Los fondos europeos no salen gratis: la UE deberá devolver 220.000 millones en intereses

Los Veintisiete decidieron emitir deuda conjunta en 2020 para financiar el programa de inversiones más ambicioso de la historia comunitaria: los fondos Next Generation. Fue el momento hamiltoniano de la UE, un salto sin precedentes en la construcción europea. Sin embargo, ese pasivo se tendrá que devolver a los mercados financieros. Y no saldrá gratis. Un estudio del laboratorio de ideas Bruegel, de referencia en Bruselas, lo cuantifica: solo en intereses, serían 122.000 millones de euros.

De las dos patas del maná europeo, que contempla transferencias a fondo perdido y préstamos reembolsables para los Estados, la primera es la única que afecta a las arcas comunitarias. Los créditos, en cambio, deberán ser devueltos por los socios, a quienes se le presta el dinero en unas condiciones ventajosas: las mismas a las que la Comisión Europea lo obtiene en los mercados, por lo que no suponen quebranto alguno de las cuentas de Bruselas. A qué tipo de interés se obtengan los créditos ya es otra historia, y algunos Estados —entre ellos, España— se verán perjudicados por haber tardado en decidirse a solicitar esta vía de financiación, ya que ahora los tipos son más elevados que cuando se puso en marcha el instrumento.

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Donde la Unión Europea realmente se la juega es en las transferencias. Los 421.000 millones de euros que recibirán los Veintisiete a fondo perdido no caen del cielo, sino del mercado, de esa deuda mancomunada que los Estados han permitido emitir a la Comisión. Esta se pagaría, junto con los intereses correspondientes, antes de 2058. El estudio de Bruegel, dirigido por Grégory Claeys, Conor McCaffrey y Lennard Welslau, intenta cuantificar el coste y los plazos para su devolución.

Respecto al primero, la estimación es que, a esos 421.000 millones de capital, se le acaben uniendo 222.000 millones en intereses, lo que arrojaría un montante total de 643.000 millones de euros. En otras palabras: de cada tres euros que salgan de las arcas comunitarias, dos irían a financiar proyectos para transformar las economías de los Veintisiete y uno a devolver el coste de la deuda. Solo en intereses, se pagaría el equivalente al PIB de Grecia.

Sin embargo, en una escala como la europea, y sobre todo, repartido a lo largo de casi cuatro décadas, este coste financiero resulta mucho más limitado. Los autores han combinado diferentes variables, como la evolución de los tipos, para dibujar varios escenarios. En el principal, el tamaño de los intereses llegaría a su máximo en 2030, con 10.800 millones de euros —el rango más probable se situaría entre 8.200 y 13.200 millones—, pero esto apenas supone el 0,05% del producto interior bruto comunitario. Es más, los 222.000 millones del escenario central representan el 0,6% del PIB medio esperado entre 2021, cuando se empezaron a pagar intereses, y 2058, cuando quedarían satisfechos.

Las provisiones presupuestarias para devolver el capital no empezarían hasta 2028, con la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual, y los autores prevén una cierta refinanciación de la deuda a partir de ese momento. Esto permitiría una reducción suave de la misma. El estudio considera que sería lineal: todos los años se devolvería la misma cantidad de capital (13.800 millones de euros), aunque el esfuerzo sería progresivamente menor debido a la disminución de la carga de intereses, como se puede apreciar en el gráfico. Y mucho menor en términos relativos, como consecuencia del incremento del PIB comunitario durante el período. Pero la gran pregunta es otra: ¿realmente la UE puede devolver el pasivo sin pedirle ayuda a los mismos Estados a los que regaló esos miles de millones de euros?

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Aunque con matices, las conclusiones del estudio resultan tranquilizadoras: los paquetes para la obtención de nuevos recursos propios, propuestos en junio por la Comisión Europea, serían suficientes para afrontar el coste anual de la devolución de la deuda. Estos mecanismos, que entrarían en vigor en el próximo ciclo presupuestario (a partir de 2028), supondrían unos ingresos extra de 36.500 millones de euros por ejercicio: 19.000 millones del sistema de comercio de emisiones, 1.500 millones del mecanismo de ajuste en frontera de carbono y 16.000 de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas. Con la inflación prevista, supondrían unos 50.000 millones al año entre 2028 y 2030.

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Estas son las fechas críticas para estudiar en qué posición está la UE para afrontar la devolución de la deuda. Como se ha dicho, hasta 2028 solo se devolverían intereses, pero a partir de esa fecha se empezaría a devolver capital. El funcionamiento que explica el estudio es muy similar al de una hipoteca con amortización francesa: al principio solo se pagan intereses y después se empieza a pagar una cantidad creciente de capital y decreciente de intereses. El esfuerzo de verdad empezaría, por tanto, en 2028, y cualquier cálculo a partir de 2030 es descartado por los investigadores por la incertidumbre sobre la evolución del potencial recaudatorio de las nuevas vías de ingresos.

En función de los diferentes escenarios contemplados en el estudio, la devolución de la deuda (capital más intereses) alcanzaría un máximo de entre 22.000 y 27.000 millones de euros en 2030, muy por debajo de los 50.000 millones de ingresos extra, de ahí la suficiencia comunitaria para afrontarla. Sin embargo, los autores alertan de que, para que esto sea posible, la propuesta de recursos propios formulada por la Comisión debe ser aprobada por los Estados miembros sin cambios en la negociación del próximo marco financiero plurianual. Y apostillan: "Esto es poco probable".

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Además, está previsto que una parte de la recaudación por los derechos de emisión se destine a nuevas inversiones en innovación y protección social. En definitiva: a día de hoy, no se puede asegurar que las arcas comunitarias puedan asumir la devolución por sí mismas. "Es fundamental que para entonces exista un paquete suficiente de recursos propios. De lo contrario, los países deben reducir otros gastos del presupuesto de la UE o aumentar sus contribuciones nacionales", concluye el informe.

Se cerraría, así, el círculo: los Estados sufragarían, en último extremo, una parte de la deuda que la Comisión contrajo en su día para otorgarles transferencias a fondo perdido. Habrá que esperar hasta 2058 para conocer el balance definitivo de qué parte del maná europeo ha sido gratis y qué otra parte habrá que acabar devolviendo, de una forma u otra, a las arcas comunitarias.