El ascenso de Díaz abre una nueva relación de poder con Calviño y Escrivá

Se suele dar por bueno que todo Gobierno es de coalición entre el ministro o ministra de Hacienda y el resto de colegas. Los 15 meses de Pedro Sánchez gobernando al alimón con UP han demostrado que esto no es así. La titular de Hacienda hace piña con la vicepresidenta Calviño, mientras que los ministros del área de Unidas Podemos (a través de Iglesias) han puenteado a la ministra de Economía —que es la ‘jefa’ de Montero— acudiendo directamente a Sánchez para resolver las disputas, como ha sucedido durante la aprobación del paquete de ayudas directas. Es decir, hay dos gobiernos en uno, lo cual no es bueno ni malo, es, simplemente, coherente con la existencia de dos formaciones (tres si se incluye a Izquierda Unida) que vienen, como dijo ayer Sánchez, de culturas distintas, pero, sobre todo, que luchan por un espacio político próximo.

Este esquema de funcionamiento es el que, muy probablemente, salte por los aires si se confirman los nombramientos. En primer lugar, porque el peso político de Iglesias no es el mismo que el de Yolanda Díaz. Es claramente superior, aunque en ambos casos se trate de vicepresidentes segundos. En segundo lugar, por algo mucho más sutil, que tiene que ver con el hecho de que los 15 meses de Díaz en el Gobierno han dado de sí numerosos enfrentamientos con Calviño en cuestiones como el salario mínimo (el desenlace en los próximos meses); los ‘riders’, aunque al final se llegara a un acuerdo; la regulación de los alquileres; por supuesto, la derogación de la reforma laboral, o, incluso, la reforma de las pensiones.

En unos casos, Calviño ha doblado el brazo a Iglesias y en otros ha sido al revés, pero en todos los momentos Díaz ha estado en el otro lado de la parte del tablero que controla la vicepresidenta tercera. Pero entonces no importaba porque una era ministra y la otra vicepresidenta, pero ahora han cambiado las tornas. Yolanda Díaz también lo será, pero segunda, mientras que Calviño seguirá siendo tercera.

La última decisión

Es verdad que la ley de Gobierno no establece ninguna jerarquía orgánica ni funcional entre vicepresidentes. De hecho, es una mera clasificación numérica, no política. Esa ley, en concreto, deja bien claro que los vicepresidentes actuarán “en el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente”. Por lo tanto, será Sánchez quien tendrá la última decisión.

Existen, sin embargo, dos jerarquías dentro de las vicepresidencias perfectamente delimitadas. Una se produce en caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente del Gobierno, en ese caso, sus funciones son asumidas (artículo 13 de la Ley de Gobierno) por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos. Y la vicepresidenta primera, como se sabe, seguirá siendo Carmen Calvo.

El otro supuesto en el que existe jerarquía es en la presidencia de las comisiones delegadas del Gobierno, en particular en la más relevante, que es la de asuntos económicos.

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En este caso, todo está atado y bien atado por parte de Sánchez, ya que un Real Decreto de finales de febrero de 2020 dejó claro que Calviño preside la Comisión Delegada y Montero es la vicepresidenta. A las reuniones, eso sí, podrá asistir Díaz en calidad de ministra, como también lo hace el ministro Alberto Garzón, más por su papel de líder de Izquierda Unida que por el contenido real de su departamento. La novedad, como se ha dicho, es que a ese encuentro asistirá la ministra de Trabajo, antes también lo hacía, pero ahora como vicepresidenta segunda.

Y lo que no es menos singular, allí se podrá ver las caras con el ministro José Luis Escrivá, con quien según fuentes de toda solvencia ha tenido importantes encontronazos. En unos casos derivados de la separación de Trabajo y de Seguridad Social, cuyos vasos comunicantes son algo más que evidentes, pero en otros por cuestiones políticas de fondo, en particular por las pensiones. No hay que olvidar que Yolanda Díaz, como portavoz de UP en la Comisión del Pacto de Toledo, fue quien se negó a suscribir el acuerdo en la anterior legislatura cuando estaba casi cerrado.

La ficha fantasma

Es en este contexto en el que hay que situar la ficha fantasma que llegó a la comisión delegada de asuntos económicos y que había que remitir a Bruselas sobre el periodo de cálculo de las pensiones. Una ficha apócrifa que fue aprovechada por Iglesias y Díaz para “disparar” contra Escrivá, pese a que este no llegó a plantear la propuesta de manera formal en ningún foro. Ni oficial ni oficioso. Fue el entorno de Iglesias, como ahora se dice, quién lo filtró para reventar la iniciativa pese a que el real decreto que ordenó la estructura y funciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no le da competencias sobre materia de pensiones.

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Aparte de de las pensiones, el otro gran motivo de disputa entre Díaz y Escrivá es el ingreso mínimo vital, cuyo funcionamiento ha sido criticado sin tapujos por Iglesias, y por Díaz de forma mucho más prudente, aunque con idéntica posición política.

El equipo económico que ha apoyado a Iglesias durante su presencia en el Gobierno, en concreto Nacho Álvarez, el secretario de Estado, reclamó en medio de la fase más dura de la pandemia un ingreso mínimo puente hasta que la Administración pudiera tener un programa bien articulado para que pudiera ser más eficiente a largo plazo. Pero Escrivá optó por aprobar en pocos meses un programa que, como él dijo en alguna ocasión, era “de legislatura”. El resultado es que una de las grandes bazas políticas de UP para su electorado no ha sido tan eficaz como se esperaba, y eso solo ha servido para agrietar las relaciones entre Trabajo y Seguridad Social. Al fondo, vigilando, Calviño.