El Gobierno impone un recargo en el recibo de luz para pagar la ayuda a 1,5 millones de hogares

La rebaja del 40% en la factura de la luz para 1,5 millones de familias vulnerables no la pagará el Gobierno. Seguramente la acabe pagando usted. La medida consistirá en una "aplicación temporal" del bono social a este colectivo, según recogía este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que serán las empresas quienes se hagan cargo y, en la mayoría de los casos, trasladarán el sobrecoste a los clientes. Como se ha convertido en habitual en los últimos meses, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, queda muy matizado por la letra pequeña del BOE: el Ejecutivo no dedicará ni uno solo de los 3.000 millones de euros contra la crisis energética a ayudar a pagar el recibo de la luz.

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La medida supondrá, en la práctica, un recargo en la factura eléctrica de los 30 millones de consumidores, incluidos los que se beneficien de ella. Esto es así porque el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros se remite en todo momento a la normativa actual del bono social, que será la que rija el funcionamiento de la nueva ayuda. Actualmente, la financiación de este recae en las empresas, según el esquema de reparto que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en función del peso en el mercado de cada compañía.

Generadoras y comercializadoras se dividen el coste prácticamente a partes iguales —el papel de las distribuidoras resulta testimonial—, pero con una diferencia: de acuerdo con fuentes del sector, las segundas pueden repercutir directamente la cuantía a sus clientes (los hogares), mientras que las primeras deben buscar subterfugios para compensar el agujero que les supone la financiación del bono. El hecho de que los grandes grupos tengan todas las fases del negocio integradas favorece que la parte que recae sobre la filial de producción se acabe imputando a través de la de comercialización. En resumen: el cliente (casi) siempre acaba pagando. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que el bono social se financia con cargo a las actividades del sector eléctrico por una sentencia del Tribunal Supremo y que no se puede hacer de otro modo, tal y como recoge el real decreto-ley 6/2022.

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Lo mismo ocurrirá esta vez. Aunque todavía no se manejan cifras, el diseño actual del bono social, al que están acogidos más de 1,3 millones de familias, cuesta unos 1.000 millones de euros anuales, según las mismas fuentes. Esto supone, en el escenario conservador, al menos un euro más de la factura mensual. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, su extensión a las familias vulnerables sumará otros 1,5 millones de hogares, con el consiguiente aumento del sobrecoste. Sin embargo, se espera que este no llegue a cifras tan abultadas, porque los descuentos (40%) de la medida temporal son inferiores a los que gozan quienes ya reciben el bono (entre un 65% y un 80%).

La medida encarecerá ligeramente la factura a muchos (28,4 millones) a costa de abaratársela sustancialmente a unos pocos (1,5 millones)

Más allá de las cuentas de la lechera, lo cierto es que la nueva medida del Gobierno encarecerá ligeramente la factura de la luz para muchos (28,4 millones) a costa de abaratársela sustancialmente a unos pocos (1,5 millones). Y todo en un momento muy complicado para las economías familiares, en el que la inflación se mueve en máximos de cuatro décadas y la factura de la luz ha batido varios récords históricos.

Esa no fue la versión que dio el presidente Sánchez, que se refirió el pasado jueves en el Congreso a una ambigua "nueva categoría de consumidor vulnerable". Ni mucho menos la del Ministerio de Transición Ecológica, que ese mismo día hablaba de "nuevos descuentos" para este tipo de hogares, desligándolos del bono social, que ocupaba un apartado diferente en la lista de medidas remitida a los medios. El resultado: muchos entendieron que sería el Gobierno, y no las compañías, quien se hiciese cargo, como si fuera una subvención. Ahora, el propio ministerio confirma a El Confidencial que la rebaja saldrá gratis para las arcas del Estado, y alude al incremento de los beneficios de las eléctricas para pedirles que arrimen el hombro.

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No hay más que coger el BOE para conocer a qué se dedicarán los fondos del nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno: ni un céntimo para rebajar la luz. Además de 225 millones para el incremento de las cuantías del bono social térmico, el Ministerio de Transición Ecológica recibirá 3.000 para sufragar el 50% del recibo del gas a tres millones de hogares, más todos los que se añadan en los próximos meses ante la avalancha de usuarios que se pasarán del mercado libre a la tarifa regulada (TUR) para obtener la subvención. De ahí sale la cifra que dio Sánchez. El resto de ayudas anunciadas por el presidente no tiene coste alguno para el erario público, pero suponen un capital político añadido a menos de un año de las próximas elecciones generales.

El silencio de las empresas

A diferencia de lo que ocurrió con decretos anteriores, las empresas no han puesto el grito en el cielo frente a una medida que, al menos sobre el papel, tendrán que sufragar ellas. Fuentes del sector lamentan que todas las ayudas se dediquen al gas, pero nadie lo dice en público. El silencio resulta elocuente. Las eléctricas confían en que la medida apenas suponga un perjuicio para ellas, debido a dos razones: no solo podrán repercutir la mayor parte de la financiación del bono, sino que se prevé que esta no sea muy elevada. Las dificultades para hacer llegar la ayuda a sus destinatarios justifican la tranquilidad de las compañías.

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Ya en marzo, el Ejecutivo modificó los requisitos del bono social para intentar que alcanzase a las clases medias bajas afectadas por la inflación. Transición Ecológica anunció entonces que preveía aumentar en 600.000 el número de perceptores, hasta los 1,9 millones. Más de medio año después, la cifra sigue estancada en 1,3. Con la extensión temporal de la medida para los hogares de bajos ingresos, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, podría suceder lo mismo. Los potenciales beneficiarios son muchos más, porque los umbrales de renta resultan menos exigentes que los que había hasta ahora. Sin embargo, la ampliación de primavera no sirvió para incorporar a nuevos hogares, lo que hace prever que los 1,5 millones que ahora estima el Ejecutivo acaben siendo muchos menos. En todos los casos, para recibirlo hace falta ser cliente de la tarifa regulada.

Las propias empresas tienen el control de las ayudas, y las asociaciones de usuarios han denunciado en numerosas ocasiones que aprovechan este hecho para dilatar los trámites. La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió este miércoles a las comercializadoras que evitasen "comportamientos obstruccionistas" en la concesión del bono. El Ejecutivo se quiere poner el parche antes de la herida por si el enésimo intento de extender la ayuda a más familias vuelve a chocar contra el muro burocrático. Pase lo que pase, lo único claro es que a Hacienda le saldrá gratis.