Pide un esfuerzo estructural del 0,65%

El ajuste fiscal de 15.000 M que pide Bruselas condiciona los pactos de Sánchez

La Comisión Europea saca a España del procedimiento de déficit excesivo, pero condiciona la política de pactos al exigir un ajuste de 15.000 millones

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Una década después y siete años más tarde de lo previsto, la Comisión Europea ha sacado este miércoles a España del procedimiento de déficit excesivo en el que entró en febrero de 2009 y del que debía haber salido en 2012. No es ninguna sorpresa: ya en abril, el Ejecutivo comunitario señalaba que Madrid abandonaría el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y así lo ha expresado en numerosas ocasiones Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros.

Bruselas certifica que sí, que esta vez sí será y España dejará su déficit por debajo del 3% que estipulan las reglas europeas, concretamente en el 2,5%, una perspectiva más positiva que la que maneja el Gobierno, que cree que el descuadre de las cuentas se quedará en el 2,6%.

Pero esto no significa un cheque en blanco para el Gobierno de España. De hecho, Bruselas ha impuesto un corsé fiscal al próximo Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comisión Europea advierte de que existen grandes peligros por delante: hay un "riesgo significativo de desviación respecto a los objetivos de 2019 y 2020". El Ejecutivo comunitario exige a España un esfuerzo estructural del 0,65% para los dos próximos años, y eso solo se puede conseguir poniendo en marcha medidas.

Eso significa que en los dos próximos años España debe realizar un ajuste de 15.000 millones de euros, unos 7.500 millones cada año. Por eso, pide “garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público no exceda del 0,9%”. Esa petición choca frontalmente con los planes para 2020 del ministerio dirigido por Nadia Calviño: en el Plan de Estabilidad, el departamento de Economía establece un incremento de gasto del 4%, lo que equivale a unos 16.300 millones de euros. Entre los planes de Sánchez para el futuro y lo que Bruselas le exige (que ese 4% se quede en un 0,9% para “garantizar” que se cumplen los objetivos), hay la brecha de unos 12.000 millones de euros de agua fría sobre los planes que le gustaría ejecutar.

Esa diferencia entre el 0,9% que considera Bruselas y el 4% que planeaba España, o los 15.000 millones de ajuste en los dos próximos años, marcará la política de pactos de Sánchez en el futuro. Un acuerdo con Unidas Podemos probablemente se traduzca en una exigencia por parte de los de Pablo Iglesias de una política fiscal más expansiva. Sánchez podrá defenderse señalando que Bruselas exige no salirse del carril.

No solo marca un posible pacto con Iglesias. También limitaría cualquier acuerdo con Ciudadanos: una de las principales exigencias de los de Albert Rivera es la reducción de impuestos, y esas aspiraciones chocarían con la necesidad de no solo mantener los niveles de recaudación fiscal sino también probablemente aumentarlos. Además, una de las cartas con las que se presenta Cs es su compromiso con Europa y su buen nombre en Bruselas, lo que permitiría al presidente del Gobierno limitar las reivindicaciones de los naranjas.

Sánchez sabe que después contará con bastante flexibilidad, como hasta el momento ha venido demostrando la Comisión Europea, al menos mientras vaya cumpliendo con un mínimo, pero le sirve de muleta para poner límite a las exigencias de unos y otros.

Plan de Estabilidad

La Comisión Europea observa el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno, en el que se prevé un equilibrio presupuestario para 2022 y un ratio deuda pública / PIB del 88,7% para ese mismo año. Bruselas cree que las “hipótesis macroeconómicas” sobre las que Moncloa basa sus previsiones son “verosímiles”, pero alerta de que los riesgos para cumplir con dichos objetivos “afectan sobre todo a los ingresos, ya que la incertidumbre respecto a la recaudación o a la posibilidad de muchas de las medidas de obtención de ingresos es considerable”.

Es decir, la Comisión Europea considera que hay un riesgo “considerable” de que el España no sea capaz de alcanzar los niveles de recaudación que marca el Gobierno, que en su Plan de Estabilidad prevé poder ingresar unos 20.000 millones de euros, y además duda de que se vayan a poder en marcha algunas de las medidas a través de las cuales se quiere lograr dicha recaudación. Bruselas se deja guiar por su experiencia: España tiende a ser demasiado optimista respecto a sus ingresos.

Aumento de impuestos y reducción de gastos

“Déjenme felicitar a España”, ha asegurado Valdis Dombrovskis, vicepresidente a cargo del Euro, que sin embargo ha recordado que seguirá “en el brazo preventivo del pacto”, y eso significa que Bruselas seguirá con lupa todas sus reformas y la necesidad de realizar esfuerzos estructurales que, por el momento, no se están haciendo. Moscovici ha explicado que “los problemas continúan” para España, pero que este miércoles es un día de buenas noticias que “marca el final de un camino difícil”.

El Ejecutivo comunitario ya incluyó a España en la lista de países que presentan graves desequilibrios. Junto a ella están Francia, Italia y Bélgica, países con alto déficit pero también con un alto nivel de endeudamiento público: en el caso español, está ligeramente por encima del 91%.

“Déjenme felicitar a España”, ha asegurado Valdis Dombrovskis, que sin embargo ha recordado que seguirá “en el brazo preventivo del pacto”

Pero España tiene que prestar toda la atención al déficit estructural, es decir, el que está aislado del ciclo económico. Si no se toman medidas, Bruselas ya alertó de que comenzaría una espiral de crecimiento que podría llevar a que supere el 2,9% en 2019 y el 3% al año siguiente.

El problema está precisamente en que Madrid debería estar aprovechando ese fuerte crecimiento, por encima de la media de la eurozona, para realizar reformas en profundidad y atajar el crecimiento en profundidad. La incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar unos Presupuestos para el actual curso significó no poder realizar ajustes y, con ello, desperdiciar otro año de fuerte crecimiento.

Demasiada estacionalidad

La Comisión Europea alerta de que el uso generalizado de contratos temporales, “incluso en los sectores menos tendentes a la actividad estacional o cíclica”, se sitúa entre los más altos en toda Europa y “podría suponer un obstáculo para la capacidad de crecimiento en España y su cohesión social”.

Bruselas señala que los principales afectados son los jóvenes, las personas con baja cualificación y los nacionales de terceros países, lo que hace que “estén expuestos a un mayor riesgo de pobreza”.

La Comisión Europea también pide al Gobierno que tome “medidas compensatorias” para contrarrestar el aumento de los gastos en pensiones por estar vinculados a la inflación, y recuerda que “las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”.

Cuatro prórrogas y 10 años

El 18 de febrero de 2009, cuando España entró en él, el déficit del país se situaba en el 4,4%. Ese ejercicio, el descuadre de las cuentas se disparó hasta el 11%, el máximo alcanzado durante este procedimiento. La reducción fue mínima desde entonces hasta 2012, oscilando siempre entre el 9,4% y el 10,5%. En 2013, el recorte ya fue hasta el 7%, reduciéndolo en un punto más en 2014, y hasta el 4,5% en 2016. En 2017 se quedó en el 3,1%, retrasando un año más la salida del brazo correctivo.

La Comisión Europea también pide al Gobierno que tome “medidas compensatorias” para contrarrestar el aumento de los gastos en pensiones

En febrero de 2009, el objetivo en el horizonte era claro: reducir el déficit más allá del 3% en 2012 a más tardar. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pidió entonces retrasarlo hasta 2013, y poco después, durante el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, Moncloa pidió una nueva extensión hasta 2014. Quedaban todavía dos más por delante: una para retrasar el 3% hasta 2016, y, durante aquel tenso verano, para 2018. Por fin, cuatro prórrogas después y siete años tarde respecto al objetivo original, España cumple.

En 2011, un total de 24 Estados miembros estaban en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España, el último que quedaba en el fondo de la clase, lo abandona ahora. Pero Bruselas alerta: hay muchos riesgos en el horizonte. Y el primero, para toda la eurozona, es la deuda italiana. Este mismo miércoles, la Comisión Europea ha pedido iniciar el procedimiento de infracción contra Roma.

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