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La ley concursal limita la exoneración de deudas con la Administración a 2.000 euros
  1. Economía
Aprobada en el Consejo de Ministros

La ley concursal limita la exoneración de deudas con la Administración a 2.000 euros

El proyecto de ley supone la trasposición de la directiva europea, que el Gobierno ha querido ampliar para permitir las reestructuraciones tempranas de la deuda de las empresas en dificultades

Foto: La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. (Efe/Emilio Naranjo)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. (Efe/Emilio Naranjo)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la ley concursal que ha quedado listo para su remisión al Congreso en los próximos días para que quede aprobada definitivamente en el primer semestre del año. Se trata de una norma relevante orientada a mejorar los procesos de reestructuración de la deuda para evitar que empresas viables entren en fase de liquidación por no disponer de las herramientas para actuar de forma temprana. Una norma de calado que, sin embargo, mantiene la posición privilegiada de las Administraciones Públicas como acreedores, que entrarán en los procesos de exoneración de forma limitada.

La directiva europea ordena adelantar la fase de reestructuración y que las empresas que entren en una situación de vulnerabilidad puedan disponer de herramientas legales para afrontar el pago de su deuda. La norma actual no ofrece estos mecanismos, de modo que las empresas entran en la ley concursal cuando su situación ya es límite, de modo que se ven abocadas a la liquidación. Esta directiva del año 2019, ahora incorporada a la legislación española por el Gobierno, ofrecerá a las empresas herramientas legales para afrontar sus problemas financieros.

Foto: Imagen de una grúa en la bahía de Santander. (EFE/Pedro Puente Hoyos)

"No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por atravesar una situación económicas complicadas", ha afirmado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ley incide en "tres puntos clave", ha explicado la ministra. La primera es la ya señalada reestructuración temprana de la deuda en las empresas viables. Actualmente, las empresas no pueden iniciar un procedimiento de reestructuración de la deuda hasta que su situación financiera no está claramente comprometida, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia. En la fase de reestructuración, las empresas podrán utilizar sus activos para reducir su deuda negociando con sus acreedores la entrega de activos como pago para su pasivo.

"No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana"

La segunda es la "exoneración de deudas para los deudores de buena fe", ha explicado la ministra. Sin embargo, desde diversos sectores empresariales han lamentado que las Administraciones Públicas no actúen como un acreedor más, sino que mantiene la posición privilegiada del crédito público. En concreto, la norma introduce un máximo de 1.000 euros de quitas en las deudas con la Seguridad Social y otros 1.000 euros de deudas con Hacienda, aunque no en todos los casos el sector público entrará en las reestructuraciones. "Hemos entendido que la afectación al crédito público se tiene que hacer pero se ha limitado cuantitativamente a unas cantidades de hasta 1.000 euros en deudas a la Seguridad Social y otros 1.000 euros en deudas relativas a Hacienda", ha explicado la ministra. Sí que podrán entrar en este ajuste las deudas con clientes, según marca la nueva norma.

Por último, la norma simplifica los procesos de reestructuración y exoneración de deudas para que su puesta en marcha sea más rápida y ágil. En el caso de las microempresas, la ley incluye un procedimiento simplificado que evita que tengan que pasar por un auditor. Para estos procedimientos se habilitará una plataforma telemática de liquidación, donde la empresa ofrecerá todos sus datos económicos para fomentar la transparencia.

Foto: Vista de una torreta de alta tensión. (EFE/Eloy Alonso)

En el caso de las exoneraciones de deudas, las empresas podrán negociar un nuevo calendario de pagos con "exoneraciones provisionales", ha explicado la ministra. El Gobierno también busca reducir la intervención judicial en los procesos de reestructuración de la deuda empresarial. Así lo ha explicado Llop: "Todo ello bajo el principio de la mínima intervención de jueces y juezas".

Con esta ley, el Gobierno busca "garantizar que las empresas y los empresarios que se hayen en situación de debilidad económica puedan acceder a mecanismos de reestructuración y exoneración para evitar que tengan que entrar en causa de liquidación". Eso sí, la ley ofrecerá una alternativa de reestructuración sólo a las empresas viables, para evitar un repunte de la 'zombificación' del tejido productivo.

Hasta que la ley sea aprobada finalmente en las Cortes, el Gobierno mantendrá la moratoria concursal actual, que tiene vigencia hasta el mes de junio. Esta moratoria concursal evita que una empresa sea llevada a concurso por sus acreedores cuando entre en situación de morosidad. Esto ha permitido evitar un gran crecimiento del número de procedimientos concursales, pero no ha evitado que haya muchas empresas en una situación económica muy delicada.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la ley concursal que ha quedado listo para su remisión al Congreso en los próximos días para que quede aprobada definitivamente en el primer semestre del año. Se trata de una norma relevante orientada a mejorar los procesos de reestructuración de la deuda para evitar que empresas viables entren en fase de liquidación por no disponer de las herramientas para actuar de forma temprana. Una norma de calado que, sin embargo, mantiene la posición privilegiada de las Administraciones Públicas como acreedores, que entrarán en los procesos de exoneración de forma limitada.

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