Primera reunión del diálogo social

Los sindicatos piden al Gobierno que Hacienda asuma el déficit de las pensiones

El Ministerio de la Seguridad Social ha abierto este martes la mesa de diálogo para la reforma de las pensiones con los agentes sociales. En el horizonte, un objetivo que lleva años pendiente

Foto: Imagen de la reunión de la mesa de diálogo social. (Ministerio de la Seguridad Social)
Imagen de la reunión de la mesa de diálogo social. (Ministerio de la Seguridad Social)

El Pacto de Toledo ya casi tiene listas sus nuevas recomendaciones al Gobierno para la reforma del sistema pensiones y el Ministerio de la Seguridad Social ha abierto este martes la mesa de diálogo social con el objetivo de conseguir consenso absoluto. La reforma de 2013 quedó sentenciada en su mismo nacimiento, ya que se puso en marcha sin acuerdo con los sindicatos ni con la oposición. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha tomado buena nota y ha puesto en marcha la mesa de diálogo con los agentes sociales con una primera reunión a la que han asistido los máximos representantes de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme.

El ministro ha tomado nota de las peticiones de los agentes sociales y, por el momento, no ha realizado ninguna propuesta en firme. Primero quería escuchar a los representantes de las empresas y de los trabajadores y, además, está esperando a que se cierren las recomendaciones del Pacto de Toledo para tener un texto sobre el que trabajar. Esta reforma es una de las más delicadas que tiene el Gobierno por delante, no solo por la importancia de la misma sino porque los socios de coalición parten de posturas bien diferenciadas respecto al retraso de la edad efectiva de jubilación.

El ministro ha explicado durante la reunión que los agentes sociales son "pieza clave para consolidar los acuerdos políticos y conferirles durabilidad", y ha mostrado su convencimiento de tener lista la reforma antes de final de año. Para empezar las negociaciones, los sindicatos han reclamado al Gobierno que comience la reforma trasladando a los Presupuestos Generales del Estado todos los gastos impropios que asume actualmente la Seguridad Social. Esta cuantía supera los 20.000 millones de euros y permitiría cubrir todo el déficit actual del sistema para dejarlo en equilibrio antes de que empiece a jubilarse toda la generación del 'baby boom', que será cuando empiecen los verdaderos problemas. Hasta ahora, lo único que se ha visto son pequeños desajustes sobre los gastos del sistema, pero los verdaderos problemas empezarán en los próximos años.

Para afrontar ese momento clave con una situación saneada, los sindicatos han solicitado al ministro que sea Hacienda quien soporte estos gastos impropios. Se refieren a bonificaciones en las cotizaciones sociales, tarifas planas, costes de mantenimiento del sistema, etc., que actualmente se cubren con los ingresos de cotizaciones sociales. "Hay que separar la financiación de la Seguridad Social para que los gastos impropios no corran a cuenta de las cuotas de los afiliados y afiliadas", ha explicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a la salida de la reunión. Esto supondría que para financiar el déficit que actualmente está en la Seguridad Social, sería necesario subir los impuestos o reducir otros gastos ajenos a las pensiones.

"Hay que separar la financiación de la Seguridad Social para que los gastos impropios no corran a cuenta de las cuotas de los afiliados"

UGT también ha trasladado al ministerio que los trabajadores con una carrera de cotización larga, que llegue a los 40 años, no vean perjudicada su pensión independientemente del momento en el que se jubilen. De esta forma, los sindicatos han entrado de lleno en el aspecto más delicado del debate actual, ya que la Seguridad Social quiere estudiar fórmulas para penalizar el adelanto de la jubilación a las rentas más altas.

Álvarez ha reclamado al ministro que derogue por completo la reforma del año 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy, medida que ya no se está aplicando porque las pensiones se revalorizan con el IPC y el factor de sostenibilidad está suspendido. Los sindicatos quieren que se derogue íntegramente esta reforma y en este punto se encuentran en total sintonía con el Gobierno.

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