El Gobierno cifra en 2.000 millones el impacto de la ofensiva fiscal del PP

Las bajadas de impuestos en las autonomías gobernadas por el Partido Popular tendrán un impacto de más de 2.000 millones de euros el año que viene. Es el cálculo que el Gobierno envió a Bruselas el pasado domingo, en el marco del plan presupuestario, un documento con las previsiones económicas y fiscales para 2024. Esto no impedirá que las autonomías contribuyan a la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas, que pasará del 3,9% de este año al 3%, en línea con lo que han marcado hasta ahora las reglas fiscales, que se retomarán el próximo ejercicio.

Como suele ocurrir en este tipo de textos institucionales, el Ejecutivo no cita expresamente las medidas de las diferentes autonomías, ni mucho menos las vincula con el principal partido de la oposición. Sin embargo, la coincidencia de los hechos políticos con las cifras económicas deja lugar a muy pocas dudas. En el cuadro anexo al plan presupuestario, el Gobierno incluye el impacto fiscal que tendrán las llamadas "medidas discrecionales de ingresos", es decir, las que suponen un cambio en el statu quo fiscal, sin tener en cuenta las adoptadas en respuesta a la pandemia y la crisis inflacionista. La cifra es de 2.040 millones de euros, casi cuatro veces más que en 2023.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno abre la puerta a eliminar las ayudas fiscales para cumplir con Bruselas

Marcos Lema Javier Jorrín

¿Qué cambiará entre los presupuestos de este año y los del que viene? Básicamente, el color político de los gobiernos. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el PP recuperó cinco comunidades que estaban en manos de la izquierda, además de Cantabria, donde gobernaban los regionalistas. En el caso de Canarias, la derecha volvió al poder a través de un pacto entre Coalición Canaria y los populares. Una de las principales promesas de la campaña electoral fue la rebaja de impuestos, e incluso algunos candidatos, como el valenciano Carlos Mazón, llegaron a definir la situación que habían dejado los socialistas como de "infierno fiscal".

De momento, ninguna comunidad autónoma ha aprobado aún los presupuestos del año que viene, es un escenario de dudas por la ausencia de unos objetivos de estabilidad presupuestaria para las administraciones públicas. La inestabilidad política, con el Gobierno de España en funciones, ha privado a las regiones de esa referencia, por lo que la única pauta que tienen son las recomendaciones que la Comisión Europea hizo a nuestro país en el programa de estabilidad de la pasada primavera. Sin embargo, esto no ha impedido que varias comunidades hayan comenzado el proceso para sacar adelante las cuentas y, sobre todo, que sus dirigentes hayan anunciado las rebajas fiscales que se esperan. Muchas de ellas ya formaban parte de los programas electorales del PP o de los acuerdos de gobierno entre los populares y Vox en varias regiones.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas da margen de maniobra fiscal a Sánchez de cara al año electoral de 2024

Nacho Alarcón. Bruselas M. L.

En ese contexto, que les ha valido duras críticas del Gobierno incluso desde el propio atril del Consejo de Ministros, el Ejecutivo cuantifica ante Bruselas los resultados de las medidas previstas. Solamente las referidas al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) supondrán una merma de 1.729 millones de euros en la recaudación, frente a los 613 de este año. Si hasta ahora la Comunidad de Madrid había sido la más activa en la rebaja de los tramos autonómicos —más allá de las deflactaciones para que los contribuyentes no paguen más por culpa de la inflación, que han emprendido Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, la propia Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana, y Navarra—, en las últimas semanas los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria han aprobado sus propias reformas fiscales en ese sentido, mientras que Aragón y Baleares ya las preparan.

Patrimonio vs. impuesto de solidaridad

Pero el gran Caballo de Troya en la guerra fiscal entre las autonomías y el Ejecutivo es el impuesto de patrimonio. El Gobierno socialista intentó recentralizarlo por la puerta a través del llamado tributo de solidaridad, con escaso éxito. Tan poco, que el próximo año tendrá un impacto extra 21 millones de euros, frente a los 24 millones que dejarán de ingresar las autonomías por las reformas del impuesto de patrimonio. En 2023, en cambio, los contrarios a gravar la riqueza habrían perdido la partida, con una merma autonómica de 110 millones, frente a los 619 millones que dejó en las arcas públicas del impuesto extraordinario del Gobierno a las grandes fortunas. El Ejecutivo reconoce, así, que el tributo apenas aumentará su incidencia respecto al año pasado, mientras las regiones continúan retirando los suyos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y está previsto que ocurra en Aragón.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno recorta su previsión de crecimiento en 2024 al 2% y mantiene el 3% de déficit

Javier Jorrín

En el caso de sucesiones, otro de los impuestos transferidos, la merma de recaudación por los cambios introducidos por las autonomías se multiplicará por cinco, siempre según las estimaciones contenidas en el plan presupuestario: pasará de los 72 millones de euros de 2023 a los 277 de 2024. Una vez más, todo apunta a que este déficit de ingresos se debe a los nuevos gobiernos del PP, que ha dejado reducido a la nada el impuesto en Baleares, y está a punto de hacerlo en la Comunidad Valenciana o La Rioja, donde se ultima el trámite parlamentario.

Pese a esta ofensiva autonómica contra los tributos, "el escenario de ingresos refleja una mejora sustancial respecto a 2023 en los recursos del sistema sujetos a entrega a cuenta y liquidación, dada la favorable evolución de los ingresos tributarios del Estado", destaca el documento. Esto permitirá a las comunidades, incluidas las del PP, diseñar unos presupuestos expansivos para el año que viene, como ya se está pergeñando en Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, La Rioja o Baleares, que prevén unas cuentas públicas récord. En otras palabras: el programa de estabilidad confirma que las regiones seguirán bajando impuestos gracias al mayor espacio fiscal que les proporciona el aumento de las transferencias del Estado. Y lo harán contribuyendo a la consolidación de las cuentas públicas: el déficit autonómico pasará del 0,6% este año a un exiguo 0,1% el que viene.