El Gobierno explora seis medidas para bajar la luz mientras espera una solución europea

El Gobierno trata de encontrar fórmulas que ayuden a disminuir el recibo de la luz más allá del recorte a las eléctricas y la rebaja fiscal implementada en el Real Decreto-ley 17/2021 del pasado mes de septiembre. El progresivo empeoramiento del contexto internacional de los precios energéticos está llevando el coste de la electricidad a unas cotas alarmantes: la pasada semana, el mercado mayorista rozó los 300 euros MWh cuando antes de esta crisis rondaba los 60 euros MWh.

Con este panorama y tras constatar que la nueva regulación contiene fallos que deben corregirse, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado una ronda de encuentros con el sector, incluidas las grandes empresas. Hasta ahora, todos proponen soluciones, pero ninguna es 100% del agrado del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, consciente de los efectos secundarios que conlleva cada una de las medidas. No obstante, fuentes próximas al Gobierno señalan que las alternativas son limitadas y el ministerio está abierto a incluir soluciones adicionales, a la espera de que Bruselas pueda dar una respuesta contundente que pueda dar la vuelta al escenario, algo que por ahora no contemplan en el Ejecutivo, más allá de pequeños ajustes.

Ahora mismo, el departamento responsable de la política energética en España tiene sobre la mesa diversas medidas. Entre las mismas, estaría tomar parte del exceso de retribución que están recibiendo las renovables con prima y cuya rentabilidad está regulada. También se baraja suspender, durante el tiempo que dure la crisis energética, el pago de la deuda histórica del sistema eléctrico. Otra alternativa es limitar las subidas y generar déficit para pagar más adelante (como se ha hecho con el recibo del gas).

Otra propuesta que ha recibido el ministerio es utilizar las reservas de gas, compradas a precios baratos, para que produzcan los ciclos a menor coste y el precio marginal del mercado mayorista baje. También contempla la posibilidad de fijar un precio a largo plazo a la nuclear que suministre a los hogares. Además de lo anterior, el Ejecutivo ya tiene en consulta pública la modificación de la tarifa regulada para ofrecer desindexar del mercado mayorista el recibo de los pequeños consumidores, una medida que, aunque evitaría la volatilidad, tampoco es del agrado de todas las asociaciones de consumidores.

Con todo, lo más deseable para el Ejecutivo —aunque lo menos esperado— sería que Bruselas articule una solución homogénea para toda Europa que permitiera a España deshacer la madeja actual. Más allá de las bajadas fiscales y proteger a los vulnerables, medida que consideran ya no se puede exprimir más, España quiere compras conjuntas de gas para abaratar su coste y cambiar el sistema de fijación de precios en los mercados mayoristas, algo que ha logrado que entre en la agenda, pero no se espera que se implemente.

Además, el ministerio estudia sacar del recorte a las eléctricas —la medida implementada más controvertida— los contratos que no aprovechan la subida del gas pero pagan el hachazo. Esto reduciría el ajuste y por consiguiente mermaría en parte el potencial de reducción de la factura, por lo que no se lograría el efecto deseado. La clave es saber cuántos contratos están fuera de mercado. Si son pocos, la medida es asumible. Si son muchos, el real decreto-ley, que se convalida este jueves, quedaría descafeinado y su efecto neutralizado. Ante este panorama, se buscan otras alternativas, siempre a la espera de que la Comisión y el Consejo Europeo aborden esta cuestión en los próximos días.

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Aunque todas las propuestas están encima de la mesa, Transición Ecológica no ha encontrado a día de hoy nada mejor que el recorte de las tecnologías inframarginales (hidráulica, nuclear y renovables sin subvención). Las fuentes consultadas son conscientes de que la nueva regulación se hizo con poco tiempo y tiene problemas que subsanar e incluso puede que potenciales litigios planteados por las eléctricas —que se dan por descontados— puedan perderse. Pero, pese a ello, las otras alternativas no son en suma mejores, por lo que la cuestión a resolver es altamente complicada, ya que consideran que no se puede hacer mucho más allá de dichas reformas. Y el problema cada vez es más acuciente: desde el punto de vista económico, la inflación crece y la industria sufre: Fertiberia ha decidido parar y otras grandes consumidoras limitan su producción para esquivar la tormenta energética. Y desde el punto de vista político, el ministerio carga con la losa que se impuso Sánchez de que laa luz en 2021 se mantendría como en 2018, con Unidas Podemos ejerciendo incluso más presión sobre el PSOE que la oposición.

Los efectos secundarios adversos

Tomar los ingresos de las renovables con retribución regulada para pagar costes de la factura supondría quitar la liquidez a un sector que ya sufrió un duro recorte regulatorio en la anterior década con Zapatero y Rajoy, por lo que se estima que ahora el recorte tiene que venir de otra parte. Y por si esto fuera poco, una medida así activaría más arbitrajes internacionales contra España por el recorte a las renovables y haría perder los actuales, con el consiguiente malestar de la Abogacía del Estado, por lo que la factura reputacional y de litigios puede suponer un problema aún peor. Esta medida está siendo impulsada por Endesa, que no tiene casi exposición y trasladaría el problema a competidores como Acciona o Iberdrola. Se habla de un potencial recaudatorio de 4.000 millones de euros, pero las cifras son confusas. Las renovables con retribución específica, conocidas en la jerga sectorial como Recore, se compensan cada tres años y, aunque este ejercicio están cobrando de más, en 2020 cobraron de menos, por lo que meter el bisturí ahí es delicado.

Tomar la liquidez de las renovables con prima para bajar la luz activaría más arbitrajes y haría perder muchos de los actuales

Suspender el pago de la deuda del sector eléctrico evitaría sufragar 2.500 millones de euros al año, casi lo mismo que estimaba el Gobierno quitar a las eléctricas. Pero el problema vendría de la vicepresidencia primera, que lidera Nadia Calviño. Hacer una moratoria sobre el pago de la deuda castiga la credibilidad de España ante los inversores internacionales que sufragan los bonos del Tesoro Público en un momento en que se busca la recuperación y cuando la deuda pública está en el nivel más alto en un siglo (subió hasta el 120% tras la crisis del covid-19). Para las fuentes consultadas, supondría un 'default' ante los acreedores homologable al que hizo Argentina con su deuda pública.

Algo similar sucede si se congela la factura a costa de crear déficit en el sistema eléctrico, que aún carga con una mochila de cerca de 15.000 millones de la crisis anterior. Con el añadido de que bajar la luz a costa de generar más deuda podría ser considero por Bruselas una ayuda de Estado. No hay que olvidar en este punto que el resto de grandes países europeos, y sus sistemas productivos, está pagando la luz tan cara o más que España, por lo que no asumir este coste para que se acumule para el futuro dificilmente lo admitirían países como Alemania, Holanda o los nórdicos. Caso distinto, a efectos de competencia, sería si se articulara una solución así en toda Europa.

Otra propuesta que sobrevuela el ministerio es tirar de las reservas estratégicas de gas, compradas mucho más baratas que el precio actual y que permitirían producir electricidad a precio mucho más barato. De nuevo, el problema es que Bruselas podría considerar esta maniobra una ayuda de Estado que generaría competencia desleal entre miembros de la Unión Europea. Por otro lado, se considera en el sector una temeridad, ya que esquilmar las reservas de gas con la escasez internacional podría llevar en invierno, cuando haya episodios de máxima escasez por elevada demanda, a unos precios estratosféricos e incluso a que se produzcan cortes, un escenario letal desde el punto de vista social, económico y político. Fuentes del sector expertas en energía señalan que la última vez que se pudo tirar de las reservas estratégicas fue en la guerra del Golfo y además la medida venía auspiciada por la Agencia Internacional de la Energía.

Regular el precio de la nuclear para entregársela a los domésticos, como propone Iberdrola, de nuevo supone incumplir el reglamento interior de mercado, ya que sería sacar esta tecnología del 'pool'. Francia ha hecho algo que parece similar pero no lo es: su parque nuclear es un monopolio al estar concentrado en su empresa pública EDF. Lo que hizo el Gobierno es obligar a destinar parte de esta producción a otras comercializadoras a un precio regulado para que de alguna manera se produjera competencia. Además, las eléctricas ofrecen esta solución —la de dar un precio fijo más barato que el 'pool' actual— a cambio de que las nucleares tengan un precio regulado de por vida y hasta su cierre. Es decir, algo que ahora puede ser barato, a medida que avance la transición hacia las renovables, podría volverse caro.

Sin alternativas mientras crece el recorte

Por todo lo anterior, aunque el Gobierno esté abierto a modificar el actual recorte, por ahora no acaba de ver una alternativa real mejor al recorte a las eléctricas, de ahí que la ministra busque soluciones entre las grandes operadoras. Este lunes, se verá las caras con Acciona, y el miércoles con Iberdrola y Naturgy. El pasado viernes se reunió con EDP y el jueves, con Endesa.

Pese a la falta de agrado total de las soluciones estudiadas, son conscientes de que se debe matizar el actual Real Decreto-ley 17/2021. El recorte previsto inicialmente ya va por el doble, dado que el gas ha subido mucho más de lo esperado. Un escenario de toma de beneficios que las eléctricas califican de confiscatorio y expropiación grave. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, calificó la política del Gobierno de "intervencionismo terrorífico" la pasada semana.

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Ahora está por ver qué hace el Gobierno con esos ingresos más allá de lo previsto. Si inicialmente se prevía recaudar 2.600 millones para pagar los cargos, que ya están suspendidos para que baje la factura de la luz, la subida de precios hace que el recorte sea aún mayor. Esto se debe a que se estimó un hachazo con el gas a 50 euros MWh y actualmente ronda los 100 euros MWh. Devolver parte de esa subida a las eléctricas podría contener los ánimos, pero por ahora algunas empresas se muestran inflexibles y no admiten otra posibilidad que no sea hacer caer el recorte. Además, están siendo beligerantes: Iberdrola, la más visible en la batalla, ha paralizado inversiones en renovables. La eléctrica vasca, Endesa y Naturgy amenazan a los clientes con romper o encarecer sus contratos si se mantiene la regulación actual. Pese a todo, en la órbita del Gobierno no pasan por alto el hecho de que, tras el recorte y las caídas en bolsa de las 'utitilites', las grandes agencias de calificación no han bajado el 'rating' de las eléctricas. Un argumento en línea con lo que expresó el presidente del Gobierno del recorte: "Se lo pueden permitir".

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Por todo ello, no se espera una solución que convenza a todas las partes. Y si Bruselas no da una alternativa audaz, que tampoco se espera a pesar de la presión de Ribera y Sánchez la pasada semana en el ámbito comunitario, el recorte a las eléctricas se mantendrá, aunque sea con matices. Pese a que el Gobierno es consciente de que puede perder ante una posible impugnación, el camino judicial, que pasaría por acudir al Tribunal Consititucional y a Europa, podría demorarse entre cuatro y seis años, aseveran fuentes jurídicas. Un escenario temporal que no preocupa al Ejecutivo cuando la crisis económica y política generada por el precio de la luz se espera que se extienda hasta mediados de 2022.

Pero en el corto plazo, la situación amenaza con arrasar la economía por la elevada inflación: el IPC ya está en el 4%, el nivel más alto desde la crisis de 2008. Por otro lado, cada vez se complica más la promesa de Pedro Sánchez, que a principios de septiembre aseguró que la luz se mantendría al nivel de 2018 tras descontar el IPC. Esta autoexigencia buscaba desinflamar el malestar social —llegó a haber amenazas veladas de movilizaciones en las calles— y contener el desgaste que estaba sufriendo el PSOE por la subida de la luz de la oposición, pero sobre todo de su socio de gobierno, Unidas Podemos. Por ahora, la encrucijada se revela imposible de solventar complaciendo a todas las partes. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se mantiene en el ojo del huracán.