señala a la desigualdad y la pobreza

Bruselas afea a Sánchez el alejarse de la reforma de las pensiones de Rajoy

España sigue siendo a día de hoy uno de los alumnos preferidos de la Comisión Europea. Pero después de cinco años de crecimiento Bruselas ha dado

Foto: Bandera europea en la sede de la Comisión Europea. (Reuters)
Bandera europea en la sede de la Comisión Europea. (Reuters)

España sigue siendo a día de hoy uno de los alumnos preferidos de la Comisión Europea. Pero después de cinco años de crecimiento Bruselas ha dado un tirón de orejas al Gobierno español: por la sostenibilidad de la deuda pública, por la precariedad laboral y por la cohesión social.

Esas son las tres grandes asignaturas pendientes para el país mediterráneo. A pesar del crecimiento España no lo ha aprovechado para resolver los problemas de desigualdad y pobreza que se enquistan en la sociedad española, y tampoco se han reducido suficientemente los riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.

La Comisión Europea sigue viendo problemas en el medio y largo plazo para las finanzas públicas: Bruselas señala que sin el impacto positivo del ciclo económico el déficit español “sigue siendo muy alto” ya que el “nivel de impuestos es bajo en relación con el gasto”. Bruselas asegura que “más esfuerzos serán necesarios para llevar las finanzas públicas a un camino más sostenible”.

Al Ejecutivo comunitario le preocupa especialmente la situación de las pensiones. La decisión del Gobierno de apartarse de la reforma de 2013, que Bruselas aplaudió mucho en su momento, “y los planes para establecer un vínculo entre las pensiones y el índice de precios al consumidor aumentan significativamente el gasto en el medio y largo plazo”. Si se quiere que este desembolso sea sostenible la Comisión Europea señala que será necesario tomar “medidas compensatorias”. Más ingresos.

Este miércoles Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha señalado que “no es voluntad del Gobierno” aprobar de forma unilateral la modificación de la reforma de las pensiones de 2013. Fuentes comunitarias señalan, sin embargo, hay una "falta de compromiso político" pero señalan que "todavía tenemos que ver" qué hará el próximo Gobierno tras las elecciones de abril.

"El Gobierno ha señalado que está comprometido a mantener la sostenibilidad del sistema", ha señalado una fuente comunitaria. "Eso es lo que nos gustaría ver", ha asegurado. "Lo que decimos es que si las pensiones se vinculan a la inflación y no hay anda que lo compense se aumentará un 4% del PIB el gasto en pensiones, esto es claramente un problema", señala otra fuente.

Pierre Moscovici, comisario económico. (Reuters)
Pierre Moscovici, comisario económico. (Reuters)

Preocupación por el empleo

Bruselas señala su preocupación por el desempleo, que aunque “continúa cayendo sigue bastante por encima de la media europea”. Y la Comisión Europea se fija especialmente en la gente joven. “Demasiada gente sigue sin un empleo o con contratos temporales y la desigualdad en los ingresos es acusada”, aunque el paro siga cayendo “rápidamente” lo que “conduce a una leve caída de la pobreza y la exclusión social”.

El Ejecutivo comunitario cree que el aumento del salario mínimo interprofesional del 22,3% en 2019 “podría ayudar a reducir” la brecha salarial y la situación precaria de empleados, pero a la vez, como ha venido haciendo en los últimos meses, alerta sobre “los efectos adversos en las oportunidades de empleo para los trabajadores jóvenes y los menos cualificados”, que son, además, los más expuestos a la exclusión social.

Sobre los contratos temporales, que es otra de las grandes preocupaciones, la Comisión Europa recuerda que en países como España “más del 60% de los empleados temporales son jóvenes”, aunque destaca que Madrid está tomando algunas medidas del abuso del trabajo temporal aumentando en 2018 la capacidad de los inspectores de trabajo.

Los contratos temporales aumentan la brecha social y generan un menor nivel de protección: “Las carreras incompletas” hacen que haya “bajos derechos de protección social”, además de repercutir sobre “la suficiente y sostenibilidad del sistema de pensiones”, que es otro de los puntos en los que hace hincapié el documento.

Marcha de las reformas

Bruselas considera que los progresos de España en las recomendaciones recibidas en el marco del semestre europeo son limitados. Y durante el último año eso lo achaca a la inestabilidad política producto del cambio de Gobierno, señalando además que las nuevas elecciones generales de abril de 2019 seguirán retrasando la puesta en marcha de reformas.

La Comisión Europea señala algunos progresos en la modernización de los servicios públicos de empleo y la cooperación con los servicios sociales, aunque señala que “la capacidad para apoyar a los solicitantes de empleo y satisfacer las necesidades de los empleadores sigue siendo limitado”.

Oficin de empleo. (EFE)
Oficin de empleo. (EFE)

Pobreza

“La proporción de gente en riesgo de pobreza o exclusión social descendió ligeramente en 2017, pero sigue alta, particularmente la infantil”, señala el documento de la Comisión Europea, que apunta como principal problema la “desigualdad en los ingresos y oportunidades”, algo muy relacionado con su tirón de orejas por el exceso de contratos temporales especialmente entre los jóvenes.

A la vez el Ejecutivo comunitario señala que España no tiene una red de seguridad lo suficientemente fuerte para aquellos que caen en la exclusión social: Bruselas apunta a que el gasto público en prestaciones familiares es “la mitad de la media de la UE”.

España vacía

La Comisión Europea también está preocupada por los “desafíos específicos de cohesión territorial” que plantean algunos problemas como “la despoblación y el envejecimiento en las áreas rurales”.

Además, Bruselas recuerda que “ciertas zonas de España se encuentran entre las más expuestas al cambio climático en Europa y existen importantes desafíos en la gestión del agua y las aguas residuales”.

Por otro lado la Comisión Europea señala que hay una falta de coordinación entre el Gobierno central y las autoridades regionales. Si hubiera una colaboración “más fuerte y sostenida” las políticas serían más efectivas. “El alto grado de descentralización de España hace que las regiones sean actores clave”, asegura el documento del Ejecutivo comunitario.

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