La ley de prevención del fraude pone en pie de guerra a los aduaneros

El proyecto de ley contra el fraude fiscal, en realidad la transposición a la legislación española de una directiva comunitaria, ha puesto en pie de guerra los despachos de aduanas. Hasta el punto de que empiezan a hablar de despidos, huelgas e, incluso, de deslocalizaciones para evitar el régimen de sanciones y garantías que establece la ley. En particular, por el hecho de que los aduaneros serán responsables subsidiarios de los fraudes que puedan cometer sus clientes.

En concreto, la norma establece que las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores serán responsables subsidiarias de las deudas tributarias generadas durante los procedimientos de declaración o verificación de datos de las declaraciones aduaneras. Es decir, una responsabilidad añadida que, según Antonio Llobet, presidente del colegio de agentes de aduanas, no tienen otros colectivos como abogados, asesores fiscales o bancos que gestionan patrimonios de sus clientes. Esto hace, según Llobet, que el proyecto de ley sea “desproporcionado”, cuando su trabajo consiste en ser meros intermediarios entre los importadores y las aduanas.

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Lo que hace la ley, como refleja su exposición de motivos, es delimitar el ámbito de la responsabilidad solidaria o subsidiaria derivada de las liquidaciones aduaneras, cuya ambigüedad en anteriores textos había suscitado muchas controversias jurídicas, por lo que ahora se deja bien claro que alcanzan a los procedimientos de declaración y de verificación de datos de declaraciones aduaneras. Es decir, la documentación requerida durante el tránsito de mercancías puede convertirse en la carga de prueba contra los aduaneros, de ahí que el sector haya montado en cólera.

Régimen sancionador

La Administración argumenta que es habitual “la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos de las declaraciones informativas exigidas por la normativa aduanera”, algo que dificulta y, en ocasiones, impide la realización por las autoridades aduaneras de un análisis adecuado de riesgos y de los controles necesarios para supervisar el comercio de la UE. Esto explica que no solamente se hayan aumentado las garantías subsidiarias, sino también el régimen sancionador.

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En concreto, cuando se presente una declaración incompleta, inexacta o con datos falsos, la sanción consistirá en una multa proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 6.000 euros.

Lo que la controversia esconde, en realidad, es la existencia de un enorme agujero fiscal en el pago del IVA en operaciones interiores, lo que preocupa especialmente a la Comisión Europea, toda vez que se trata de una de las principales fuentes de financiación de la UE. Europol ha estimado que las pérdidas de ingresos pueden situarse entre 40.000 y 60.000 millones de euros por IVA causados por grupos de delincuencia organizada que operan en los Estados miembro.

Los aduaneros, sin embargo, responsabilizan del agujero a algunas administraciones nacionales, que, por su falta de diligencia y ‘expertise’, no son capaces de evitar el fraude.

Un número importante de despachos aduaneros puede optar por operar desde otros países o afrontar despidos para compensar el riesgo

Las consecuencias, sostiene Llobet, las pagará un sector que había empezado a levantar cabeza en los últimos años, pero que ahora se enfrenta a un duro ajuste debido a que un número importante de despachos aduaneros puede optar por operar desde otros países —no es necesaria la presencia física en el lugar de destino— o afrontar despidos para compensar el aumento del riesgo. Esta realidad, en su opinión, se va a imponer a partir de 2023, que es cuando entrará en vigor el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia.

Anteriormente, su responsabilidad pecuniaria se limitaba a seis meses, pero, con la nueva normativa, serán cuatro años en los que deben garantizar que no se ha cometido ninguna ilegalidad, algo que puede suponer un aumento de los gastos financieros para cubrir esas garantías, ya sea a través de avales o líneas de crédito. El sector de las aduanas agrupa unos 50.000 empleos de forma directa y alrededor de 150.000 de forma indirecta.