El avance de la pandemia pone bajo sospecha la credibilidad de los PGE 2021

El virus lo ha cambiado todo. Y también los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que antes de iniciar su tramitación parlamentaria ya están en entredicho.

No por su consistencia, ni tampoco porque no cuenten con una mayoría parlamentaria suficiente para ser aprobados, que eso se verá dentro de unas dos semanas en el debate de devolución, sino porque la pandemia ha puesto en cuarentena todas las previsiones de ingresos y gastos. Y hay que recordar, como reconoció este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “los cuadros presupuestarios beben de los macroeconómicos”, lo que es un reconocimiento expreso de que el grado de incertidumbre es mayúsculo hasta que no haya una vacuna o un remedio eficaz.

El propio Gobierno reconoce que, si no se cumplen las previsiones de la OMS, es decir, que una gran parte de la población pueda estar vacunada a lo largo del segundo semestre de 2021, el “periodo de convivencia con el virus deberá prolongarse”, lo que obligaría a mantener restricciones “que limitarían los niveles de utilización de la capacidad productiva, particularmente en algunos sectores de especial relevancia para España, como el turístico, la hostelería o el comercio”.

Es más, el Ejecutivo admite que la especialización productiva de la economía y la dualidad del mercado de trabajo (entre fijos y temporales) pueden suponer un “riesgo adicional” en caso de prolongarse el 'shock' sanitario más allá de lo previsto, “derivando en problemas de solvencia empresarial y de histéresis, dificultando la reincorporación al mercado de trabajo y la creación de empleo”. La probabilidad de un Brexit desordenado es otro factor a tener en cuenta.

Lo que se sabe, por el momento, es que el Estado dispondrá en 2021 de unos ingresos no financieros consolidados equivalentes a 320.230 millones de euros, de los que la mayor parte (el 68,5%) procederán de impuestos directos (IRPF o sociedades) y cotizaciones sociales, lo que supone un 7,5% más que este año 2020. El caso de sociedades es significativo, porque el Gobierno espera que los beneficios aumenten en 2021 por encima del 11%, en tanto que la base imponible del impuesto lo hará cerca del 10%. Aun así, y en caso de que se cumplieran estas previsiones, el año próximo no se recuperarán los niveles de recaudación de 2019.

El agujero fiscal

Por el contrario, los gastos consolidados previstos por operaciones no financieras ascenderán a 416.496 millones, lo que representa un 17,5% más respecto al avance de liquidación para este año. Es decir, que el déficit será equivalente a 96.266 millones de euros. En términos de PIB, eso significa un desequilibrio equivalente al 7,7%.

Ahora bien, si se tienen en cuenta tanto los activos como los pasivos, que son en realidad operaciones financieras en la jerga de la contabilidad, el resultado es que el presupuesto de gastos ascenderá a 550.484 millones de euros. Lo que supone un avance del 19,4%. Si se excluyen los fondos europeos, el incremento es del 13,6%. Es decir, casi el doble de lo que crecerá el PIB nominal (con inflación). El Gobierno, aunque aún no los haya recibido, ha incorporado para 2021 unas aportaciones de 27.000 millones a fondo perdido, ya que, por el momento, no ha echado mano de los préstamos concedidos (unos 67.000 millones) y que hay que devolver.

¿Y en qué se gastará ese medio billón de euros el Gobierno? Pues la mayor parte en pensiones: 163.297 millones, lo que significa el 39,2% del conjunto de ingresos no financieros; la segunda partida será el servicio de la deuda pública, que consumirá 31.675 millones, mientras que el gasto en desempleo se llevará 25.012 millones, aunque esta cifra está sesgada a la baja porque no incorpora el coste adicional de los ERTE más allá del 31 de enero.

El aparato del Estado

Para hacerse una idea de lo que significan están magnitudes, hay que tener en cuenta que el dinero previsto en servicios de carácter general, es decir, el gasto en el funcionamiento ordinario del aparato del Estado, sin contar salarios, asciende a 39.934 millones.

El caso de las pensiones es el más significativo. No solo por su cuantía sino por su evolución, como pone de relieve el hecho de que los 160.025 millones que se destinarán en 2021 (teniendo en cuenta las contributivas y las de clases pasivas) suponen 35.490 millones más que hace apenas media docena de años, lo que se explica por el envejecimiento y por la cuantía de la pensión media, más elevada.

Para hacer frente al aumento del gasto, como se ha dicho, el Gobierno dispondrá de 27.000 millones de los fondos europeos, y una parte significativa irá a la sanidad, como ha exigido Bruselas. En concreto, la política sanitaria se dota con 7.330 millones de euros, lo que supone un incremento de nada menos que 3.148 millones de euros respecto del ejercicio anterior. Ahora bien, sin contar con el dinero de la UE, el incremento hubiera sido de apenas el 4,9% (203 millones).

El caso de la educación es muy parecido. El crédito previsto son 4.893 millones, lo que significa un 70% más que en 2020. Sin embargo, excluidos los fondos europeos, el incremento es del 7,5% respecto de este año sobre el presupuesto inicial. Hay que tener en cuenta que el Gobierno no ha ofrecido información en términos de avance de liquidación, que es lo habitual para hacer comparaciones comprensibles.

Europa paga gasto corriente

Los fondos europeos, incluso, dan para financiar gasto corriente. En concreto, los gastos corrientes en bienes y servicios del Estado ascienden a 4.689 millones de euros, cifra que representa un 46,7% más que en 2020. El Gobierno reconoce que el gasto adicional, “en su mayor parte”, se financiará con cargo al dinero de Europa y se destinará, fundamentalmente, a gastos derivados de las operaciones de mantenimiento de la paz y migraciones.

En el caso de las inversiones reales, ascenderán a 8.233 millones de euros, con un aumento del 34%. Si se descuentan los fondos europeos, el incremento es del 9%.

Esta política de gastos se produce en un contexto presupuestario en el que el capítulo de beneficios fiscales, es decir, el dinero que deja de ingresar el Estado por todo tipo de bonificaciones, subvenciones o deducciones, por ejemplo, los IVA reducidos, no deja de crecer. En concreto, en 2021 ascenderá a 39.049 millones, lo que representa un incremento de 1.115 millones de euros.

Aunque la metodología para calcular los beneficios fiscales se ha actualizado, las principales partidas que aminoran los ingresos del Estado por decisiones discrecionales de los gobiernos son el IVA (20.491 millones), el IRPF (11.178 millones) y el impuesto de sociedades (3.872 millones). Es decir, en conjunto, una cantidad similar a lo que cuesta el funcionamiento del aparato del Estado sin contar los salarios de los empleados públicos.