Tras el acuerdo en el Pacto de Toledo

El Gobierno negocia la reforma de pensiones en dos fases para acelerar el 'déficit cero'

En primer lugar pretende sacar adelante los puntos en los que hay más consenso: indexación al IPC y separación de fuentes de financiación y dejará la edad de jubilación para la segunda fase

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso. (EFE)
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso. (EFE)
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La comisión del Pacto de Toledo logró cerrar el viernes el acuerdo buscado durante los últimos cinco años. Los partidos cerraron el texto de las recomendaciones que elevarán a la comisión para que sea ratificado y posteriormente al pleno del Congreso. Con ese texto ya cerrado, llega el turno del diálogo social en la mesa de pensiones donde el Gobierno, los sindicatos y las patronales quieren acordar el texto de la futura reforma del sistema de pensiones.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, convocó la semana pasada a los agentes sociales para constituir la mesa y comenzar así las negociaciones. Ahora que el texto de las recomendaciones ya está cerrado (podrían faltar algunos pequeños matices y los votos particulares de los partidos), por lo que tienen ya una base sobre la que construir el futuro sistema de pensiones.

Las conversaciones iniciadas plantean que la reforma se ejecute en dos fases. Una primera que será rápida para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y equilibrar las cuentas a corto plazo y otra segunda para lograr la sostenibilidad del sistema de cara a las próximas dos décadas cuando se jubilará la generación del 'baby boom'. Así lo explican fuentes del diálogo social a este periódico. De esta forma, el ministerio conseguirá avanzar sin demasiados problemas en la primera de las dos reformas y, además, cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que pide equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a más tardar en 2023.

Los agentes sociales también consideran que esta división de la reforma en dos partes es positiva, ya que permitirá que se haga 'camino al andar'. La primera parte de la reforma es apoyada por todas las partes, aunque en unos casos con más entusiasmo que otros, pero tiene todas las garantías para llegar rápidamente a buen puerto. Los sindicatos exigen recuperar la indexación de las pensiones al IPC y la CEOE no está en contra de este cambio una vez que el Pacto de Toledo ha adoptado esta recomendación.

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En cuanto al equilibrio a corto plazo del presupuesto de la Seguridad Social, la vía para hacerlo es pasar el déficit existente a los presupuestos generales del Estado. Esto es, profundizar en la separación de fuentes para que las cotizaciones se destinen exclusivamente al pago de las prestaciones contributivas. El ministerio ha localizado más de 20.000 millones de euros en "gastos impropios" que pretende sacar de la Seguridad Social en esta primera reforma del sistema.

Los sindicatos aplauden esta medida y también los empresarios muestran su aceptación. Para la CEOE, eliminar el déficit de la Seguridad Social supone descargar la presión que existe actualmente sobre las cuotas sociales, ya que es la única vía de ingresos ordinaria que tiene el sistema, además de las transferencias del Estado. Esto significa que si se suprime el déficit actual de las pensiones, no será necesario discutir sobre una hipotética subida de las cuotas sociales. En España, el tipo que se aplica sobre las cotizaciones empresariales es uno de los más altos de Europa, por lo que las empresas creen que no hay margen para subirlo.

Para cerrar esta primera fase de la reforma quedaría pendiente el factor de sostenibilidad, que todavía no se ha abordado. El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo este parámetro en la reforma del año 2013 y el objetivo es ajustar la pensión inicial de cada trabajador cuando se jubila a la esperanza de vida de su generación. De esta forma, se ajustaría la pensión que cobra cada jubilado a su esperanza de vida, para evitar que el desequilibrio del sistema siga aumentando.

El factor de sostenibilidad debería haber entrado en vigor en el año 2019, pero finalmente fue retrasado hasta el año 2023. El diálogo social tendrá que abordar ahora este punto, aunque todavía no lo ha hecho. Los sindicatos no han cerrado la puerta a algún mecanismo de ajuste con la esperanza de vida, pero rechazan tajantemente aplicar el factor de sostenibilidad aprobado por Rajoy.

El segundo asalto

En cualquier caso, la cuantía del factor de sostenibilidad durante los primeros años no será significativa, de modo que no debería ser un obstáculo para lograr un acuerdo rápido. Una vez que el pleno del Congreso apruebe las recomendaciones del Pacto de Toledo de forma definitiva, previsiblemente en noviembre, los agentes sociales no necesitarán mucho tiempo para cerrar la primera fase de la reforma.

Una vez superada esta primera parte, la Seguridad Social habrá conseguido recuperar la revalorización con el IPC y su equilibrio financiero. A partir de ese momento, ya con más calma, se abordarán las cuestiones más delicadas. El ministerio pretende acercar paulatinamente la edad efectiva de jubilación a la edad legal, pero para los sindicatos este es un camino de espinas. En primer lugar, porque no quieren penalizaciones para la jubilación anticipada y, en segundo, porque consideran que retrasar más la jubilación podría entorpecer la entrada de trabajadores jóvenes al mercado laboral.

Además, el Gobierno pretende reducir los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, una medida que contará con el rechazo frontal de las rentas altas. Además, quiere traspasar esos incentivos a los planes de empresa, copiando el modelo vasco que ha dado muy buenos resultados. El problema es que la estructura productiva de España y el mercado laboral existente es diferente al del País Vasco, donde hay mucha industria y empresas de mayor tamaño. De ahí que el diseño de esta medida vaya a ser delicado y tenga que abordarse sin precipitaciones. Por eso esta separación de la reforma en dos fases puede garantizar que salga adelante al menos una.

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