La inversión empresarial cae desde 2019 y evidencia las dudas sobre la seguridad jurídica

"Siempre hemos dado seguridad jurídica a nuestras empresas, también en esto tenemos hemeroteca. Este ha sido siempre nuestro sello: dar seguridad jurídica a las empresas". Con esta frase, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, intentó responder a las preguntas insistentes de los periodistas sobre la propuesta de Junts de fijar una multa a las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés. La respuesta no despejó las dudas, pero reavivó el debate sobre la seguridad jurídica de las empresas en España casi un año después de que Ferrovial anunciase su traslado a los Países Bajos alegando también problemas de fiabilidad de las políticas económicas del Gobierno.

La seguridad jurídica no se puede medir, pero sí existen indicadores que pueden ofrecer una buena aproximación al sentimiento empresarial. El más evidente es el de la inversión: sin seguridad jurídica, las empresas optan por congelar su inversión, o destinarla a territorios que ofrezcan más credibilidad. Lo explicó perfectamente el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el martes: "Un marco jurídico estable es lo que permite mantener una elevada confianza en nuestro sector empresarial y un crecimiento sostenido, productivo y competitivo hacia adelante".

Lo que muestran las estadísticas de inversión empresarial es una caída continua desde 2019, que ha llevado a los niveles más bajos de formación de capital desde el año 2015 en relación con el PIB. Se trata, además, de una tendencia que no comparten ninguno de los grandes países de la eurozona, lo que indica que es una situación particular de España. Y, además, se produce en un momento en el que se está ejecutando una gran inversión pública por los fondos europeos, con un sector empresarial muy saneado y en una economía que crece a un ritmo superior al europeo.

En resumen: las empresas cuentan, a priori, con un escenario positivo para la inversión, pero no lo están haciendo. ¿Qué ocurre? Es probable que la inseguridad jurídica explique una parte de este problema. La realidad es que, a medio y largo plazo, la ausencia de inversión supondrá un lastre para el crecimiento económico. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también alertó el miércoles que las empresas están percibiendo un aumento de la inseguridad jurídica en su intervención en el Spain Investors Day. Según una encuesta de la entidad, "estaría afectando negativamente a un 60% de las compañías de forma que se convirtió en el principal factor condicionante de la actividad reportado por estas", alertó el gobernador.

El peor dato desde 2014

En el último año (hasta el tercer trimestre de 2023) la inversión empresarial ha sido de apenas el 12% del PIB. Se trata del dato más bajo desde 2014 tras experimentar una caída de 2,3 puntos desde el año 2019 (un descenso del 16%). De hecho, la inversión total ni siquiera ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que sigue un 1,5% por debajo. Si además se computa la inflación, que en este periodo supera el 12%, el resultado es que las empresas están invirtiendo mucho menos que hace cuatro años.

La causa no está en los beneficios empresariales, que se han recuperado rápidamente desde 2021. De hecho, el beneficio bruto después de impuestos de las empresas no financieras ha aumentado casi un 8,5% en este periodo. Sencillamente, las empresas no quieren invertir.

Si el flujo total de inversión ha aumentado en España ha sido gracias al sector público, por la activación de los fondos europeos. Pero la inversión empresarial no repunta: si en 2018 y 2019 suponía más del 71% de la inversión total registrada en el país, ahora apenas llega al 62%. Casi 10 puntos menos.

Se trata, por tanto, de una coyuntura que debería ser favorable a la inversión privada. Por un lado, el sector público está apoyando la inversión con los fondos europeos, por otro, la demanda interna garantiza un buen comportamiento del consumo y, por último, las compañías están desapalancadas y tienen margen financiero para invertir. Pero, aun así, las empresas son reticentes, lo que sugiere que realmente existe un desincentivo en la inseguridad jurídica. Parece que la advertencia de Repsol con la paralización de sus inversiones en España no era un caso aislado, sino que es una práctica extendida por buena parte del tejido productivo.

Las consideraciones sobre la existencia o ausencia de seguridad jurídica son subjetivas, pero las estadísticas son incontestables. La inversión en maquinaria y bienes de equipo ha caído por debajo del 28% del PIB por primera vez desde 2012, en los peores momentos de la crisis financiera. Pero también se ha reducido el peso de la inversión en activos inmateriales (patentes, software, etc.) hasta el 3,3% del PIB, el dato más bajo desde mediados de 2019.

A la contra de Europa

Las empresas españolas ahorraron mucho desde el inicio de la crisis financiera para sanear sus balances, pero también invirtieron. Desde 2012 hasta mediados de 2019, el peso de la inversión empresarial en el PIB fue creciente, pasando del 10% del PIB a finales de 2011 hasta el superar el 14% a principios de 2019. Esto permitió a España conseguir tasas de inversión superiores a las del conjunto de la eurozona, con una brecha de 1,4 puntos del PIB a mediados de 2018.

La inversión siempre implica crecimiento económico. En esos años España creció de forma sistemática por encima de la media europea. Sin embargo, esta tendencia se dio la vuelta en 2019 y actualmente la inversión empresarial en España es 0,5 puntos del PIB inferior a la del conjunto de la eurozona. Esto implica que España tiene un diferencial negativo de unos 8.000 millones de euros. Una cifra nada despreciable.

La inversión empresarial total de España está ligeramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, pero en el conjunto de la eurozona registra un crecimiento superior al 15%. Y eso a pesar de que las perspectivas económicas en el continente son notablemente peores que las de España por la crisis que arrastra desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Este déficit inversor de España se ha convertido ya en una preocupación para muchos economistas. Los pobres datos de productividad están detrás de este problema, lo que explica que España esté perdiendo posiciones rápidamente en las clasificaciones de PIB per cápita.

Las empresas han alertado en infinidad de ocasiones al Gobierno de los problemas que empezaba a generar la inestabilidad jurídica antes de que fuese visible en las estadísticas. La propuesta de Junts de multar a las empresas que se fueron de Cataluña es solo el último ejemplo que, además, el Gobierno no ha descartado claramente. Uno de los ejemplos más evidentes está en las veces que el Ejecutivo ha adoptado medidas en el ámbito laboral sin consultar a los agentes sociales, hecho que incluso ha generado la protesta de los sindicatos. Acaba de ocurrir con la reforma del subsidio por desempleo, la prevalencia de los convenios autonómicos para satisfacer al PNV o por la propuesta de las autobajas médicas.

La propuesta de Junts de multar a las empresas que se fueron de Cataluña es solo el último ejemplo de los problemas que generaría la inestabilidad jurídica

También se ha acostumbrado a adoptar medidas con carácter retroactivo, como la aprobación de las subidas del SMI ya con el año empezado o la creación de nuevas figuras tributarias que gravan los ingresos de un todo un ejercicio fiscal cuando este está terminando.

Además, el Gobierno ha subido intensamente la presión fiscal a las empresas. Si bien la subida de impuestos no puede considerarse inseguridad jurídica, sí supone un freno para la inversión empresarial, sobre todo, cuando el tejido productivo prevé que las subidas seguirán en el futuro. En estos años ha incrementado las cuotas sociales y las bases de cotización, ha endurecido el impuesto sobre sociedades e incluso ha eliminado la deducción total para los dividendos obtenidos en el extranjero.

Es cierto que todas estas medidas no generan cambios drásticos en el corto plazo, sino que sus consecuencias solo se perciben en el medio y largo plazo. Y finalmente, las estadísticas están revelando que existe un problema de inversión en una coyuntura económica en la que debería estar creciendo. ¿Es el momento de iniciar una reflexión al respecto?