RECLAMA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO

El Banco de España pide subir impuestos y priorizar el gasto para contener la deuda

El supervisor avisa de una tendencia de endeudamiento de la economía española hasta niveles de más del 110% y hasta el 125% sin medidas para reducirla tras esta crisis

Foto: Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (Efe)
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (Efe)

Ahora es momento de gastar y engordar la deuda, pero habrá que tener muy presente el desafío de no dejar que se desboque. Este es el mensaje que ha querido trasladar el Banco de España (BdE) a los políticos en su informe anual de 2019, presentado este martes. El supervisor reclama una reforma fiscal de calado tras esta crisis para romper con la dinámica al alza del endeudamiento de las administraciones públicas.

El BdE profundiza en los avisos que ya lanzó el gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso, al recordar a los diputados que la deuda se va a desbocar a medio y largo plazo si tras esta crisis no hay un esfuerzo fiscal. Algo que no ha sucedido en el último ciclo de crecimiento. Por ello, el informe pide ampliar la base recaudatoria, priorizar gastos hacia áreas que incentiven un repunte de la productividad y reducir el gasto menos eficiente. "La política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas", ha asegurado este martes Hernández de Cos, pero una vez superada la crisis, prosigue, "nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Tendremos que embarcarnos en reformas presupuestarias profundas".

Las previsiones del Banco de España apuntan a una caída histórica del PIB de entre el 9% y el 15,1% en el conjunto del año. El servicio de estudios, liderado por Óscar Arce, maneja tres escenarios. Uno de recuperación temprana, otro de recuperación gradual y otro de riesgo por un potencial rebrote y crisis financiera. El paro alcanzará el 18,1% en el mejor de los casos, cuatro puntos porcentuales más que en 2019, el 19,6% en el escenario de recuperación gradual y el 23,6% en la peor opción.

En este contexto de crisis, instituciones e inversores tienen asumido un aumento de la deuda pública de más de 20 puntos porcentuales en apenas un año. La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos cree que el déficit fiscal alcanzará el 9,5% del PIB en 2020 en el escenario más optimista, en el que el agujero sería del 5,8% en 2021 y del 4,8% en 2022. En la previsión más pesimista, el déficit es del 14% este ejercicio, del 10,5% el próximo y del 8,7% el siguiente.

Así, la ratio de deuda sobre PIB, que acabó en el 95,5% en 2019, ascenderá hasta en 2020 hasta el 114,5%, el 119,3% o el 126,7% en los tres escenarios. La diferencia es relevante para este año pero también para el futuro. El BdE prevé en la opción de recuperación temprana un retroceso hasta el 112,5% en 2021, mientras que en el de recuperación gradual se moderaría hasta el 118,7%. Pero en el de más riesgo seguiría creciendo hasta el 131,8% dentro de dos años.

Escenarios a futuro para la deuda pública. (Fuente: BdE)
Escenarios a futuro para la deuda pública. (Fuente: BdE)

Este debe ser un motivo de preocupación para las administraciones públicas. “Si bien en el corto plazo la respuesta fiscal a esta crisis debe ser expansiva, en el medio plazo es necesario acometer reformas de calado para reducir el endeudamiento público y reconstruir márgenes para la actuación de la política fiscal ante futuras perturbaciones negativas”, arguye el informe anual del Banco de España.

El supervisor pide que una vez se afiance la recuperación haya un programa de consolidación fiscal. “En ausencia de un esfuerzo fiscal, la ratio se situaría, incluso en el mejor de los escenarios, por encima del 110% del PIB en 2030”, advierte. Sin embargo, con un esfuerzo fiscal estructural en línea con los requerimientos del Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el organismo calcula que se reduciría la ratio por debajo del 100% nuevamente. Obviamente, el BdE recuerda que “esta reducción sería más eficiente si el esfuerzo fiscal va acompañado de medidas estructurales que aumenten el producto potencial de la economía”, por lo que pide reformas y medidas para impulsar la productividad, en materias de educación, mercado laboral o incentivar que las empresas aumenten de tamaño.

Hay que tener en cuenta, como señala el BdE, que antes del coronavirus ya había desajustes en las cuentas del sector público, con un déficit del 2,8%. Si se descuenta el efecto del ciclo económico (déficit estructural) el agujero superaba el 3%, según sus estimaciones. “Desde 2015 no se habrían producido avances reseñables en la disminución del déficit público estructural”, añade.

Ahora, la crisis “exige una actuación decidida en materia fiscal”, dice el Banco de España, con “una respuesta fiscal ágil y contundente, decidida a sostener la renta de los hogares y de las empresas en el corto plazo”. Y por esta vía han ido los gobiernos, a la espera además de que la Unión Europea concrete un programa de 750.000 millones de euros. De hecho, Europa ha desplegado ayudas inferiores a las de otros países, aunque la comparativa es difícil por los estabilizadores automáticos. Por ejemplo, cuando aumenta el desempleo lo hace también el gasto en subsidios, pero no de la misma forma en todas las latitudes.

Magnitud de las medidas fiscales. (Fuente: BdE y FMI)
Magnitud de las medidas fiscales. (Fuente: BdE y FMI)

Pero los políticos no deben olvidar la necesidad de contener la deuda, avisa el BdE: “La persistencia en el tiempo de unos niveles de deuda pública tan elevados reduciría los márgenes de actuación contracíclicos” para las políticas fiscales, y también “expondría a la economía española a una situación de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento inversor de los mercados financieros”. Un endeudamiento que “podría llegar a lastrar la capacidad de crecimiento de la economía”, por afectar a las condiciones de financiación y distorsionar las decisiones de inversión del sector privado (‘crowding out’, en la jerga).

En este sentido, el BdE reclama reconducir la deuda de las administraciones públicas a través del cumplimiento de los compromisos derivados del PEC de la Unión Europea. “Es necesario un programa de consolidación fiscal plurianual”, dice la institución, ya que considera que se debe reforzar la credibilidad y efectividad a través de una estrategia que incluya reformas que “aumenten la capacidad de crecimiento de la economía y permitan ampliar las bases impositivas”, vinculando a todas las administraciones con competencias en el ámbito fiscal y articulándose en torno a “una definición detallada de los objetivos presupuestarios”.

En este camino de consolidación fiscal, el supervisor recuerda que no hay una receta única, pero compara el caso español con el promedio de la Unión Europea para analizar dónde hay mayor margen de actuación. Por el lado de los ingresos, el conjunto de la recaudación impositiva, incluyendo cotizaciones sociales, es inferior en 2 puntos porcentuales a la media europea.

Un 40% de esa diferencia se explica por el IVA y otro 60%, a partes iguales, por sociedades y por los impuestos especiales. El informe se detiene en estos últimos tributos al recordar que la imposición sobre hidrocarburos, tabaco o alcohol es menor en España que en la Unión Europea. También está por debajo, en unos 0,8 puntos porcentuales, la imposición medioambiental que incluye tributos especiales como hidrocarburos o electricidad así como el transporte. Por el lado contrario, en el IRPF apenas hay diferencia, mientras que las cotizaciones sociales que soportan los empleadores es mayor que el promedio europeo.

Otro punto que destaca el BdE es que se puede reconsiderar “el elevado nivel de beneficios fiscales”, derivados de exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que "generan con frecuencia pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo". El informe invita a tener en cuenta los resultados que arroje la segunda parte del proceso de revisión del gasto público que está llevando a cabo la AIReF, ya que incluye el análisis de los beneficios fiscales.

Por contra, la capacidad de recaudación con las nuevas figuras impositivas que se están planteando, como un 0,2% a las transacciones financieras o a las prestaciones de servicios digitales, “se verá condicionada, entre otros factores, por el grado de coordinación fiscal en estas áreas a escala internacional”.

En cuanto al gasto, el BdE apunta a dos cuestiones. Por una parte, incrementar el peso en partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, al ser uno de los principales determinantes de la productividad y de la capacidad de crecimiento de la economía a largo plazo. El peso actual en los sectores público y privado “es reducido”, por lo que “resulta conveniente que la inversión pública desempeñe un papel catalizador para aumentar la movilización de recursos privados en esta área”.

Una mayor dotación de recursos en áreas como esta es compatible con ‘la nueva normalidad’ fiscal si hay una corrección de los desfases presupuestarios. Esto es, “resulta necesario”, dice el Banco de España, establecer “un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas”.

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