Busca retrasar la edad efectiva de jubilación

La Seguridad Social endurecerá la jubilación anticipada voluntaria e incentivará retrasarla

El ministerio estudia medidas para elevar la edad efectiva de jubilación. También pretende potenciar los planes de empresa con estímulos fiscales procedentes de los planes de pensiones privados

Foto: El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso. (EFE)
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso. (EFE)

El Ministerio de Seguridad Social ha diseñado su receta para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas: retrasar la edad efectiva de jubilación. Lo hará penalizando la jubilación anticipada voluntaria e incentivando el retraso del retiro para los trabajadores, de modo que la edad efectiva de jubilación se vaya aproximando a la edad legal, que todavía está aumentando como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2011. Con esta estrategia se conseguirá limitar el periodo de tiempo que los mayores reciben una pensión y ampliar las carreras de cotización. Así lo ha anunciado el ministro de Inclusiones y Seguridad Social en su primera comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso.

La Seguridad Social está evaluando los actuales incentivos y desincentivos con la colaboración de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con el objetivo de revisarlos antes de que acabe el año para que sean más efectivos. Así lo confirman fuentes del ministerio que confían en tener lista la reforma de las pensiones en la segunda mitad del año para que esté aprobada antes de 2021. Esta reforma contemplará también el traspaso de gastos de funcionamiento y reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado para que se financien con impuestos, aunque este traslado de gastos podría aplicarse de forma paulatina a lo largo de la legislatura.

Las jubilaciones voluntarias anticipadas se han disparado un 66% en los últimos cinco años. En 2019 se superó la cifra de 45.000 jubilaciones anticipadas, esto es, suponen ya el 16% del total de jubilaciones. Esto evidencia que existe un problema con las penalizaciones actuales que no desincentivan la salida temprana de los trabajadores. La penalización que se aplica actualmente para las jubilaciones anticipadas oscila entre el 6,5% y el 8% por año, sin embargo, esta cuantía no se está aplicando 'de facto'. "Tiene que ver fundamentalmente con que el diseño del incentivo es muy regresivo y el supuesto desincentivo a jubilarse anticipadamente en el caso de muchas personas está muy por debajo de la cifra del 8%", ha señalado Escrivá.

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El ministerio ha detectado que en el caso de las bases más altas de cotización no se aplica tal penalización, de modo que se crea un desincentivo regresivo. Esto es, penaliza más a las rentas bajas que a las rentas altas. De ahí que una de las prioridades del Gobierno a la hora de endurecer la jubilación voluntaria anticipada sea eliminar este incentivo que tienen los trabajadores con salarios más altos a abandonar el mercado laboral de forma temprana. Esto no afectará a las jubilaciones anticipadas forzosas, que no prevé endurecer.

El diseño del incentivo es muy regresivo y en el caso de muchas personas está muy por debajo de la cifra del 8%

Por otra parte, la Seguridad Social pretende mejorar los incentivos a la jubilación demorada, esto es, que los trabajadores se mantengan en activo más allá de la edad legal de jubilación. "La jubilación demorada está teniendo muy poca aplicación práctica, igual que la jubilación activa", ha explicado el Ministro, "esta es una palanca potentísima de acción, ya que cada año que aumenta la edad efectiva de jubilación eliminamos un 25% del problema entre el gasto en pensiones actual y el gasto futuro". En el caso de la jubilación demorada, actualmente se aplican porcentajes adicionales de cotización de entre el 2% y el 4% a los trabajadores que retrasan el retiro, en función de su carrera laboral. Sin embargo, este incentivo apenas se está aprovechando y mucho menos se han evaluado. En la mayoría de los casos, solo lo aprovechan los autónomos: de los 60.000 trabajadores que están en la jubilación demorada, unos 50.000 son autónomos.

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El ministerio quiere que estos incentivos se extiendan a los trabajadores por cuenta ajena, esto es, al Régimen General. Además, también pretende realizar una campaña de comunicación para dar a conocer a la sociedad los beneficios que tendrá retrasar la edad de jubilación. Estas dos palancas serán las principales de la futura reforma de pensiones, que el Gobierno pondrá en marcha una vez que reciba las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo y de los agentes sociales.

Con estas medidas, la Seguridad Social quiere apuntalar la solvencia del sistema público de pensiones y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El ministerio todavía está estudiando si la revalorización se anclará al IPC año a año o si, por el contrario, se garantizará el poder adquisitivo en el medio plazo aunque se produzcan oscilaciones temporales.

Cambiar planes de pensiones por planes de empresa

El Ministerio de Seguridad Social también quiere apuntalar los planes de empresa como fórmula de ahorro complementario a la pensión pública y que gocen del incentivo fiscal que actualmente se aplica a los planes de pensiones privados. Escrivá ha criticado que los planes de pensiones privados en España "son muy caros", ya que las entidades cobran una comisión del 1,2%, muy por encima del 0,3% de los planes de empresa, una alerta que ya han lanzado en reiteradas ocasiones las instituciones internacionales. Pero, además están mal gestionados, de modo que obtienen una rentabilidad muy baja. En total, el retorno neto para el ahorrador de los planes privados en los últimos 10 años apenas alcanza el 2,7% mientras que en los planes de empresa superan el 4%.

De ahí que la Seguridad Social quiera "desplazar la fiscalidad favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva". Esto es, beneficiará fiscalmente a los planes que sean fruto del acuerdo entre empresa y trabajadores en los que ambos hagan una aportación al ahorro. Además, este beneficio fiscal será progresivo, esto es, estará destinado especialmente a las rentas bajas. Los beneficios fiscales que se apliquen a los planes de empresa serán retirados de los planes privados que, en opinión del ministro, "van dirigidos a colectivos o personas que, por el nivel de patrimonio que tienen, probablemente esa inversión no tenga mucho que ver con tener una pensión complementaria", sino que estarían buscando meramente el beneficio fiscal.

Estos incentivos a los planes de empresa han funcionado en otros países, ha señalado el ministro, pero también están dando un buen resultado en el País Vasco. Euskadi tiene el sistema de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), una herramienta que también ha estudiado el Pacto de Toledo. Este modelo ha permitido que los planes de empresa cubran ya al 50% de los trabajadores vascos, mientras que en España apenas afectan al 10%. Pero, además, el saldo medio en el País Vasco supera los 27.000 euros, mientras que en España no alcanzan los 18.000 euros.

Los planes de empresa serán un complemento para las pensiones, pero no sustituirán al sistema público, ha destacado el ministro. De hecho, Escrivá también ha anunciado que el ingreso mínimo vital (IMV) que está elaborando también ayudará a complementar a las pensiones no contributivas, esto es, las prestaciones de los pensionistas que no hayan cotizado lo suficiente para percibir una prestación contributiva. El ministro ha anunciado que se "engarzará" en el sistema de pensiones no contributivas, aunque todavía no está diseñada la fórmula.

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