El abogado que tumbó el 720 inicia otra lucha en Bruselas por los intereses de demora

Nueva denuncia ante la Comisión Europea por cuestiones tributarias. El mismo abogado que inició el proceso que desembocó en que Europa tumbara el modelo 720 ha comenzado ahora otra lucha en Bruselas, esta vez en relación con la tributación por los intereses de demora.

Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence en Mallorca, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la postura del Tribunal Supremo y de Hacienda con los intereses de demora. La tributación por este concepto puede ser más de la mitad de la cuantía, y sin poder descontar gastos asociados como el asesoramiento jurídico.

A principios del año pasado, por sorpresa y en un controvertido fallo, el Supremo cambió de criterio al fijar que los contribuyentes deben tributar por los intereses de demora. Estos son los que paga Hacienda cuando devuelve una cantidad al contribuyente. En los últimos presupuestos, se fijaron en el 4,06%.

La sentencia del Supremo contradijo otro fallo del alto tribunal en 2020, que dijo lo contrario. Los borradores de la declaración de la renta 2022 ya han incluido los intereses de demora cuando los hay para tributar por ello.

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De hecho, hay fallos de los tribunales económico-administrativos de Hacienda que, cuando dan la razón al contribuyente y este recupera una cuantía con intereses, le recuerdan que debe pagar una parte de vuelta a la Agencia Tributaria como ganancia patrimonial. Precisamente, el Supremo no solo cambió de criterio al obligar a los contribuyentes a tributar por los intereses de demora, sino que estableció que son una ganancia patrimonial, y no rendimientos del capital. Esto quiere decir que se incrustan en la base imponible del IRPF, en que el tipo marginal supera el 50% en algunas regiones.

En una resolución posterior de la Dirección General de Tributos (V0238-23 del 13 de febrero de 2023), el organismo de Hacienda negó a los contribuyentes la posibilidad de deducir de la tributación gastos asociados, como los de asesoramiento jurídico. Así, si un contribuyente ha contratado un despacho de abogados para pleitear con Hacienda y al final tiene razón, recuperará el dinero, pero tributará por los intereses de demora y no podrá suavizar el golpe con el coste jurídico.

El argumento de Alejandro del Campo, que en su día denunció el modelo 720 y las multas asociadas a los contribuyentes españoles en el extranjero que no lo declaraban, es que este sistema validado por el Supremo y por Hacienda atenta contra el derecho europeo.

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Del Campo ha argumentado en la denuncia que hay pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que indican que limitar el cobro de intereses por devoluciones de pago indebidos vulnera los principios de efectividad y cooperación leal. Así lo indican, asegura, las sentencias del 8 de junio de 2023 (asunto C-322/22), del 19 de julio de 2012 (asunto C-591/10) y del 27 de abril de 2022 (asuntos C-415/20, C-419/20 y C-427/20).

La Comisión Europea decidirá en los próximos meses si archiva la denuncia o, por el contrario, inicia conversaciones con las autoridades tributarias españolas, que pueden conllevar un procedimiento de sanción.

No es ni la primera ni la segunda vez que Del Campo acude a Bruselas con cuestiones fiscales españolas. Además de denunciar el 720, hizo lo propio hace un año con la decisión de Hacienda de gravar a los inversores extranjeros en ladrillo español cuando invierten desde sociedades domiciliadas en el extranjero, exigiendo tributar por todo el perímetro de la sociedad en los impuestos al patrimonio o de solidaridad para las grandes fortunas. En este caso, la Comisión Europea archivó la denuncia, que no ha prosperado.