Los hogares más pobres con descuento en el recibo de luz escalan al máximo histórico

Cada vez hay más vulnerables severos, la categoría de hogares más pobres con derecho al bono social, el descuento del recibo eléctrico. 656.086 viviendas ya están adscritas a esta rebaja del recibo eléctrico a la que solo se pueden apuntar familias y convivientes con unos niveles de renta muy bajos, según los últimos datos publicados por la CNMC correspondientes al mes de julio.

Se trata de la cifra más alta nunca antes registrada y coincide con la mayor crisis de precios energéticos de la historia. Ni en los meses posteriores a la pandemia se registraron tantos consumidores vulnerables severos.

El regulador detalla que entre estos hogares que más pobreza sufren, 503.440 son unidades familiares de hasta cuatro miembros y convivientes que comparten hogar. 101.226 son familias numerosas, mientras que 50.167 vulnerables severos son pensionistas. Además, hay una cuarta categoría registrada por la CNMC de perceptores de ingreso mínimo vital, que suma 1.253 consumidores que también tienen derecho al bono social.

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Los consumidores vulnerables severos tienen, desde el pasado mes de octubre, derecho a un 80% de descuento de su factura eléctrica hasta finales de 2023 que costean las compañías, quienes a su vez trasladan esta bonificación social al resto de consumidores vía factura. Además, dichos hogares más pobres pueden solicitar el bono social térmico, para el pago de calefacción que se costea vía presupuestos generales del Estado.

Para ser considerado consumidor vulnerable severo, los ingresos de estos hogares tienen que estar entre los 6.000 euros brutos al año para demandantes individuales hasta un máximo de 16.212,56 euros brutos al año cuando se trata de familias numerosas de cinco miembros o más. Estos umbrales se pueden elevar en caso de estar considerado como colectivo especial: diversos grados de discapacidad, ser dependiente o víctima de violencia de género o de terrorismo.

Para ser vulnerable severo, los ingresos tienen que estar entre 6.000 €/año para demandante individual y 16.212,56 €/año en familia numerosa

Fuentes del sector señalan que el aumento de los consumidores vulnerables severos se debe, en parte, a que en marzo el Gobierno extendió ligeramente las condiciones para estar adscritos a esta modalidad del bono social, lo que ha hecho que algunas familias que percibían el descuento en la categoría de vulnerables pasen a percibir la rebaja máxima de vulnerables severos.

Por otro lado, se creó la categoría de unidad de convivencia. Es decir, que no solo las familias pueden acogerse a esta protección, sino también aquellos hogares que sin ser parientes directos puedan acreditar los bajos niveles de renta exigidos. En cualquier caso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó esto como un gesto simbólico en marzo.

Entre los considerados vulnerables en categoría general, que suman casi 600.000 hogares, están las familias numerosas. 245.345 hogares de cinco o más miembros se benefician de un descuento del 65% de su recibo a costa del resto, sin que tengan que cumplir con ningún criterio de renta. Un planteamiento criticado desde las diversas instituciones como la Comisión Europea, el BCE, el FMI o la OCDE, que piden centrar las ayudas en los vulnerables.

Pese al creciente número de hogares vulnerables severos adscritos al bono social —cada vez más castigados por la espiral inflacionista de precios que afecta a otros bienes de primera necesidad como la comida—, existen muchas más familias que no se encuentran bajo este sistema de protección. Desde el sector, señalan que son los servicios sociales y ONG que trabajan con estos colectivos quienes muchas veces lo solicitan, ya que en repetidas ocasiones estas familias pobres desconocen su derecho a beneficiarse de estas ayudas.

Además, el sistema siempre ha chocado con la burocracia. El Gobierno pretende aumentar el número de beneficiarios totales, que se encuentra estancado en algo menos de 1,3 millones de hogares desde hace años. La última acción ha sido crear una categoría de familias de bajos ingresos, más elevados que los que sirven al bono social, con la que se pretende que los consumidores costeen vía factura el 40% del recibo de hasta un millón de hogares.