Vuelve la disciplina del mercado: gastaremos en intereses cinco veces más que en vivienda

"Estamos en un momento crítico, salimos de la crisis con unos niveles de deuda altísimos y ya no podemos contar con la ayuda del BCE y tampoco con la inflación que ha impulsado los ingresos públicos estos años". Esta frase de Esther Gordo, directora de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sirve para situar España en la coyuntura financiera actual. Los países europeos han vivido cómodamente de espaldas a los mercados financieros durante la última década gracias a la intervención del Banco Central Europeo. Pero esta fase se terminó bruscamente cuando comenzó la invasión de Ucrania y la política europea tuvo que centrarse en endurecer su política monetaria.

La subida de los tipos de interés está encareciendo los costes de financiación de los Estados rápidamente. Además, el endeudamiento es muy superior al del año 2019, ya que los países tuvieron que poner en marcha medidas de gasto extraordinario para atajar la pandemia. El resultado es que la factura de la deuda se encarecerá bruscamente ya desde este año 2023.

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El gasto en intereses de España aumentará un 30% hasta 2026 y superará los 40.000 M

Nacho Alarcón. Bruselas Miquel Roig

Las últimas previsiones del FMI en su Monitor Fiscal apuntan a que los intereses de la deuda en España alcanzarán el 2,6% del PIB ya en el año 2025, lo que supone un coste de unos 40.000 millones de euros, y seguirá escalando por encima de los 45.000 millones hacia el final del horizonte de previsiones, en el año 2028.

Se trata de cifras ya muy cuantiosas. Por ejemplo, los intereses serán equivalentes a la mitad del gasto público en educación o una tercera parte del gasto en sanidad. Además, serán el doble del gasto en defensa o cinco veces más que el gasto público en vivienda. Cada euro gastado en intereses no se destina a otras partidas sociales mucho más importantes. Pero es que en unos años esta partida va a ser tan grande que, sumada al coste de las pensiones, dejará poco margen presupuestario para acometer otros gastos. "Los intereses de la deuda van a suponer un coste de oportunidad enorme", resumió Gordo en unas jornadas organizadas por Funcas sobre la vuelta de las reglas fiscales europeas.

Este aumento de los costes financieros es inevitable, toda vez que el Banco Central Europeo ha anticipado que los tipos de interés seguirán siendo altos por más tiempo. En lo que va de año, el Tesoro ha tenido que pagar una rentabilidad del 3,4% para colocar su deuda, dato que contrasta con los registros históricos de 2021, cuando no solo no tuvo que pagar a los inversores, sino que cobró una rentabilidad del 0,035%.

Se trata del coste más alto de las nuevas emisiones desde 2011, esto es, el año que España fue rescatada. Este dato tiene un matiz importante, y es que ahora está levantando financiación con una vida media más larga, lo que implica también pagar precios más altos. Pero si se comparan tramos iguales, por ejemplo, bonos con vencimiento a 10 años, la rentabilidad que está pagando el Tesoro es la más alta desde 2013, un 3,5%.

Esta subida de los costes de financiación era inevitable. El riesgo es que, a partir de estos niveles, cualquier susto es capaz de generar un agujero en las cuentas públicas. Los cálculos del FMI parten de la hipótesis de que la inflación se moderará a partir de 2025, lo que dará margen al BCE para empezar a aflojar su política monetaria. Además, contemplan un escenario de crecimiento continuo del PIB, algo que, visto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, parece optimista.

En definitiva, en un escenario favorable, los intereses aumentarán hasta 40.000 millones de euros en 2025. ¿Qué pasará si el escenario se complica? Pero no solo eso: ¿Qué pasará si el Gobierno no convence a los mercados de que está comprometido con la estabilidad presupuestaria? El regreso de la disciplina del mercado implica que los déficits públicos van a volver a ser importantes. No porque la Comisión Europea vaya a supervisarlos, sino porque lo harán los vigilantes de bonos. El ejemplo más reciente está en el Reino Unido, donde los mercados terminaron tumbando a la primera ministra, Liz Truss, por promover una rebaja de impuestos que ponía en duda la sostenibilidad de sus cuentas públicas.

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España parte de una posición de vulnerabilidad con una deuda pública del 110% del PIB. Pero hay otros factores muy relevantes. En 2023 ha empezado a jubilarse la generación del baby boom, que elevará rápidamente el gasto en pensiones. La economía se encuentra en una fase de ralentización del crecimiento y de la inflación, lo que ya está frenando el crecimiento de los ingresos públicos. Y la negociación de la investidura está planteando ya más promesas de incremento del gasto, como una nueva financiación autonómica para dotar de más recursos a las regiones o mayor inversión estatal en algunas comunidades autónomas.

En definitiva, los ingresos se están ralentizando y las presiones de gasto son muy numerosas. Un escenario que habitualmente genera aversión a los vigilantes de bonos. Ahora serán los mercados quienes supervisen los déficits públicos y no los técnicos de la Comisión Europea. Y para eso no hace falta que estén en vigor las nuevas reglas fiscales.