especial atención a la sostenibilidad fiscal

Bruselas desinfla la estimación de ingresos del Gobierno para los nuevos impuestos

El Ejecutivo comunitario pincha las estimaciones de ingresos y pide vigilar de cerca el impacto fiscal de vincular las pensiones al IPC y de las subidas de sueldo a los funcionarios

Foto: Banderas europeas frente a la sede de la Comisión Europea. (Reuters)
Banderas europeas frente a la sede de la Comisión Europea. (Reuters)

El Ejecutivo comunitario ha dado este miércoles su aprobado general al plan presupuestario del Gobierno. En un año especial marcado por el impacto de la pandemia de coronavirus, los técnicos de la Comisión Europea han centrado su análisis en identificar hasta qué punto las medidas que están adoptando los Estados miembros son de carácter temporal o no. Junto a la luz verde al plan español, Bruselas ha lanzado un mensaje de alerta: los países con unos altos niveles de deuda pública, como España, Italia, Grecia y Portugal, deben prestar especial atención a la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Pero además, la Comisión Europea ha desinflado las estimaciones de ingresos del Gobierno.

El documento de trabajo del Ejecutivo comunitario cuestiona la capacidad recaudadora de las medidas que el Gobierno ha incluido en sus planes presupuestarios. Hace un mes María Jesús Montero, ministra de Hacienda, señalaba que, por ejemplo, el Gobierno obtendría 850 millones de euros gracias al nuevo impuesto a transacciones financieras, la llamada 'Tasa Tobin'. Sin embargo, la Comisión Europea tiene unas estimaciones muy inferiores: considerando los ingresos en otros Estados miembros, Bruselas espera que España recaude la mitad de lo que prevé el Gobierno, es decir, 425 millones de euros.

También rebaja la Comisión Europea las expectativas respecto a la capacidad recaudadora de la 'tasa Google', el impuesto a los gigantes digitales que entrará en vigor a mediados de enero. El Gobierno espera recaudar 968 millones de euros, pero los técnicos de Bruselas lo rebajan hasta los 800 millones de euros. Por último, el Ejecutivo comunitario también rebaja a la mitad lo que prevé que ingrese el Estado con las nuevas medidas legislativas de lucha contra el fraude: mientras el Gobierno prevé ingresar 828 millones de euros, la Comisión Europea lo rebajan hasta los 425 millones de euros "debido a la incertidumbre que rodea su implementación".

Por otro lado Bruselas también señala que hay una serie de medidas de ingresos que no han sido tenidas en cuenta por parte del Ejecutivo comunitario para su previsión de otoño, y que algunas de ellas han llegado sin detalles. Por ejemplo, el Gobierno recoge un incremento de la fiscalidad directa por valor de 550 millones de euros sin detalles, y también unos ingresos de indirectos por valor de 1.509 millones de euros que se incluyó en el plan presupuestario, pero que en el anteproyecto de presupuesto enviado al Congreso de los Diputados "no se especificó como tal".

Atención a las pensiones

Aunque Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejcutivo de la Comisión Europea, no hayan hecho referencia a ello, el documento de trabajo de los técnicos del Ejecutivo comunitario muestra como una potencial fuente de riesgo para la sostenibilidad fiscal a medio plazo la revinculación de las pensiones al IPC. "El plan presupuestario anuncia un reenlace de las pensiones a la inflación, lo que puede afectar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo. Según el plan presupuestario, esta medida se estima en un 0,1% del PIB". La Comisión Europea siempre se ha mostrado especialmente atenta a cualquier vinculación de las pensiones a la evolución de los precios, y cada vez que el asunto ha llegado a la capital comunitaria han solicitado que se tomaran medidas compensatorias.

Pero Bruselas no considera que esta medida ni tampoco la subida de salarios a los funcionarios sean lo suficientemente "relevantes", según Dombrovskis, para incluir a España en el grupo de países a los que la Comisión Europea ha señalado por adoptar medidas relevantes que no son temporales en el marco de la pandemia: Francia, Italia, Lituania y Eslovaquia. En el caso del resto de los países, incluida España, las nuevas medidas son "mayoritariamente" temporales.

En mayo de 2020 la Comisión Europea alertó sobre la precariedad de los jóvenes en España solicitó que, en "el difícil contexto económico y social que resulta de la pandemia" era necesaria "una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes". Ese comentario hilaba con unas frases anteriores. "El gasto en protección social sigue estando altamente orientado hacia las personas mayores, y el nivel de gasto en pensiones aumentará significativamente a mediano y largo plazo, en caso de que las desviaciones anunciadas de la reforma de pensiones de 2013 se hagan permanentes y no se tomen medidas compensatorias adecuadas", señalaba el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones. En febrero de 2020 la Comisión señalaba en la misma dirección cuando hablaba de la posible vinculación de las pensiones al IPC: "Esto ocurre en un contexto en el que se espera que la futura adecuación de las pensiones sea, por término medio, superior a la de la UE, y en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de menor edad, incluidos los niños".

Banderas europeas en el centro del barrio europeo de Bruselas. (EFE)
Banderas europeas en el centro del barrio europeo de Bruselas. (EFE)

En todo caso, y tras un análisis de unas estimaciones de ingreso por encima de lo que prevé la Comisión Europea y algunos gastos fijos nuevos, el Ejecutivo comunitario señala que la situación requiere ser "monitoreada". "Los planes de gasto para 2021 establecidos en el plan presupuestario indican una continuación de una tendencia de gasto por encima del crecimiento potencial del PIB. Estas tendencias, que requieren un estrecho seguimiento, son más visibles en el consumo intermedio, la remuneración de los asalariados y las transferencias sociales y se acentúan por la decisión de revalorizar las pensiones por inflación y subir los salarios del sector público. El impacto en la sostenibilidad fiscal de la (continua) revalorización de las pensiones por la inflación esperada y de los aumentos de los salarios públicos merece un seguimiento detenido", señala el documento.

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