Bruselas prevé obtener 140.000 M de beneficios extraordinarios de la energía

La Comisión Europea desvela este miércoles su propuesta legislativa para luchar contra la escalada de los precios de la energía tras la reunión ministerial extraordinaria del pasado viernes. Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, ha dedicado buena parte de su discurso del estado de la Unión, la intervención anual ante el Parlamento Europeo con el que se abre el curso político, a la cuestión energética. La alemana ha anunciado que las medidas sobre los beneficios extraordinarios permitirán recaudar 140.000 millones de euros a la Unión Europea. De estos, 117.000 corresponderían a un tope a los beneficios de las energías baratas, y 25.000 a un impuesto a las fósiles.

“En nuestra economía social de mercado, los beneficios son positivos. Pero en los tiempos en los que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”, ha explicado la presidenta de la Comisión Europea. El paquete que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo comunitario es, en todo caso, solo el primer paso: ahora los Estados miembros tendrán que debatirlo en una futura reunión, que se celebrará el próximo 30 de septiembre. Hay todavía algunos asuntos en los que hay diferencias, otros en los que sí hay más consenso y uno, referente a un posible tope al precio del gas, que está todavía muy abierto.

Además, de cara al perio plazo, en su discurso Von der Leyen ha subrayado que la Comisión Europea considera una de sus prioridades para el próximo año la reforma del mercado eléctrico. "La configuración actual del mercado de la electricidad, basada en el orden de mérito, ha dejado de ser justa para los consumidores. Estos deberían aprovechar los beneficios de las energías renovables de bajo coste. Por lo tanto, tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad. Para ello, llevaremos a cabo una reforma profunda e integral del mercado de la electricidad". Algunas ideas similares, expresadas hace un año por el Gobierno español, fueron rechazadas por completo no solamente por parte de otros Estados miembros, sino también por parte del equipo de la presidenta del Ejecutivo comunitario.

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La propuesta de limitar los ingresos de las inframarginales, energías baratas que se están beneficiando del alto precio del gas, establece el tope en los 180 megavatio hora, y esa recaudación tendría que redirigirse a los consumidores más vulnerables. Se trata de la propuesta que obtuvo un mayor apoyo en la reunión extraordinaria de ministros de Energía que se celebró el pasado viernes en Bruselas. El límite ha sido bastante debatido, porque algunas fuentes apuntaban a que era demasiado alto. El documento señala que una simulación sobre los precios entre enero y agosto muestra que el límite de 180 euros/MWh generaría la “estabilización del ingreso medio en torno a 150 euros por MWh” lo que les daría el margen suficiente para “cubrir sus inversiones y costos de operación”. La cifra la han obtenido al establecer el límite sobre los costes de producción de la energía inframarginal más cara, que es el lignito, de forma que el resto de fuentes más baratas, como la nuclear o las renovables, contarán con un mayor margen de beneficio para reinvertir.

Otra de las patas de la propuesta es un impuesto del 33% a los beneficios extraordinarios; es decir, una ganancia superior al 20% de lo obtenido de más respecto a la media de los últimos tres años, de las energías fósiles, aunque, en este caso, el Ejecutivo comunitario evita denominarlo impuesto y se refiere a él como una “contribución” solidaria. “Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también están obteniendo enormes beneficios. Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis”, ha defendido Von der Leyen ante el hemiciclo.

España ha tomado ya medidas a nivel nacional, tanto con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas, como con planes para establecer un impuesto del 1,2% sobre los ingresos de las eléctricas, que ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados. Sobre el mecanismo, fuentes comunitarias consideran que no hay necesidad de modificarlo ni de sustituirlo, y sobre el impuesto nacional las fuentes señalan que los Estados miembros deben comprobar su compatibilidad con los objetivos generales que ahora marca la Comisión Europea. En un documento de trabajo anterior se hacía una referencia a la necesidad de derogar otras posibles medidas “paralelas” sobre los ingresos extraordinarios que ahora ha sido eliminada de la comunicación final.

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Un asunto mucho más sensible es la propuesta de ahorro de energía, que ya generó divisiones en la reunión de ministros de Energía. La Comisión Europea propone un ahorro del 10% en general y del 5% en las horas pico que, esta segunda, sea obligatoria, mientras muchos Estados miembros, entre ellos España, piden que ambos sean un objetivo voluntario. Algunos proponen incluso que se establezca un sistema similar al que se acordó para lograr un ahorro del 15% en el consumo de gas: una meta indicativa y voluntaria que puede convertirse en obligatoria si la situación empeora. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ya fue claro la semana pasada sobre su intención de que fuera algo obligatorio. “La reducción de la demanda durante las horas punta prolongará la duración del suministro y abaratará los precios. Por eso hemos propuesto medidas para que los Estados miembros reduzcan su consumo global de energía”, ha señalado Von der Leyen durante su intervención.

Las referencias de la alemana al gas han sido más vagas, porque la Comisión Europea no ha incluido ningún límite en el precio de su importación en la propuesta legislativa. Es una idea que estuvo en la reunión de ministros la semana pasada, algo que la propia Von der Leyen propuso antes de aquel encuentro, pero en su entorno consideran que se trata de un asunto demasiado complejo y divisivo.

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Hay un grupo de Estados miembros que consideran que hay que establecer un límite en el precio del gas que se importa desde Rusia; otros que opinan que eso habría que hacerlo con todos los proveedores para que se note en la factura de la luz, ya que ahora solamente un 9% del gas importado proviene de Rusia (frente al 40% hace un año), y un país en particular, Hungría, que no quiere ninguna de las dos cosas. En el equipo de Von der Leyen creen que la medida tiene que diseñarse con un cuidado extremo, que un error de cálculo puede provocar un problema de suministro, pero en todo caso se muestran muy reacios a la idea de un tope global que piden algunos países como Italia o Bélgica.

“Es necesario que sigamos trabajando para reducir los precios del gas. Tenemos que garantizar la seguridad del suministro y, a la vez, nuestra competitividad a escala mundial. Para ello, desarrollaremos con los Estados miembros un conjunto de medidas que tengan en cuenta la naturaleza específica de nuestra relación con los proveedores, desde los menos fiables, como Rusia, hasta los amigos en los que se puede confiar, como Noruega”, ha explicado Von der Leyen, confirmando así que el asunto no iba a incluirse en el paquete de propuestas actual.