El PSOE negocia con el PP el fondo público de pensiones ante la oposición de Podemos

La creación del fondo público de pensiones se está complicando más de lo que esperaba el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. La tramitación en el Congreso ha entrado en fase muerta de forma inesperada la semana pasada por la oposición de Unidas Podemos, lo que ha provocado que el Congreso haya vuelto a retrasar la tramitación de la normativa una semana más. Unidas Podemos se ha desvinculado finalmente del proyecto porque reclama eliminar los incentivos públicos al ahorro privado, por mucho que se canalice a través de un fondo público. El PSOE se ha quedado en minoría sin su socio de Gobierno y no puede contar con los votos de ERC tras el escándalo del espionaje.

Para salvar la tramitación antes del mes de julio, fecha en la que está comprometido este hito con Bruselas en el marco de los Fondos de Recuperación, el PSOE ha activado la negociación con el Partido Popular. Si el principal partido de la oposición votase a favor de este proyecto de ley, ya no serían necesarios más apoyos. Por este motivo, el Grupo Socialista en el Congreso ha vuelto a posponer la comisión parlamentaria en la que se votarán las enmiendas presentadas por los partidos una semana más y así ganar tiempo para la negociación.

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La parte socialista del Gobierno ha contactado en las últimas semanas con el PP para buscar un acuerdo, aseguran fuentes del Partido Popular. Sin embargo, a pesar de los contactos, no se han producido avances. El principal obstáculo se encuentra en los incentivos fiscales para las empresas por las aportaciones que hagan a los planes de pensiones de sus trabajadores. Los populares consideran que, si las empresas están obligadas a hacer la misma aportación que hagan los trabajadores, es justo que puedan utilizar ese gasto para deducirlo a través de un beneficio fiscal.

La reforma impulsada por el ministro Escrivá busca impulsar un fondo público de pensiones que puedan utilizar los trabajadores para evitar así los planes privados que han sido poco rentables y caros. El objetivo es estimular el segundo pilar del sistema de pensiones, el de los planes de empresa. Esto es, un ahorro privado alimentado por las aportaciones de trabajadores y de empresas que puedan acordarse en la negociación colectiva.

Para el Gobierno, estos incentivos a las empresas son complicados, ya que el Ministerio de Hacienda impone restricciones a establecer más beneficios fiscales. De hecho, el comité de expertos que nombró Hacienda para la elaboración del libro blanco sobre la reforma fiscal ya reclamaba revisar todo el presupuesto de beneficios fiscales actual, que es uno de los causantes del déficit de recaudación de España respecto a Europa.

El PSOE ha ofrecido a los populares poner en marcha un estudio de la Autoridad Fiscal (AIReF) o del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) para analizar qué beneficios fiscales podrían contribuir a elevar el ahorro privado. Sin embargo, eso supondría una 'patada hacia adelante', ya que nada garantiza que las recomendaciones de cualquiera de estas dos instituciones vayan a cumplirse en el futuro. De ahí que el PP todavía mantenga su negativa a apoyar el proyecto de ley.

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Las negociaciones se intensificarán durante la próxima semana en un camino que está plagado de incertidumbres para los socialistas. La primera y más evidente es la falta actual de apoyos. Pero la segunda, y no menos relevante, es el impacto que tendría en la coalición un pacto con el PP para sacar una ley que no apoya Unidas Podemos. Una vez más, el Gobierno se somete a una gran presión interna.

El problema para Moncloa es que este es uno de los hitos comprometidos con Bruselas, por lo que no puede mirar para otro lado. La ley tiene que estar aprobada antes del mes de julio y será una de las llaves que desbloqueen el siguiente tramo de los fondos europeos, que en el segundo semestre del año ascienden a 6.000 millones de euros.

No solo eso: los próximos meses van a ser clave en las relaciones con la Comisión Europea. En primer lugar, porque llega el momento de recalcular la cuantía de los préstamos a los que tiene derecho España, que podrían elevarse hasta los 84.000 millones de euros. El motivo es que la asignación de los recursos está vinculada a la crisis económica que haya sufrido cada país y España es, claramente, el país europeo perdedor de la pandemia.

En segundo lugar, porque España está preparando la adenda al plan de recuperación para solicitar el tramo de los préstamos (lo que ha solicitado hasta ahora son las transferencias). Cumplir todos los hitos ya fijados sería un buen aval para la negociación de los créditos. La cuenta atrás ya deja poco margen y Escrivá necesita un acuerdo dentro del Gobierno o fuera.