algo para ganar otra cosa.

"¿Mercado o Estado? Es una línea muy fina y crítica. Hay que tener unas políticas muy estructuradas para que el Estado lleve al mercado a ser mejor sin generar problemas [para las empresas]", dijo Ausín. Y Aguilar añadió, en referencia a los fondos europeos: "Hay muchos objetivos a la vez: los temas de autonomía estratégica no casan con los de crecimiento, los de emisiones con los de eficiencia... hay que ser rigurosos (...) para tener datos de análisis y poder decidir. Tenemos que analizar el impacto de muchas medidas".

El objetivo de Economía es que la agenda reformista del Gobierno no se pare, aunque algunas medidas no sean muy populares

En el encuentro se oyeron ideas que no tienen mucho tirón entre la opinión pública, e incluso entran en franca contradicción con el futuro happy flower que plantea Díaz, como que la creciente brecha de la productividad entre Europa y Estados Unidos se debe a la mayor preferencia por el tiempo libre a este lado del charco —trabajamos menos horas— o que hay que virar el mix de gasto público hacia la inversión productiva y reducir el gasto corriente. Quien quiera leer entre líneas obtendrá muchas respuestas en este artículo.

El objetivo de Economía es que la agenda reformista del Gobierno no se pare, y que favorezca el entorno empresarial adecuado para afrontar los problemas estructurales de la economía española y mejorar su competitividad en un mundo global. A veces, esto implica medidas no demasiado populares, o que no casan bien con los discursos más confrontativos con el sector privado que se pronuncian desde otros púlpitos gubernamentales. Lejos de grandes ocurrencias, las herramientas para conseguirlo son, esencialmente, un buen diseño de las políticas públicas y una intensificación de su evaluación.

La Agencia de Evaluación

El Gobierno tendrá a su disposición dos nuevos organismos para balizar ese camino: el Consejo de la Productividad y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Ambos ya estaban contemplados con anterioridad a esta legislatura, pero se pondrán en marcha durante los próximos meses. La gran novedad es que estarán adscritos al organigrama del Ministerio de Economía, lo que permitirá a Cuerpo y los tecos tener un mayor control sobre su actividad.

España es uno de los países europeos menos avanzados en la evaluación de políticas públicas

De momento, de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas se saben muy pocos datos, a la espera de que el Gobierno detalle su funcionamiento y su composición. Aunque será una institución con personalidad jurídica propia, que funcionará con independencia y autonomía, estará adscrita formalmente a Economía, según reveló el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, la pasada semana en el Congreso. La ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, aprobada en 2022 y que alumbraba la creación de este organismo, lo situaba, en cambio, bajo el paraguas de la Secretaría de Estado de Función Pública, que tradicionalmente pertenecía a Hacienda, y en esta legislatura ha pasado a Transformación Digital.

Preguntados por este cambio, desde el ministerio de Escrivá se limitan a explicar que es habitual que las previsiones del legislador acaben incumpliéndose debido a las estructuras cambiantes de los ministerios. En Economía, en cambio, concretan más la respuesta con la línea explicada anteriormente: "El objetivo de que esté en Economía es que tenga enlace directo con los organismos encargados de coordinar la política económica, como son la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Dirección General de Política Económica". En otras palabras: que ayude a generar información para acompañar las reformas que el equipo de Cuerpo propugna, encaminadas a una mejora de las políticas públicas basadas en la evidencia y el análisis de los resultados.

Según la ley de 2022, la actuación de la agencia responderá a los siguientes fines: "La supervisión, coordinación e impulso del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, la coordinación, acompañamiento y apoyo a los departamentos ministeriales (...) y la promoción de las relaciones institucionales con los sistemas de evaluación de políticas públicas de otras administraciones públicas". En ese sentido, elaborará cada cuatro años un Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, además de planes departamentales cada dos años.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La productividad y la nefasta política de nombramientos

Carlos Sánchez

El nuevo organismo sustituirá al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, que hasta ahora ha tenido un funcionamiento muy alejado de los mejores estándares, debido a su falta de recursos e independencia (funciona, en la práctica, como una subdirección general más de Función Pública). España es uno de los países europeos menos avanzados en este ámbito, pese a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha ido cubriendo el vacío durante los últimos años a través de herramientas como los spending reviews. Algunos no han gustado nada a determinados miembros del Ejecutivo, como el propio Escrivá, que no ha dudado en criticar públicamente el trabajo de la institución presidida por Cristina Herrero. Finalmente, el también expresidente de la AIReF no tendrá adscrita la nueva agencia a su departamento, que pretende revolucionar la Administración durante esta legislatura.

El Consejo de la Productividad

En el caso del Consejo de la Productividad, sí se conocen muchos más detalles de su funcionamiento, gracias al proyecto de real decreto que ha salido a audiencia pública. Economía no solo albergará este organismo, teóricamente independiente, bajo su organigrama, sino que se asegurará su control efectivo a través de la designación de vocales. Como publicó este periódico, Cuerpo podrá nombrar a dedo al presidente, que debe ser "una persona de reconocida competencia en asuntos económicos". Este, a su vez, podrá designar a otros tres miembros. En total, un tercio de los componentes del consejo con derecho a voto serán nombrados, directa o indirectamente, por el ministerio, y los vocales que deben su puesto a los departamentos controlados por el PSOE sumarán mayoría absoluta para sacar adelante cualquier votación.

No es un hecho baladí, habida cuenta de que este organismo, que surge de una recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2016, podrá emitir informes sobre las reformas que afecten a la mejora de la productividad, prioritaria para los tecos durante los próximos años. La reducción de la jornada laboral será una de las carpetas que los expertos del nuevo organismo tendrán sobre la mesa, aunque existe la posibilidad de que se llegue a aprobar antes de que el consejo esté en funcionamiento. Los vocales desigados por Trabajo serán minoría... y ya sabemos cómo ven los tecnócratas de Economía el reparto del tiempo.