La Seguridad Social prepara incentivos para el retraso voluntario de la jubilación

La Seguridad Social está preparando fórmulas para incentivar el retraso voluntario de la jubilación y el endurecimiento de las penalizaciones a la jubilación anticipada para las rentas altas con el objetivo de elevar la edad efectiva a la que se jubilan los trabajadores. Así lo ha anunciado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El ministro, que ya adelantó antes de la pandemia su intención de fomentar un retraso voluntario en la jubilación, ha avanzado este miércoles las principales líneas de actuación que está preparando, aunque no ha llegado a concretar ninguna medida.

"A partir de 2025 se va a producir un aumento del gasto en pensiones como resultado del envejecimiento de la población", ha señalado el ministro, para lo cual "necesitamos tener mecanismos que vayan equilibrando los ingresos y los gastos". El principal canal para que la caja de la Seguridad Social pueda afrontar el envejecimiento es el retraso de la edad efectiva de la jubilación (no la legal), lo que permitirá elevar los ingresos y reducir los gastos. Por cada año de retraso de la edad efectiva de jubilación se reduce el déficit de la Seguridad Social en 1,2 puntos del PIB, lo que significa que si España lograra acercarse a la edad legal de jubilación (actualmente 65,8 años) conseguiría eliminar más de la mitad del déficit estructural del sistema.

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En los planes del ministerio no se encuentra tocar la edad legal de jubilación, que sigue aumentando año a año como consecuencia de la reforma del año 2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y lo hará hasta llegar a los 67 años en 2027. El objetivo es utilizar los incentivos y desincentivos para que los trabajadores, de forma voluntaria, alarguen su carrera laboral. En el caso de los incentivos al retraso de la jubilación, Escrivá ha señalado que España es uno de los países con menores bonificaciones dentro de la eurozona. En términos generales, la bonificación se sitúa en el entorno del 3,2% de aumento de la pensión para quienes retrasan la jubilación, muy lejos de otros países en los que alcanza el 6%, como es el caso de Alemania, o el 10% en el Reino Unido.

"España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación", ha explicado el ministro, lo que "pone de manifiesto hasta qué punto no hemos utilizado lo suficiente esta palanca para generar los incentivos a las personas para trabajar más años". El ministerio está analizando ahora los principales motivos por los que actualmente los trabajadores no utilizan la fórmula de la jubilación demorada, ya que aquí entran en juego otros factores importantes, como es el uso de la jubilación como herramienta de las empresas para ajustar sus plantillas, o la propia demanda de trabajo en estas franjas de edad. Escrivá también ha anunciado que su ministerio lanzará campañas para publicitar los nuevos incentivos a la demora de la jubilación, ya que los que existen actualmente son ampliamente desconocidos.

España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación; no hemos utilizado lo suficiente esta palanca

Al mismo tiempo, el ministerio quiere revisar la penalización a la jubilación anticipada que existe actualmente. La intención del Gobierno es modificar la aplicación de la norma actual que hace que las rentas altas tengan una penalización menor que las rentas bajas. En el caso de los cotizantes que alcanzan la base máxima, sufren una penalización del 2%, muy lejos del 8% que llega a aplicarse a las rentas medias y bajas. Escrivá ha señalado que "no está bien diseñada la penalización de la jubilación anticipada" y la modificará en la reforma que realice en los próximos meses.

Junto al aumento de la edad efectiva de jubilación, el ministerio pretende dar un impulso al ahorro complementario a través de los planes de empresa. Este sistema consiste en que las empresas retienen una parte del salario del trabajador y lo incorporan a un plan de pensiones, de modo que se construye una base de ahorro para la jubilación. Escrivá ha puesto como ejemplo el sistema vasco EPSV, que ha dado muy buenos resultados, pero que se beneficia de la estructura empresarial de la región que no se reproduce en el resto de España: empresas grandes y empleo estable en el sector industrial. El objetivo de Escrivá es introducir estos planes de empresa a través de la negociación colectiva y buscar fórmulas para que se apliquen también en las pymes, allí donde no existe representación sindical ni comités de empresa.

Un déficit del 2%

Escrivá ha anunciado que el déficit del Sistema de la Seguridad Social (no confundir con los Fondos de la SS que incluyen también al SEPE y al Fogasa), escalará este año hasta el 2% del PIB como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. Y eso a pesar de la transferencia extraordinaria que ha recibido el sistema de casi 15.000 millones de euros por parte del Estado. Los ingresos del sistema se situarán en el entorno de los 155.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico, mientras que los gastos escalarán por encima de los 175.000 millones. Como resultado, el déficit total superará los 20.000 millones de euros por primera vez. "Tenemos una situación transitoria en la que vamos a tener déficits adicionales elevados", ha explicado Escrivá.

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En términos absolutos, el volumen de déficit aumentará levemente, pero dado el desplome del PIB, en términos relativos subirá desde el 1,3% de 2019 hasta el entorno del 2%. Además, según Escrivá, no volverá hasta los niveles de 2019 hasta, al menos, 2022. Para reducir este déficit, Escrivá ha insistido en que la solución es pasarlo al Estado para que sea el Ministerio de Hacienda quien tenga que asumirlo en los Presupuestos Generales del Estado.

Tenemos una situación transitoria en la que vamos a tener déficits adicionales elevados

En concreto, la fórmula para hacerlo es profundizar en lo que se conoce como la separación de fuentes, que consiste en descargar a la Seguridad Social de gastos impropios del sistema, ya que son consecuencia de políticas discrecionales que nada tienen que ver con las cotizaciones y las pensiones. El ministro ha detallado que existen hasta 22.800 millones de euros en gastos impropios, la mayor parte en forma de políticas de empleo que tienen un coste de 11.300 millones de euros. Además, la Seguridad Social financia los complementos de maternidad, que cuestan más de 1.000 millones de euros al año, las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos que superan los 3.000 millones de euros, o las subvenciones a los regímenes especiales en forma de reducciones que superan también los 1.000 millones de euros. A esto hay que sumarle los casi 4.000 millones de euros que cuesta el mantenimiento del servicio desde las oficinas centrales hasta la atención al público.

Si finalmente la Seguridad Social se descargara de todos estos gastos de políticas de empleo y gastos operativos, el déficit se reduciría hasta cero y sería posible afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom' con las cuentas saneadas. Eso sí, el déficit simplemente se trasladaría al Estado, pero no se resolvería en ningún caso. Para lograrlo, sería necesario una importante subida de impuestos o un recorte del gasto.