El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra el fraude para tener "tolerancia cero"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con el que transpone la última directiva europea y, además, aumenta el control sobre los contribuyentes nacionales para evitar la elusión y el fraude fiscal. "Se trata de un conjunto de medidas de gran calado", ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, su objetivo es tener "tolerancia cero" con los defraudadores. Se trata de un proyecto de ley que ya lleva varios meses 'en el horno', ya que el objetivo del Gobierno había sido que estuviera ya en vigor a finales de 2019. Tras su aprobación comenzará la tramitación en las Cortes para que esté aprobado definitivamente antes del inicio del año 2021. El Ejecutivo pretende incorporar los ingresos adicionales de la lucha contra el fraude, unos 828 millones de euros según la estimación del ministerio, a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Entre las medidas más importantes de esta nueva ley se incluye la prohibición del 'software' de doble uso para las empresas, que es utilizado habitualmente para llevar una contabilidad B al margen del control de Hacienda. Con esta norma, los 'software' utilizados para la contabilidad tendrán que contar con un certificado del Ministerio de Hacienda o, de lo contrario, tanto el fabricante del 'software' como la empresa que lo posea podrá ser multada.

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El Gobierno también limita los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros con el objetivo de que los grandes movimientos se realicen por vía bancaria y, así, quede un registro de los mismos. Montero ha anunciado que la intención del Gobierno es reducir progresivamente el uso del efectivo para así cercar el fraude fiscal. También se estrecha el control sobre las criptomonedas. Los inversores que tengan ahorros en criptomonedas deberán informar al Fisco de los saldos y titulares de esas monedas. La norma también incluye la prohibición de las amnistías fiscales.

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Además, la norma establece un control reforzado sobre grandes patrimonios y grandes empresas. El objetivo es que esta ley "permita perseguir comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra planificación fiscal abusiva", ha señalado la ministra Montero.

El Consejo de Ministros también ha aprobado dos decretos de igualdad retributiva y transparencia en el ámbito de la empresa para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. El Gobierno plantea una normativa para garantizar que los trabajadores tienen acceso a los tramos retributivos de sus empresas para comprobar si efectivamente se respeta el principio de 'mismo trabajo, mismo salario'.

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"Se acabó que un hombre y una mujer en una misma empresa puedan recibir emolumentos diferentes", ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Con estas dos normas, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener un registro salarial accesible para todos sus empleados. Este nivel de transparencia tiene que incluir también otros emolumentos y salarios en especie, de modo que se contabilice todo tipo de retribución con el que en muchas ocasiones se agudiza la desigualdad. Además, las empresas tendrán que contar con un plan de igualdad para corregir las brechas que puedan existir en la actualidad.

Se acabó que un hombre y una mujer en una misma empresa puedan recibir emolumentos diferentes

Díaz ha remarcado que el problema de la opacidad en los salarios está en la base de la brecha, ya que las trabajadoras no son conscientes de sufrir una discriminación y a qué cifra asciende. En España apenas hay denuncias de discriminación salarial y es porque esa desigualdad está oculta. Con estos dos decretos "damos una herramienta a los trabajadores y trabajadoras para que puedan tener un dato clave: el derecho a la información retributiva", ha remarcado Díaz. Las empresas tendrán seis meses para adaptarse al nuevo marco legal desde su publicación en el BOE.

Los decretos han sido negociados en el diálogo social con empresas y sindicatos durante todo el verano, pero finalmente no ha conseguido el respaldo unánime que sí ha logrado el ministerio con normas anteriores. Trabajo pactó los textos con UGT y CCOO, pero no con la CEOE, que ha criticado la norma por sus dudas legales.