El Gobierno reserva 5.000 M para pagar a cada hogar otros 70€ de luz y 375€ de gas

El Gobierno ha decidido reservar 2.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para pagar parte de la factura de la luz de este 2022 de los 29 millones de consumidores del mercado español (casi 70 euros al año de media por hogar), según el Real Decreto-ley 20/2022 aprobado este martes.

Además, prevé aportar otros 3.000 millones de euros para costear en torno a la mitad del recibo de todos los clientes que quieran acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR). En caso de que todo el mercado optara por esta opción, algo poco probable, supondría una ayuda de 375 euros al año de media por familia. No obstante, el Ejecutivo deja claro que si necesitara más fondos en caso de petición masiva de la tarifa regulada, ahora también subvencionada, lo solicitará.

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EFE

En total, 5.000 millones de euros del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica a sumar a las rebajas impositivas de la luz y del gas. Hacienda rebajó el IVA del 21% al 5% de ambos suministros. También redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%. Esto supone una merma de ingresos a las arcas públicas anuales de, aproximadamente, otros 4.000 millones de euros. Dichas medidas tratan de contener los recibo en un momento de precios récord de la energía tanto eléctrica como el gas natural. Un componente económico que provoca una subida generalizada de precios, como está demostrando los altos niveles de inflación subyacente.

La inyección de 2.000 millones de euros al sistema eléctrico está motivada, fundamentalmente, por la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica (conocido como el 7%). Este gravamen, que aportaba unos 3.000 millones de euros al año en cálculos de la Agencia Tributaria lo pagaban las eléctricas, que previamente lo habían trasladado a los consumidores a través de mayores precios de la energía. Dichos fondos se destinaban a pagar los costes fijos del sistema eléctrico.

Sin embargo, con la suspensión de este impuesto y la contención de precios de la luz, el Gobierno abre la puerta a que no haya fondos suficientes para pagar los costes del sistema (anualidad de la deuda histórica, generación extrapeninsular, primas renovables, etc.), ya que los cargos que pagan los consumidores han sido rebajados hasta en un 55% desde junio de 2021. La ley del sistema eléctrico obliga a que no se genere nuevo déficit, que aún carga con una deuda histórica próxima a los 10.000 millones. Además, se han hecho rebajas de cargos a las grandes industrias electrointensivas o se ha dado la gratuidad de los cambios de potencia. Unas mermas que se cubren con dinero público.

El decreto publicado este miércoles, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que "con el fin de contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, se aprueba un crédito extraordinario de 2.000 millones de euros para cubrir los costes financiados por los cargos que corresponden al ejercicio 2022. Con esta aportación de carácter extraordinario se pretende compensar el déficit del sistema eléctrico y contribuir al equilibrio del mismo".

"Se aprueba un crédito extraordinario de 2.000 millones para cubrir los costes financiados por los cargos que corresponden al ejercicio 2022"

"Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensará al sistema eléctrico por el importe equivalente a la reducción de recaudación consecuencia de esta medida [se refiere a la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica], limitando este importe al mínimo necesario para asegurar el mencionado equilibrio entre los ingresos y los gastos asociados a los cargos del sistema eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2023".

Cabe destacar que el Gobierno preveía, en el Real Decreto-ley 17/2021, destinar los fondos obtenidos de la minoración de ingresos a las nucleares y renovables con costes inframarginales que se estuvieran aprovechando de la subida del gas a financiar los cargos del sistema eléctrico. Por esa vía, se esperan obtener tan sólo 400 millones de euros, según publicó El Periódico de España.

Otras fuentes con las que el Gobierno pensaba pagar cargos de 2022 procedían de dos leyes que se decidieron suspender. Según el proyecto de orden de cargos para 2022 se estimaba que parte se podrían pagar con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y por la minoración de los beneficios extraordinarios por la subida del CO2. Sin embargo, el Gobierno decidió suspender la tramitación parlamentaria de ambas leyes.

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Esta merma de ingresos se compensó en parte con el Real Decreto-ley 6/2022 que cambiaba el régimen retributivo de las Renovables, la Cogeneración y los Residuos, conocido como Recore. Aunque mantenía su rentabilidad a largo plazo, recortaba sus ingresos a corto para compensar el pago de parte de los cargos y contener la factura de la luz.

En el caso de los 3.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado para las facturas de gas, están pensados para los usuarios que se acojan a la tarifa regulada. Además, a través del Real Decreto-ley 18/2022, el Gobierno decidió pagar también la deuda por el déficit generado por los consumidores con las compañías que daban esta tarifa desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022. Se estima que eso supone que los contribuyentes costeen algo más de 200 millones de euros, que adeudaban 1,5 millones de hogares, fundamentalmente a Naturgy y en menor medida Endesa, con una pequeña parte también para Iberdrola y TotalEnergies.