El Gobierno contempla que el pago en diferido del recibo del gas empiece en enero

Los españoles empezarán a devolver la parte no pagada de la factura del gas del último trimestre a partir 1 de enero, siempre y cuando el incremento del coste de esta materia prima no supere el 15%. El Gobierno ha marcado esa fecha para revisar la factura regulada y decidir si empieza a aplicar o no el polémico pago en diferido contemplado en la batería de medidas para paliar los efectos del encarecimiento de la energía.

El real decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aporta nuevos detalles sobre la medida del Ejecutivo, que afecta a 1,5 millones de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso. Hasta ahora solo se sabía que el Gobierno establecería un tope del 4,6% para el encarecimiento de la factura regulada para el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, frente al 29% previsto. Ahora empieza a aclararse cómo se va a devolver el dinero adeudado a las comercializadoras.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

Marcos Lema

La clave está en la disposición adicional séptima del documento, donde se establecen dos condiciones para lo que se califica eufemísticamente de "recuperación". La primera es que el incremento del coste de la materia prima, que representa aproximadamente el 30% del montante total de la tarifa regulada, no supere el 15%. Con ello, el Ejecutivo garantiza que, mientras el gas siga por las nubes, los españoles no tendrán que empezar a devolver el dinero que ahora se les rebajará. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha situado el horizonte de normalización de precios en abril, lo que explica que la medida excepcional se prolongue hasta el 31 de marzo.

Sin embargo, el Ejecutivo contempla que el pago en diferido pueda comenzar tres meses antes: el 1 de enero. Esta segunda condición le permite cubrirse las espaldas por si el escenario es más favorable de lo esperado. Para el primer trimestre de 2022 existen, por tanto, dos posibilidades. En el caso de que el coste del gas suba más de un 15% respecto a la revisión anterior, prevista para el próximo 1 de octubre, se aplicará el tope y, por tanto, la factura no se encarecerá más de un 4,6%. En cambio, en el caso de que el gas suba menos, no solo no se topará, sino que se empezará a devolver la deuda del trimestre anterior.

La probabilidad de que esto último suceda es reducida, en un escenario inflacionista desbocado que ha llevado a la materia prima a triplicar su precio de mercado en el último año, hasta superar los 50 euros por megavatio hora. Sin ir más lejos, el coste calculado por el Gobierno ha subido un 100% desde la última revisión, el pasado 1 de julio. Para hacer su estimación, Transición Ecológica tiene en cuenta el coste de gas de base, vinculado a la cotización del barril de crudo Brent, y un coste de gas estacional, dependiente de la cotización de los futuros del gas natural en el mercado NBP, así como de la cotización de las opciones de dichos futuros.

TE PUEDE INTERESAR

El precio del gas se duplica y anticipa un crudo invierno para millones de hogares

Carlos Sánchez

El método de la devolución será similar al que se sigue con la bombona de butano. El consumidor irá retornando vía recibo el importe adeudado a las empresas comercializadoras hasta un tope del 15%. Es decir: si el gas solo sube un 4% respecto a la revisión anterior, se simulará que habrá subido un 15%, y esa diferencia será abonada por el usuario para ir subsanando la deuda con las comercializadoras.

El sistema funciona para aliviar las cargas para el consumidor a corto plazo, a costa de aumentarlas a largo, en un escenario que el Gobierno prevé más favorable debido al abaratamiento del gas. Se trata de una fórmula similar al del déficit de tarifa de la factura eléctrica. Al final del proceso, lo más probable es que el saldo sea favorable a los hogares conectados a la tarifa del último recurso a costa de las empresas: el real decreto contempla una devolución con un interés del 1,104%, muy inferior a la actual inflación (3,3%).

Los usuarios de la tarifa regulada son, en su mayoría, clientes domésticos y pymes. Se trata de un sistema alternativo al de las tarifas libres de las comercializadoras privadas, que está vigente desde 2009 y al que se pueden acoger todos los consumidores conectados a presiones inferiores a 4 bar y con consumos anuales que no superen los 50.000 kWh.