¿Qué son la tasa Google y la tasa Tobin? Así te afectarán los nuevos impuestos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, dos tributos conocidos como tasa Google y tasa Tobin, respectivamente. Con estas medidas, incluidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo esperar recaudar unos 1.818 millones de euros: 968 millones por el primero de ellos y 850 millones por el segundo.

Aunque estas previsiones de ingresos han sido cuestionadas tanto por el sector tecnológico como por organismos nacionales e internacionales, el Gobierno no parece dispuesto a amedrentarse. De hecho, Hacienda ha decidido seguir adelante con el plan pese a las posibles represalias por parte de Estados Unidos, que ha forzado a Francia a suspender la aprobación de un impuesto similar con amenazas de imponer aranceles al vino.

No obstante, el Gobierno ha actualizado a la baja la previsión de recaudación anual de la tasa Google, en 232 millones de euros. Esto significa que los ingresos anuales previstos por el Ministerio de Hacienda para este impuesto son de 968 millones de euros, cifra que coincide con la previsión más optimista que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para este tributo. La entidad dio un margen de recaudación de 546 a 968 millones de euros, y el Ejecutivo ha elegido la más alta, por lo que todavía sigue generando riesgos sobre su cumplimiento. Las estimaciones tampoco cuadran con las cifras que maneja la Unión Europea, cuya hipótesis más optimista estima que España obtendría unos 360 millones de euros.

¿Qué es la tasa Google?

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, denominado popularmente tasa Google, prevé impuestos a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que estarían practicando "competencia desleal", especialmente al pequeño comercio. Siguiendo esta lógica, quedan excluidos de este impuesto ciertos servicios digitales:

• Venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea.
• Venta de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.
• Prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto.
• Servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.

El impuesto que aprobará el Gobierno es similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penalizaba principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook.

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De momento, el país galo aplaza el impuesto hasta que se pacte uno a nivel internacional en la órbita de la OCDE y la Administración Trump también paraliza los aranceles contra productos franceses. Lo que está por ver es cómo se tomará Estados Unidos este nuevo impuesto en España y si aplicará nuevos aranceles a los productos españoles, como ya hiciera en el caso francés.

¿Qué es la tasa Tobin?

Por su parte, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o tasa Tobin gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Se someterán a esta tributación las operaciones de adquisición de acciones de empresas emitidas en España cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, si bien en este caso también habrá excepciones:

• Compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
• Deuda tanto pública como privada y derivados financieros.
• Operaciones del mercado primario (salidas a Bolsa de una compañía).
• Reestructuraciones empresariales.
• Cesiones de carácter temporal.
• Operaciones entre sociedades del mismo grupo.

La idea de Pedro Sánchez es destinar lo recaudado por esta nueva figura tributaria a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Así lo expresó en septiembre a los sindicatos el Ministerio de Trabajo, que prometió garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. En otras palabras, se comprometía a cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir, así como a garantizar la sostenibilidad del sistema.