España ofrece a Alemania un "margen de seguridad" para el déficit en las reglas fiscales de la UE

El tiempo empieza a agotarse. Quedan poco más de siete semanas para que termine el año y el objetivo de todos los Estados miembros era cerrar un acuerdo sobre un texto legislativo para la nueva gobernanza económica de la Unión Europea, las futuras reglas fiscales del club. La presidencia española del Consejo de la UE busca este jueves lograr avances poniendo sobre la mesa de los ministros un nuevo documento, un landing zone o "zona de aterrizaje común", un texto que busca enmarcar un acuerdo político entre los Veintisiete que por ahora siguen teniendo posturas muy diferentes. Es el primer paso antes de intentar trasladar ese acuerdo sobre el landing zone a un lenguaje mucho más complejo y lleno de minas: el texto legislativo. El objetivo de la presidencia española es lograr avanzar lo suficiente en esta reunión para enfilar así el encuentro del próximo 8 de diciembre preparando el texto legislativo para que pueda estar sobre la mesa de dicha reunión.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, es producto de varias semanas de trabajo, unas 50 reuniones según una alta fuente europea, con todos los Estados miembros tanto a nivel de ministros como de técnicos. Recoge las diferencias que se expresaron en una reunión ministerial a mediados de octubre en Luxemburgo y busca "cerrar la brecha" entre las posturas de las diferentes capitales, especialmente la que separa a París y a Berlín, los dos líderes de los grandes bloques del debate. Mantiene el espíritu de la propuesta original de la Comisión Europea, con planes de ajuste de cuatro años, ampliables a siete, en los que el objetivo es la reducción de la deuda teniendo en cuenta el indicador del gasto neto primario y manteniendo intactos los dos grandes pilares de las viejas reglas fiscales, es decir, que los países mantengan su déficit presupuestario por debajo del 3% y que el nivel de deuda pública sea inferior al 60% del PIB.

El texto recoge las preocupaciones expresadas en octubre por Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas, y establece por ejemplo que cuando un Estado miembro esté cumpliendo con los dos grandes pilares de las reglas fiscales, es decir, que tenga una deuda pública inferior al 60% del PIB y un déficit presupuestario por debajo del 3%, la Comisión "proveerá información técnica para asegurar que (...) se respeta la salvaguardia de la resiliencia del déficit" y que este "se mantiene por debajo del valor de referencia del 3% del PIB sin ninguna medida adicional a medio y largo plazo, e indicando si esto implica necesidades de ajuste fiscal", reza el texto.

Esa salvaguardia de resiliencia del déficit está descrita un párrafo más arriba. El documento señala que "una vez que un Estado miembro alcanza una posición que sitúa la deuda en una trayectoria descendente plausible o se mantiene en niveles prudentes en ausencia de nuevas medidas presupuestarias, debe garantizar un margen de seguridad común por debajo del umbral de déficit del 3% del PIB, garantizando la anticiclicidad". Es todavía algo vago, no muy concreto, pero con ello la presidencia responde así directamente a las peticiones de Lindner, que en octubre, ante un grupo de periodistas, utilizó esa misma referencia, "margen de seguridad".

Juego de equilibrios

Berlín quería dejar claro que el 3% del déficit no es el objetivo, sino que es un techo, un límite superior, y quería que eso quedara negro sobre blanco. Que no se transmita el mensaje a los Estados miembros que con quedar por debajo del umbral del 3% ya no tienen que hacer esfuerzos, porque de hecho ya en las viejas reglas fiscales ese no era el caso. Según fuentes diplomáticas de uno de los países alineados con Alemania, el equipo de Lindner está satisfecho con estos últimos cambios. Las propias fuentes diplomáticas alemanas hablan de "mejoras" en el landing zone, aunque siempre mantienen una postura rígida de cara a las conversaciones para maximizar sus opciones de influir en el resto del texto. Pero como explican otras fuentes de la negociación, la dificultad de estas negociaciones es que cualquier cesión a una de las partes requiere una contraoferta al otro lado de la mesa. "Calibración", esa es la palabra que repite la fuente. Se trata de un juego de equilibrios entre todos los intereses, prioridades y obsesiones.

Por eso ese guiño a Lindner implica que en el documento hay otros guiños a Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés. Por ejemplo, el documento al que ha tenido acceso este periódico, fechado a 8 de noviembre, y que previsiblemente será el que esté sobre la mesa de ministros este jueves a pesar de que está sometido a continuos cambios y modificaciones, señala que las inversiones hechas en el marco de uso de los fondos europeos del Fondo de Recuperación serán suficientes para justificar la ampliación de los planes de consolidación fiscal de los 4 años iniciales a los 7 años de un posible plan ampliado.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas hace un guiño a Berlín y propone un ajuste anual del 0,5% para los países con demasiado déficit

Nacho Alarcón. Bruselas

Eso no ha gustado por ejemplo a Países Bajos. Fuentes diplomáticas holandesas señalan que es una especie de "dos por uno", y que se trata de premiar dos veces a los Estados miembros por un solo esfuerzo. La presidencia española también lanza un guiño a los países del este, los más preocupados por poder contar con espacio para inversiones en defensa. "El aumento de la inversión pública en defensa, cuando corresponda, se reconocerá explícitamente como un factor relevante específico al desencadenar un Procedimiento de Déficit Excesivo, junto con otros factores relevantes", señala el documento.

El texto sigue sin ser específico en las cifras. Por ejemplo, en la línea de los intereses alemanes, se señala en el apartado de las salvaguardias que la senda de gasto primario neto debe "disminuir en una media anual mínima de [AA pp del PIB] durante cuatro años después del período de ajuste". Rellenar esos corchetes será un dolor de cabeza en el futuro, pero no por el momento. Fuentes de la negociación explican que eso se quedará para el final.

Primero el objetivo es lograr un acuerdo sobre este documento más político y general, y después tocará traducirlo a la letra pequeña del texto legislativo, donde los técnicos pelean cada palabra y cada coma. Y si las palabras provocan luchas, retrasos y dificultades, los números que haya que meter en los corchetes serán mucho peores, serán tremendamente divisivos. Pero en la lógica negociadora de la presidencia será más fácil forzar a los Estados miembros a ponerse de acuerdo cuando solamente quede eso por completar que ahora. Discutir en este momento esas cifras provocaría que el resto del debate quedara rehén de esos corchetes.

El tiempo empieza a agotarse. El Ecofin del 8 de diciembre es la siguiente fecha clave. Ninguna fuente consultada muestra confianza en que de la reunión de este jueves se salga con un acuerdo completo sobre todos los elementos del landing zone, lo que significará que a nivel técnico todavía habrá que completar dicho pacto político para después empezar a trabajar sobre el texto legal. Aunque no hay planes concretos, fuentes europeas hablan con claridad sobre la posibilidad de que se celebre una reunión extraordinaria de ministros en diciembre después de la prevista para el día 8 para completar el trabajo sobre el documento legislativo.

Una vez los Veintisiete hayan acordado una versión final del texto deberán sentarse a negociar con el Parlamento Europeo en los conocidos como "trílogos". El objetivo es tener un acuerdo con la Eurocámara antes de que esta entre en el receso previo a las elecciones europeas de junio de 2024. Para que el texto pueda salir adelante en esta legislatura debería llegarse a un acuerdo en los primeros meses del año, quizás en marzo, según una fuente europea. Ese acuerdo permitiría a la Comisión Europea aplicar el espíritu de las nuevas normas fiscales a la hora de hacer cumplir las viejas reglas, que se reactivan este próximo mes de enero después de llevar congeladas desde 2020 para dar manga ancha fiscal a unos Estados miembros que han afrontado situaciones extraordinarias como el Covid, la guerra en Ucrania o la crisis energética.