LAS TRES PATRONALES COINCIDEN

El empresariado, unánime: sí a prorrogar la alarma, pero suspendiendo impuestos

Patronales y autónomos reiteran su petición de suspender las obligaciones del pago de tributos con motivo de la prolongación del estado de alarma otros quince días más

Foto: El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto al de CEPYME, Gerardo Cuerva. (Javier Lizón / EFE)
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto al de CEPYME, Gerardo Cuerva. (Javier Lizón / EFE)

Los empresarios españoles coinciden hoy en dos grandes ejes tras el anuncio esperado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Las tres patronales más representativas de grandes empresas, pymes y autónomos -CEOE, Cepyme y ATA- apoyan esa extensión de la situación excepcional para atajar la pandemia del coronavirus, pero al mismo tiempo vuelven a pedir que venga acompañada de una suspensión de las obligaciones tributarias del sector privado. Y es que, como también señalan CEOE y su hermana pequeña Cepyme, la prolongación de la alarma también profundiza la recesión de la economía.

En concreto, esas dos patronales instan al Gobierno que, “de manera rápida y eficaz”, proceda a suspender las obligaciones del pago de impuestos de las compañías, concretamente “el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad”. Es el mismo mensaje que ha lanzado, desde su cuenta de twitter, el presidente de la patronal de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien como ha venido reiterando todo el mes de marzo, solicita la supresión del pago de la cuota de abril a la Seguridad Social y aplazar las obligaciones tributarias de este mes a julio.

“Las organizaciones empresariales ofrecemos nuestro esfuerzo para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables, para aplicar con urgencia dicha suspensión fiscal que ya han adoptado, por otra parte, 22 países europeos y hasta 15 comunidades autónomas”, aseveran en el comunicado. Las organizaciones esgrimen para ello dos argumentos: “uno técnico y otro puramente económico”.

Por un lado, “no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios”. Así, ponen de ejemplo que “un 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa, y en un 50% el tratamiento de las facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente”.

En este sentido, la CEOE y CEPYME argumentan que ya no cabe solicitar aplazamientos, ya que “su tramitación sería en sí mismo un nuevo obstáculo” para muchas empresas que en estos momentos, y a raíz de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, estarían al borde de la quiebra. “Muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o ingresos nulos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada y, en cambio, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes”, subrayan.

“En este sentido”, prosiguen, “el actual contexto requiere también seguir agilizando el crédito”. Por ello, piden que se amplíen las líneas de avales aprobadas por el gobierno, “de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros, para destinar este nuevo tramo especialmente para pymes y autónomos”. Asimismo, insisten en “flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs)” y no solo eso, sino que estas condiciones se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma ya que, apostillan, “la recuperación no será inmediata”.

Facturas de las administraciones

Esta petición de suspensión del pago de cotizaciones se sustenta en base a lo que ya expresaron en otro comunicado enviado el pasado del 15 de marzo, en el que reclamaron al gobierno medidas de liquidez para empresarios y autónomos, entre las que destaca conceder una línea de avales públicos que facilite el crédito a las empresas para evitar el cierre. En aquella comunicación, solicitaron que las administraciones abonaran de inmediato a los proveedores las facturas pendientes, sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad, junto con una aceleración de las devoluciones tributarias pendientes.

La CEOE y CEPYME también alertaron del “enorme impacto sin precedentes” que supondría para la economía española la paralización de las actividades no esenciales, decretada a finales de la semana pasada por el gobierno de Pedro Sánchez. “Este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social”, aseveraron las organizaciones.

Desde la perspectiva de los autónomos, la nueva petición del presidente de ATA se produce tras la aprobación el pasado 31 de marzo del decreto de ayudas a los autónomos por la crisis del coronavirus. Esta asociación se quejó tras ello de que las moratorias de pago de sus cuotas a la Seguridad Social y de los alquileres de sus establecimientos llegaban tarde y no daban solución a sus problemas.

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