El BdE recuerda al Gobierno que tiene pendiente un ajuste de 6.000 millones

El mensaje del Banco de España en su informe trimestral es nítido: el nuevo Gobierno que salga de la investidura tiene por delante un ajuste presupuestario equivalente al 0,5% del PIB (unos 6.000 millones de euros) si quiere cumplir con Bruselas. Si no lo hace, le recuerda el banco central, puede enfrentarse a una multa equivalente al 0,2% del PIB, como amenazó recientemente a Italia la Comisión Europea.

Los datos que manejan los economistas del gobernador Pablo Hernández de Cos son los siguientes. Teniendo en cuenta que España supera con creces el nivel de deuda exigido por la Unión Europea en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (un 98% del PIB frente al 60% que se puso como límite en su día) y que la posición cíclica de la economía -la brecha de producción se sitúa ya en terreno positivo-, España debe realizar un ajuste anual, en términos del déficit estructural (sin tener en cuenta el ciclo), equivalente a 0,65puntos porcentuales del PIB, tanto en 2019 como en 2020.

Ahora bien, como recuerda el banco central, este ajuste estructural debe ser compatible con una tasa de crecimiento del gasto público primario (sin el pago del servicio de la deuda) inferior al 0,6% y al 0,9% en 2019 y 2020, respectivamente. Pero dado que España no tiene sólo un problema de déficit, sino también de deuda, los ajustes no acaban ahí si no quiere volver al 'brazo correctivo' de la UE del que ha salido hace apenas unas semanas (ahora está en el 'brazo preventivo').

Y, en concreto, para que un nivel de deuda sobre PIB superior al 60% no se considere excesivo, la norma general es que dicha ratio debe reducirse, anualmente, en un veinteavo de la diferencia con el 60% (aproximadamente, dos puntos cada año). Sin embargo, y dado que durante los tres años posteriores a la derogación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) (entre 2019-2021), España tiene derecho a permanecer en un período transitorio, que otorga un cierto grado de flexibilidad con respecto a la regla de deuda, eso quiere decir, según el Banco de España, que el ajuste estructural anual mínimo exigible a España para 2019 sería de 0,5 puntos porcentuales del PIB. O lo que es lo mismo, esos 6.000 millones en números redondos. Nada indica, sin embargo, que lo vaya a hacer.

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El Banco de España echa la vista atrás y recuerda que, según las últimas estimaciones del Gobierno enviadas a la Comisión Europea en abril, hace apenas un par de meses, en el contexto de la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, prevé, sin embargo, un deterioro del saldo estructural para 2019 de dos décimas de PIB, frente a las mejoras requeridas de 0,65 puntos porcentuales, según el brazo preventivo, y de 0,5 puntos, según la regla de deuda.

La paradoja

Es decir, en ambos supuestos debería hacer un ajuste significativo no inferior en ningún caso a esos 6.000 millones de euros. Sin embargo, y aquí está lo paradójico, frente a la tasa máxima admisible de crecimiento del gasto público computable del 0,6% (se excluyen determinadas partidas como el gasto en desempleo no discrecionala o las transferencias de la propia UE), el crecimiento del gasto público previsto para 2019 por el Gobierno de Sánchez en la actualización del Programa de Estabilidad es del 3,9%.

Por lo tanto, el Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contaban ya con un claro incumplimiento de las leyes comunitarias. Como le recuerda el Banco de España al Ejecutivo, el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el proceso de gobernanza presupuestaria europea “es un requisito que cualquier país miembro debe satisfacer, al objeto de contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del área del euro”. No hay respuesta todavía.