El Gobierno prepara un recargo de hasta 30€ en el recibo de luz de 2023 para ayudas prometidas

Los hogares españoles tendrán que asumir un sobrecoste en sus facturas de luz de hasta 30 euros de media en 2023 para pagar las ayudas comprometidas por el Gobierno. Según las estimaciones remitidas por la CNMC al Ministerio para la Transición Ecológica, la financiación del bono social, el descuento al que pueden acogerse los consumidores vulnerables, supondrá un coste de más de 880 millones de euros.

Dicha previsión de gasto que tendrán que asumir los más de 29 millones de consumidores de electricidad en España tiene ya en cuenta, según detalla el regulador al departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la ampliación de la cobertura para los acogidos al bono social. Los 1,2 millones de hogares que reciben esta ayuda se venían beneficiando de un descuento del 25% en el caso de consumidores vulnerables y de un 40% para los considerados como vulnerables severos.

Sin embargo, el Gobierno decidió ampliar esta cobertura hasta el 65% para los consumidores vulnerables y hasta el 80% para vulnerables severos, lo que implica un sobrecoste a pagar por el resto de consumidores, ya que esta ayuda no procede de los presupuestos generales del Estado, sino que la asume el resto de usuarios de luz.

Pero, además, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos creó una nueva categoría de bono social destinada a lo que consideran hogares de bajos ingresos, que son aquellos que están por debajo de los 27.000 euros brutos al año, según aprobó en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre.

El Gobierno anunció entonces que esta nueva categoría protegería a otros 1,5 millones de hogares durante 2023, año de elecciones en que aún se espera que los precios energéticos sigan siendo especialmente elevados. De cumplirse el vaticinio del Ejecutivo, este año habría 2,7 millones de hogares con descuentos en la factura de entre el 40% y el 80%.

Por eso, fuentes del sector no se sorprenden de que el coste del bono social haya subido con fuerza. De hecho, la estimación de costes que hizo la CNMC para 2022 fue de algo más de 407 millones de euros, menos de la mitad que para este año, que, si se cumplen las expectativas del Gobierno, habrá más del doble de perceptores. Otras fuentes señalan que antes de la crisis energética, el bono social venía costando en la factura unos 200 millones de euros.

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Pese a lo anterior, aún está por ver cuántos de los denominados hogares de rentas bajas acaban acogiéndose a la nueva categoría de perceptores de bajas rentas, ya que el desconocimiento y la burocracia hacen que mucha gente no acabe recibiendo estas prestaciones. Aunque se activó en octubre, desde Transición Ecológica aún no se han ofrecido datos.

Esta ayuda que pagan los consumidores no tiene un carácter 100% social, puesto que hay alrededor de 250.000 familias numerosas beneficiándose de un descuento del 65% de su factura de la luz que no tienen que cumplir ningún criterio de renta, por lo que cualquier familia numerosa puede solicitar y recibir esta ayuda.

En puridad, el bono social no solo lo pagan los usuarios en sus facturas, ya que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado año obliga al resto de operadores (generadores, transportistas, distribuidores y consumidores directos de mercado) a contribuir con esta medida. Sin embargo, en la práctica, las empresas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, fundamentalmente) no lo llevan contra sus márgenes, sino que repercuten este coste de carácter social y se acaba pagando dentro de los costes como el término de energía, señalan fuentes del sector. Así, casi la mitad del coste en origen recae sobre las comercializadoras, que lo suelen especificar en factura, y la otra mitad la trasladan en sus precios el resto de operadores.

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La propuesta de reparto de costes de la CNMC está abierta a enmiendas hasta el próximo lunes 16 de enero. Posteriormente, Transición Ecológica deberá sacar una orden que fije dicho recargo para los consumidores en un momento en que la factura de la luz sigue siendo anormalmente elevada para la mayoría de usuarios.

A diferencia de las ayudas a la luz, que pagan los consumidores en sus facturas, las ayudas al gas sí se costean con dinero público extraído de los presupuestos generales del Estado. De hecho, el Ejecutivo contempla un bono social térmico para gastos de calefacción de los vulnerables con bono social eléctrico y este año pagará alrededor de la mitad del recibo de gas de todos los usuarios con la tarifa de último recurso (TUR), sin tener que cumplir ningún criterio de renta. Para subvencionar dicha tarifa regulada de gas, ha previsto un coste de 3.000 millones de euros de las arcas públicas.