El Gobierno rechaza bajar impuestos al recibo del gas pese a la escalada récord de precios

El Gobierno ha vetado una enmienda parcial a los presupuestos generales del Estado de 2022, actualmente en tramitación, que buscaba aliviar la carga fiscal para más de siete millones de hogares que consumen gas natural, materia prima cuyo coste se ha multiplicado por cuatro en los mercados internacionales desde mediados de 2021.

Fuentes parlamentarias destacan que este martes el Ejecutivo ha rechazado la propuesta del Partido Popular de debatir en las Cortes una rebaja del 21% al 10% del IVA del recibo gasista para las familias con consumos inferiores a 15.000 KWh/año, que abarca a todos los domésticos, así como una disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos.

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Dicha medida tienen por objeto, según la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, "proteger a los consumidores domésticos de la escalada del precio de la energía siguiendo el principio de neutralidad tecnológica".

A diferencia de lo que ocurre con la factura gasista, cuya fiscalidad no se ha tocado desde que se inició la crisis, el Gobierno redujo en junio el IVA de la electricidad al 10% desde el 21% para los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada (todos los domésticos) y anuló el impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. En septiembre, minimizó desde el 5,1% al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad.

Esta desigualdad en la fiscalidad de ambos suministros básicos ha levantado críticas del sector. Naturgy, primer operador de gas en España, pedía la pasada semana "un tratamiento fiscal no discriminatorio respecto al eléctrico para todos sus clientes y con ello poder mantener el equilibrio territorial y evitar discriminaciones en comunidades autónomas de zonas más frías con mayor consumo energético". Días antes, Gas Industrial, patronal que engloba las empresas de alto consumo de gas como SEAT, Pamesa, Ence, Mahou San Miguel, Roca, Fertiberia o Esmalglass, también pedían bajar el IVA ante la dura coyuntura de precios.

La enmienda del PP recoge, tal y como vienen pidiendo las empresas gasistas a través de Sedigas, que se reduzca la carga fiscal mientras dure la difícil coyuntura internacional. De esta manera, la minoración impositiva estaría condicionada a que la materia prima esté por encima de los 30 euros MWh. Históricamente, el gas ha cotizado alrededor de los 20 euros MWh. Sin embargo, desde hace meses ronda los 80 euros MWh. En octubre, llegó a estar por encima de los 100 euros MWh.

Históricamente, el gas ha cotizado alrededor de los 20 euros MWh. Sin embargo, desde hace meses ronda los 80 euros MWh

Este mismo martes, la cotización del gas se ha disparado otro 10% después de que se conociera que Alemania ha suspendido temporalmente la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que permite a Rusia abastecer directamente a Europa sin pasar por otros países, como ocurre en la actualidad. La infraestructura es, actualmente, una tabla de salvación comunitaria para que se puedan normalizar los precios del gas, que a su vez actúan como subyacente del precio de la luz, también en récord histórico.

La enmienda que pretende bajar los impuestos al gas destaca, además, que la rebaja de precios tendría un efecto alivio para el IPC. El dato de inflación de octubre del 5,4% es el más alto desde hace 29 años y está generando cada vez más incertidumbre sobre la recuperación económica pospandemia.

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Sin embargo, el Ejecutivo tiene la capacidad de vetar una enmienda parcial a los presupuestos invocando el artículo 134.6 de la Constitución, que da competencia al Gobierno de impedir la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que supongan una alteración presupuestaria. El Ejecutivo ha justificado precisamente la merma de ingresos para no dar su conformidad a esta propuesta, destacan fuentes políticas, que sin embargo se quejan de que es una medida discrecional que se aplica como al Gobierno le parece.

Pocos días antes de que se presentara esta enmienda, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló en Radio Nacional que el Gobierno ha puesto techo a la subida de la tarifa regulada del gas para capear esta coyuntura de precios. Se trata de una medida que impide a las comercializadoras subir a los clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) más de un 4,4%. Si se hubiera aplicado la fórmula que establece el coste del recibo gasista, en octubre debería haber subido alrededor de un 30%.

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No obstante, cabe destacar que esto no significa que los consumidores acogidos a la tarifa regulada se libren de la subida, sino que se difiere y se tendrá que pagar a partir de abril de 2022, tal y como recoge el Real Decreto-ley 17/2021.

Por otro lado, dicha medida solo cubre a los clientes en tarifa regulada, que son alrededor de 1,5 millones de usuarios. Los otros 6,5 millones de euros están en el mercado libre, según los últimos datos de la CNMC, y no se aprovechan de esta ventaja. De hecho, esta medida puede tener un efecto de distorsión en el mercado, denuncian algunas comercializadoras de gas, ya que la tarifa regulada solo la pueden ofrecer las grandes gasistas (Naturgy, Endesa, etc.). Por el contrario, todos los consumidores de luz, estén en tarifa regulada o no lo estén, gozan de la rebaja de impuestos.

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Esto tiene un claro efecto territorial, ya que las provincias más frías son las que más gas consumen y por ende sufren una carga impositiva superior. Fuentes políticas creen que vetando esta enmienda, que también contenía medidas para bajar aún más los impuestos a la luz, el Gobierno evita el desgaste al tener que argumentar en su contra. Además, creen que no controla del todo el resultado. Fuentes empresariales aseguran que partidos como el PNV, Teruel Existe, BNG o incluso ERC, socios habituales de PSOE y Unidas Podemos, podrían ser favorables a bajar de forma coyuntural el gas mientras dure la crisis energética.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, siempre se ha mostrado reticente a bajar el IVA por los apercibimientos de la Unión Europea. Bruselas considera que en España se abusa de la figura del IVA reducido, por ejemplo, para hostelería. Sin embargo, la Comisión Europea lanzó una comunicación recientemente en la que invitaba a los países miembros a aplicar rebajas fiscales a la energía para capear esta crisis.