El abogado que tumbó el 720 denuncia el golpe a los propietarios extranjeros

Hacienda quiere que los inversores extranjeros con inmuebles en España tributen por ellos y, además, que paguen patrimonio por activos que tengan fuera si los españoles son mayoría. Un golpe fiscal que ya ha sido denunciado en Bruselas ante la Comisión Europea por parte del abogado que lideró la ofensiva contra el modelo 720.

Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence en Mallorca, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea con el argumento de que la interpretación de Hacienda vulnera el principio de libertad de circulación de capitales en la Unión Europea y la libertad de establecimiento.

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A su juicio, supone una alteración sobre las decisiones de inversión y penaliza a los inversores según dónde tengan sus activos. Una denuncia equivalente dio el pistoletazo inicial a la ofensiva contra el 720 de Montoro en 2013, que finalmente se saldó con un rechazo al modelo por parte del Tribunal de Justicia de la UE de forma crítica con España. Ahora, la Comisión Europea deberá analizar si tramita la denuncia y, en ese caso, pedir explicaciones a Hacienda. Posteriormente, podría abrir un expediente sancionador.

El Gobierno modificó en diciembre el artículo 5 del impuesto sobre el patrimonio para meter mano a los inversores extranjeros en inmuebles en España. Lo que ocurría hasta ahora era que un español tributaba en patrimonio por sus inversiones en vivienda —salvo si estaba en Madrid, donde hay exención del 100%—, pero un extranjero no, ya que normalmente lo hacen a través de sociedades afincadas en los países donde residen o en Luxemburgo. Por ello, Hacienda aprovechó la creación del impuesto a los ricos para gravar estas inversiones a través de sociedades.

El texto señaló que se considerará que están situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos un 50%, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. Esta redacción implica que tributarán también por inmuebles en el extranjero si más de la mitad de los activos de la sociedad son inmuebles en España.

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La respuesta V0107-23 indica que la base imponible para el impuesto sobre el patrimonio de la persona física que está detrás de la sociedad serán todos los activos de esta, aunque no estén en territorio español, si más del 50% sí lo está. Es decir, si un contribuyente alemán tiene a través de una sociedad una vivienda en Valencia que vale 1,8 millones y dos pisos en París valorados en 800.000 euros cada uno, la base imponible será de 3,4 millones, aunque 1,6 millones sean activos fuera de España. El convenio de doble imposición con Francia lo permite, y también muchos otros como Alemania, México, Luxemburgo o Reino Unido.

Lo mismo sucederá con el impuesto de solidaridad en Madrid o en Andalucía si los activos superan los tres millones de euros. En los últimos años, ha habido una oleada de inversiones en inmuebles de Madrid procedentes de inversores latinoamericanos, que ahora se van a encontrar con esta norma y tendrán que tributar por el impuesto temporal que ha creado el Gobierno, previsto para 2023 y 2024, para los ricos.