El retraso en la formación de gobierno obliga al PSOE a descartar los presupuestos de 2019

El calendario presupuestario europeo marca que los Estados miembros deben completar la aprobación de los objetivos de estabilidad y el techo de gasto de los presupuestos durante el primer semestre del año anterior. Eso significa que España debería estar negociando ya la nueva senda de estabilidad para asegurar su tramitación antes de que acabe junio. Sin embargo, un año más, el calendario político juega en contra de los tiempos. En esta ocasión es la ausencia de un gobierno en plenas funciones lo que imposibilita que se pueda tramitar el nuevo objetivo de déficit.

España ya va tarde en el calendario presupuestario europeo, lo que ha llevado al PSOE a replantearse el objetivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para centrar ya los esfuerzos en 2020. Aunque el líder de la formación, y presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció que una de sus primeras decisiones sería actualizar las cuentas de 2019, en la práctica parece ya imposible. Fuentes del PSOE reconocen que a estas alturas, todavía sin expectativas de que pueda producirse la investidura de Sánchez en las próximas tres semanas, ya no tendría sentido presentar ante las Cámaras un proyecto de presupuestos.

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"La aprobación en el Congreso y Senado lleva un periodo mínimo de dos meses, si no hay investidura hasta julio, nos plantaríamos ya en septiembre como pronto", explica un diputado socialista, "no tiene ningún sentido aprobar unos presupuestos solo para tres meses". Sobre todo, si el Gobierno cuenta con margen de acción gracias a los decretos leyes.

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La sensación es generalizada: salvo en el caso de que el futuro gobierno sienta una gran urgencia por revisar las cuentas de 2019, no se aprobarán. El Gobierno en funciones no ha comenzado a trabajar en la actualización de las cuentas y descarta hacerlo estando en funciones. Aunque es cierto que una parte del trabajo quedó hecha cuando se presentaron los presupuestos fallidos de enero, también es verdad que ya se ha consumido la mitad del año y hay que rehacer el grueso de las partidas presupuestarias.

La tramitación durará al menos dos meses, si no hay investidura hasta julio, nos plantaríamos ya en septiembre como mínimo

Pero el problema no es de capacidad, sino de voluntad. La tramitación de las cuentas para cualquier gobierno en minoría supone un gran desgaste. Es necesario lograr el visto bueno de todos los socios para sacar adelante las votaciones en el Congreso (en el Senado, los socialistas tienen mayoría absoluta). Las conversaciones tendrían que ir a contrarreloj, con el desgaste que conlleva. De ahí que para el futuro gobierno vaya a ser más práctico y sencillo fijar los esfuerzos en los presupuestos de 2019.

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La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció públicamente la semana pasada que nadie en el Ministerio de Hacienda está trabajando en las cuentas de 2019. De hecho, eso mismo fue lo que plasmó Economía en el Programa de Estabilidad remitido en abril a Bruselas. En ese documento, el Gobierno ya asumía que este ejercicio no se producirían más cambios presupuestarios y que todas las novedades vendrían en 2020. Esto incluye también la aprobación de los nuevos impuestos, el digital y el financiero, las medidas de lucha contra el fraude, y la subida del IRPF, sociedades y el diésel.

El déficit se complica

Lo que es más complicado es que el Gobierno consiga cumplir este año con el objetivo de déficit del 2%. Con la subida de impuestos pospuesta hasta 2020, será complicado que la ejecución presupuestaria sirva para alcanzar ese objetivo. Después de analizar el Programa de Estabilidad de España, la Comisión Europea estimó que el déficit público se irá este año hasta el 2,3% del PIB, esto es, casi 4.000 millones por encima de la cifra prometida por el Gobierno.

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Esto significa que a lo largo del ejercicio podría ser necesario un ajuste en el gasto para contrarrestar el elevado ritmo de ejecución del inicio del año. Según los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit del Estado alcanzó el 0,65% del PIB en abril. Esto significa que se ha comido más de la mitad del margen que tiene para el conjunto del ejercicio.