El acceso a la sanidad y la educación saca del riesgo de pobreza a 1,26 millones de personas

¿En qué medida las ayudas públicas son capaces de sacar a una familia de la pobreza? La respuesta a esta pregunta la ha dado un reciente trabajo de Fedea (Fundación de Economía Aplicada), que ha llegado a la conclusión, al igual que otros trabajos académicos, de que su impacto es significativo. En particular, en dos materias que son nucleares en el ámbito familiar: la educación y la sanidad. Gracias a estas políticas públicas, en concreto, nada menos que 1,26 millones de personas salen del riesgo de pobreza.

O, expresado de forma más precisa, el número de hogares en riesgo de pobreza se reduce nada menos que un 32%. Pasó de 3,93 millones en 2018 (antes de la pandemia) a 2,67 millones, lo que da idea de su importancia. Y esto es así porque, gracias a las ayudas públicas, el umbral de pobreza pasa de 9.188 euros a 11.229 euros, por lo que de esta manera se excluye a muchas familias de ser consideradas pobres, ya que tienen acceso a prestaciones públicas de carácter esencial. Las prestaciones en especie en sanidad y educación, de hecho, añaden una reducción de la tasa de pobreza de 6,7 puntos, del 21,1% al 14,4%.

Como se sabe, la protección del Estado se puede ejecutar desde dos ángulos, que a veces actúan de forma simultánea, desde los ingresos (modulando los impuestos para beneficiar a las rentas bajas) y desde los gastos, también con el mismo objetivo. O, por supuesto, combinando ambas políticas. Este es el gran debate dentro de la socialdemocracia en las últimas décadas.

El peso de las prestaciones en especie (sanidad y educación) es más elevado que el de las prestaciones monetarias (pensiones)

El trabajo ha sido elaborado por algunos de los mayores especialistas en distribución de ingresos del país, los profesores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, que sacan una conclusión principal. Las prestaciones sociales en especie —educación y sanidad, sin contar otras partidas— representan casi un 89% de la renta bruta de los hogares pobres, lo que representa un porcentaje 2,6 veces mayor que para los hogares que superan el umbral de pobreza. Es decir, las políticas públicas tienen un fuerte impacto sobre la desigualdad de renta.

De hecho, el peso de las prestaciones en especie (sanidad y educación) es algo más elevado que el de las prestaciones monetarias (básicamente, pensiones). La mayor aportación de renta para los hogares en riesgo de pobreza procede del gasto público en servicios de sanidad (28,9%), seguida de la educación (18,7%).

Tasa de pobreza

¿Y quiénes se benefician menos de los servicios públicos esenciales? El trabajo estima que los colectivos con un saldo de la intervención pública menos favorable son las personas entre 30 y 65 años que viven solas, las parejas menores de 65 años que no tienen hijos y las personas menores de 30 años. Este último grupo, se recuerda, es uno de los que presenta una mayor tasa de pobreza, un 41,4%, si bien hay que tener en cuenta que se trata de un colectivo poco numeroso (un 2,3% de los hogares pobres y un 0,9% del resto).

Los más beneficiados, por el contrario, son las parejas sin hijos en las que, al menos, un miembro tiene más de 65 años, y los hogares formados por una sola persona mayor de 65 años. Estos son los dos grupos que pagan unos impuestos más bajos, en buena medida, dice el estudio, porque no satisfacen cotizaciones a la Seguridad Social. También quienes reciben prestaciones más altas, fundamentalmente, procedentes de pensiones de jubilación y viudedad, así como prestaciones en especie por el servicio de sanidad. A estos dos grupos les sigue el de las familias monoparentales, que es el que menos renta bruta media equivalente tiene, que obtienen un beneficio elevado, sobre todo, por las prestaciones en especie del servicio de educación.

Los datos de Eurostat muestran que España presentaba en 2019 la quinta tasa más elevada de pobreza relativa de la UE-27, por detrás de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia. La tasa de pobreza relativa, que en realidad es una medida de desigualdad, ya que con el mismo nivel de renta se puede ser ‘rico’ en una ciudad y ‘pobre’ en otra, se calcula a partir de un umbral de pobreza relativa determinado por el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente del país.

En 2019, para eliminar los efectos del covid, el gasto público total ascendió a 81.500 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad

Como se sabe, la importancia de las políticas públicas es especialmente relevante en los momentos de crisis, y su cuantificación permite conocer el esfuerzo que ha hecho cada Gobierno para paliar sus efectos económicos. Y así se puede calcular que los ingresos de mercado de los hogares, en términos equivalentes, cayeron durante el primer momento de la pandemia entre un 16% y un 18% en España y Bélgica, y entre un 24% y un 26% en el Reino Unido e Italia, respectivamente, sostiene el estudio. Gracias a la aplicación de medidas presupuestarias por parte de los gobiernos, sin embargo, habría reducido esas pérdidas medias en la renta disponible de los hogares al 4% en Bélgica y España, al 6% en Italia y al 8% en el Reino Unido. Es decir, caídas muy sustanciales que van más allá que las meras ayudas monetarias.

Para hacerse una idea de la relevancia que tiene tan solo la sanidad en la redistribución de la renta, solo hay que tener en cuenta que el gasto sanitario total ha pasado de 2.148 euros por habitante en el año 2015 a 2.451 euros por habitante en 2019, lo que supone un incremento anual medio del 3,3% en el quinquenio. En 2019, para eliminar los efectos del covid, el gasto público total ascendió a 81.500 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad, el 6,6% del PIB. En el caso de la educación, el gasto público para el conjunto de las administraciones y universidades públicas alcanzó en 2020 los 55.265 millones de euros, casi el 5% del PIB.